Una vez más, se le agrega otra rayita al tigre, la modernización tecnológica vuelve a quedar en entredicho. La reciente falla en la plataforma de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para la consulta de calificaciones no es un incidente aislado, sino la síntesis de una administración pública atrapada entre el discurso de la innovación y la realidad de su precariedad operativa.
Miles de maestros, padres de familia, docentes y alumnos se toparon esta semana con una escena repetida y vergonzosa: el sistema de captura y consulta de boletas escolares simplemente no funcionó. Se cayó. Colapsó. Se bloqueó. Llámese como se quiera, el hecho es que en pleno siglo XXI, cuando hasta los bancos operan en tiempo real y los niños usan tabletas desde preescolar, la SEV no pudo garantizar un proceso tan básico como consultar las calificaciones del ciclo escolar.
Ese procedimiento no es una invención de la 4T, se realiza todos los años, solo que ahora es la primera vez que le toca a las nuevas autoridades de la secretaría, que se supone le debe de estar ayudando mucho a la gobernadora en la solución de problemas, aunque hasta ahora han sido solo dolores de cabeza.
Acaso hubo cambio de servidores, los nuevos equipos no tienen la capacidad para procesar esos volúmenes de información, o alguien se benefició con nuevos contratos.
¿Y por qué debería importarnos? Porque detrás del discurso rimbombante sobre digitalización educativa, hay dinero público, hay compromisos incumplidos y, sobre todo, hay derechos vulnerados. Lo que falló no fue solo un servidor o una base de datos: falló la promesa de un sistema educativo mínimamente funcional.
Esa recomendación de que los maestros y maestras se pusieran a cargar la información de las boletas de sus alumnos en la madrugada, es una reverenda…ocurrencia.
Por eso lo ocurrido no se puede despachar como una “intermitencia técnica”. Estamos hablando del cierre de un ciclo escolar que impacta directamente a más de un millón de estudiantes de nivel básico en el estado. ¿Cómo se puede justificar que, en la semana de clausuras y entrega de boletas, no haya previsión técnica para soportar la demanda?
La respuesta no está en el manual de informática, sino en la falta de planeación institucional, en la ausencia de responsabilidad jerárquica y en el desinterés absoluto por la experiencia del usuario final: padres, madres, maestros y alumnos.
Esta no es la primera vez que los sistemas digitales del gobierno estatal fallan en momentos críticos. Ya lo hemos visto con las plataformas de inscripción, con el sistema de becas, con la consulta de actas o incluso en los portales para trámites básicos. En todos los casos, la constante es la misma: se abren sistemas con bombo y platillo, se presume modernidad en los medios, pero a la hora de la verdad, el usuario enfrenta pantallas congeladas, errores 404 y servidores caídos.
Hasta el cierre de esta columna, ningún funcionario de alto nivel en la SEV ha dado la cara. Nadie ha ofrecido una disculpa pública, y mucho menos se ha anunciado alguna investigación o sanción. Eso, en cualquier otro país con un mínimo de estándares institucionales, sería motivo de renuncia o al menos de comparecencia pública. En Veracruz, se vuelve parte del paisaje burocrático: fallar, ocultar, minimizar y esperar que el escándalo se diluya en la siguiente semana.
O peor aún, se pretende hacer recaer la culpa en los docentes, quienes tienen que improvisar formatos, reprogramar entregas y dar la cara ante los padres. Una vez más, el magisterio termina resolviendo con buena voluntad lo que las autoridades educativas no supieron prever.
La educación digital no se resuelve con discursos ni con páginas web mal diseñadas. Requiere inversión real, experiencia, capacitación técnica, mantenimiento constante y protocolos de contingencia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto se ha gastado en estos sistemas fallidos?, ¿quién los contrató?, ¿qué empresa fue la responsable?, ¿hubo licitaciones transparentes?
La SEV está obligada a responder. No basta con restablecer el sistema y fingir que nada pasó. Se deben rendir cuentas. La transparencia digital no solo se mide en plataformas accesibles, sino en la claridad de los contratos, en la rendición de cuentas y en la capacidad de asumir responsabilidades.
En última instancia, lo que está en juego es la confianza en el sistema educativo. Si ni siquiera puede garantizar que los alumnos conozcan sus calificaciones a tiempo, ¿qué podemos esperar en términos de calidad, equidad o inclusión?
Este episodio no debe quedar en el olvido ni como una anécdota más del anecdotario trágico de la administración pública. Es momento de que la sociedad civil, los medios y los propios trabajadores de la educación exijan una revisión profunda del modelo digital de la SEV. La tecnología debe servir a las personas, no humillarlas.
Porque detrás de cada “fallo del sistema” hay un estudiante frustrado, un padre desinformado y un maestro rebasado. Y eso, señores funcionarios, no es un error técnico. Es una falta de respeto. Y una muestra más de que el rezago educativo también se escribe en ceros y unos.
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