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MÁS DEL 76: Huelga en AU, sobreviviente...


Uriel Flores Aguayo 

El 9 de agosto de 1976 fue atacada con armas de fuego la huelga de los trabajadores de la empresa de Autobuses Unidos ( AU ). 

Pistoleros de la zona de Almolonga y pandilleros traídos del DF llegaron casi de madrugada con la intención de acabar violentamente con la huelga que tenía lugar en la terminal de la empresa ubicada en la calle :revolución" de la ciudad de Xalapa. 

Aparecieron por sorpresa y desde la entrada hicieron fuego con pistolas. Los trabajadores y algunos activistas que los acompañaban hicieron barricadas con las sillas de las salas de espera; esos obstáculos los deben haber detenido una media hora, lapso en el que no se presentó la policía con todo y que los hechos tenían lugar en  una zona céntrica. Hubo varios heridos y un muerto, el chofer Armando Chimal. 

Finalmente los atacantes lograron entrar a la terminal mientras los ocupantes saltaban los altos muros para huir entre las cuarterías de la calle Clavijero. Aunque tarde la policía logró aprehender a varios criminales, ahí se supo su identidad. 

Al otro día se organizó una masiva marcha de protesta con los trabajadores y estudiantes de Humanidades de la UV, exigiendo justicia y cese del director de seguridad pública. En esa huelga, difícil de concebir en estos tiempos con ese desenlace, participaron solidariamente algunos militantes del PCM y la ACOE, una activa organización social que realizaba una comprometida y valiente labor con campesinos y estudiantes. 

Yo estuve ahí, fue una experiencia fuerte, sumamente peligrosa, en la que, sin conciencia plena de los riesgos, te jugabas la vida. 

Fui uno de los heridos de bala. Eran tiempos de activismo social, de ir a toda lucha que apareciera, pensando en la organización popular y la creación de conciencia para lograr la justicia y lo que pensábamos podía ser la revolución. Era una lucha con pruebas de fuego, incondicional, sin afán político o mercantil. Se hablaba de lucha de clases, eran los conceptos dominantes. Se militaba en el activismo. 

Eso y más ocurrió en Xalapa y Veracruz, con casi nulo registro en la memoria colectiva, costando mucho trabajo para que tenga un lugar de referencia. 

En estos días que se habla con cierta ligereza de iconos de acciones reales o imaginarias, de ciertas ideas que generalizan como de izquierda, hay que rescatar nuestra historia en esos procesos sociales de movilización sindical, obrera, popular y estudiantil que tuvieron lugar en Xalapa, para entender el momento actual y plantearnos los mínimos de identidad y sentido de lucha. 

Ese activismo de hace 50 años tuvo un contexto histórico, por eso es irrepetible en sus términos; copiarlo puede derivar en caricaturas. Aprendí ahí a valorar estar vivo, asumiendo tener una segunda oportunidad de vida hasta la fecha. Soy sobreviviente.

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El Puente del Rey no puede seguir esperando

 


Por Miguel Ángel Cristiani G.

En estos días de septiembre, cuando las plazas, calles y edificios públicos se llenan de banderas tricolores para celebrar las llamadas Fiestas Patrias, convendría recordar que la historia de México no solamente se honra con ceremonias, discursos y fuegos artificiales.

También se defiende, se conserva y se mantiene en pie.

Un ejemplo urgente se encuentra en Puente Nacional, donde el histórico Puente del Rey, ubicado en la cabecera municipal, registra un avanzado deterioro en su estructura. La alcaldesa Bibiana Báez ya solicitó formalmente la intervención de las autoridades federales para emprender su rehabilitación y conservación.

La presidenta municipal ha advertido que las condiciones actuales de esta edificación del siglo XIX representan un riesgo para la preservación de uno de los monumentos históricos y arquitectónicos más importantes de Veracruz.

Y no es un asunto menor. El Puente del Rey forma parte de la antigua ruta que comunicaba al puerto de Veracruz con el centro del país. Es una obra de ingeniería que habla de otra época, de los caminos, del comercio, de las comunicaciones y de la importancia estratégica que tuvo esta región.

El paso del tiempo, la humedad, las lluvias y las inclemencias meteorológicas han dejado huella. Pero el deterioro natural no puede convertirse en una justificación para la indiferencia institucional.

La alcaldesa ha planteado la necesidad de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y ha llamado específicamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que realicen una evaluación técnica de los daños, determinen las obras necesarias y asignen una partida presupuestal extraordinaria.

Lo que se requiere no es una reparación improvisada ni una simple mano de pintura. Tratándose de un monumento histórico, cualquier intervención debe realizarse con especialistas y bajo los lineamientos correspondientes para garantizar que se preserve su autenticidad y valor arquitectónico.

Además, el Puente del Rey podría convertirse en un importante atractivo turístico para Puente Nacional y para toda la región. A unos pasos del palacio municipal se encuentra también lo que los lugareños identifican como parte de la antigua casa del xalapeño Antonio López de Santa Anna, personaje polémico, pero indiscutiblemente ligado a la historia nacional y a la defensa de México durante la invasión extranjera.

Todo ese patrimonio, junto con los relatos, caminos, paisajes y acontecimientos históricos de la zona, representa una oportunidad para desarrollar recorridos culturales, atraer visitantes y generar beneficios para comerciantes, artesanos, restauranteros y prestadores de servicios.

Pero para eso primero hay que conservarlo.

En las Fiestas Patrias, mientras se repite que debemos sentir orgullo por nuestra historia, sería bueno que las autoridades demostraran ese orgullo con hechos concretos. El Puente del Rey no necesita más discursos: necesita diagnóstico, presupuesto, especialistas y trabajo.

Porque un país que deja caer sus monumentos termina perdiendo, poco a poco, la memoria de lo que fue.

Y como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: “La patria se celebra con banderas, pero se demuestra cuando se evita que la historia se nos venga abajo.”

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Cruceros: ahora sí, con fecha y hora

 


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Ya no recordamos cuántos sexenios han transcurrido desde que, con bombo y platillo, se anuncia que “ahora sí” llegarán nuevamente al puerto de Veracruz los famosos cruceros internacionales.

Cada administración estatal ha tenido su propio anuncio, su fotografía, su discurso y, en algunos casos, hasta sus compromisos de inversión. Pero los cruceros seguían sin aparecer, convertidos en una especie de promesa turística que navegaba entre declaraciones oficiales y buenas intenciones.

Por eso resulta de especial trascendencia el anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García, quien aseguró que, después de años de ausencia, Veracruz volverá a formar parte de los itinerarios internacionales de cruceros. Y esta vez, al menos, ya existe una fecha concreta: el 19 de enero de 2028.

La naviera Margaritaville at Sea, con salida desde Galveston, Texas, tiene programado arribar al puerto jarocho con aproximadamente 2 mil 700 pasajeros y cerca de mil tripulantes.

La diferencia, en esta ocasión, es que el anuncio no se queda solamente en la promesa de que “se está trabajando”. De acuerdo con la información oficial, el regreso es resultado de gestiones y encuentros especializados con representantes de la industria, entre ellos reuniones en San Juan de Puerto Rico con la Florida and Caribbean Cruise Association y en Miami, durante la feria Seatrade Cruise Global.

La gobernadora recordó que recuperar los cruceros fue uno de los compromisos planteados al inicio de su administración y sostuvo que los resultados son producto del trabajo, la promoción y la gestión directa ante las empresas navieras.

Y tiene razón en algo fundamental: los cruceros no llegan por decreto ni porque alguien coloque un anuncio en el malecón. Para que una naviera incluya a Veracruz en sus rutas hay que ofrecer seguridad, infraestructura, servicios, atractivos turísticos y una operación confiable.

El beneficio, además, no se limita a los pasajeros que bajan del barco. La llegada de cruceristas puede representar una importante derrama económica para transportistas, restaurantes, artesanos, comerciantes, guías de turistas, prestadores de servicios y comunidades que forman parte de los recorridos.

La tarea ahora será preparar una oferta atractiva. San Juan de Ulúa, la Ruta del Café, Los Tuxtlas y otros destinos veracruzanos deberán estar listos para recibir a los visitantes con productos bien organizados, precios razonables, atención profesional y experiencias que motiven a regresar.

Porque una cosa es que el crucero llegue y otra muy distinta es que Veracruz aproveche plenamente la oportunidad.

También habrá que evitar que el anuncio se convierta nuevamente en una fotografía para el recuerdo. El primer arribo debe ser el punto de partida para recuperar gradualmente la presencia del estado en el mercado internacional, sobre todo si, como se ha informado, existen otras navieras interesadas en incorporar al puerto en sus itinerarios.

Después de tantos sexenios de promesas, enero de 2028 todavía está lejos. Pero, por lo menos, esta vez el barco ya tiene nombre, fecha y ruta.

Y como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: “Crucero anunciado sin fecha es promesa; crucero con fecha, aunque falten dos años, ya es compromiso… siempre que no se lo lleve la marea electoral.”

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La justicia no se mide por discursos, sino por resultados


Bitácora Política

Por Miguel Ángel Cristiani

Hay cifras que sirven para llenar un informe y otras que obligan a detenerse. Resolver 99.3% de los asuntos turnados al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz pertenece a la segunda categoría. Pero la estadística, por sí sola, no imparte justicia. La pregunta que corresponde hacer —y que hicimos a la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández— es qué hay detrás de ese porcentaje y, sobre todo, qué significa para quien espera una sentencia.

El Primer Informe de Resultados 2025-2026 del Tribunal Superior de Justicia ofrece material suficiente para ir más allá del acto protocolario. El documento comprende el periodo del 1 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026 y coloca como eje de la gestión una llamada “Justicia Cercana”, sustentada en acceso efectivo a la jurisdicción, derechos humanos, perspectiva intercultural y rendición de cuentas. InformeTSJ2026.pdf

En la entrevista, Hernández Hernández puso primero el acento donde debe estar: en la función jurisdiccional.

Y los números permiten medirla.

El informe señala que durante ese periodo la Secretaría General de Acuerdos recibió y dio trámite a 8 mil 712 expedientes derivados de medios de impugnación procedentes de todo Veracruz. De ellos, 3 mil 553 correspondieron a materia civil, 2 mil 585 a familiar, 2 mil 545 a penal y 29 a justicia para adolescentes.

Las salas especializadas, a su vez, reportaron 8 mil 076 tocas resueltos. Y cuando el informe mide específicamente la eficiencia procesal sobre los asuntos turnados, registra 8 mil 104 y 8 mil 055 resueltos: 99.3 por ciento.

Es un dato relevante. Sería mezquino desconocerlo.

También sería irresponsable convertirlo automáticamente en certificado de excelencia.

Porque una sentencia dictada no necesariamente es una sentencia firme. La propia magistrada hizo una precisión indispensable durante nuestra conversación: las resoluciones pueden ser revisadas mediante el juicio de amparo. Esa aclaración importa mucho. El porcentaje mide capacidad de resolución del Tribunal; no significa que el 99.3 por ciento de sus criterios haya quedado intocado por la justicia federal.

Ahí está, precisamente, una de las evaluaciones que convendría conocer en futuros ejercicios de rendición de cuentas: cuántas resoluciones fueron impugnadas, cuántos amparos se concedieron y, particularmente, cuántos obligaron a modificar o dejar sin efectos una determinación.

No para desacreditar a nadie. Para medir mejor.

Un Poder Judicial moderno no debería temerle a las estadísticas que permiten evaluar la calidad de sus sentencias. Al contrario.

Hay otro aspecto del informe que merece atención porque toca una deuda histórica mucho más profunda: el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Durante la entrevista, la presidenta habló de la formación y certificación de intérpretes y traductores. El documento oficial precisa la cifra: 31 profesionales fueron incorporados al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, PANITLI, mediante un proceso en el que participaron la comunidad indígena de El Esfuerzo, en Papantla; el Poder Judicial; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Universidad Veracruzana; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Intercultural del Estado de México.

Aquí no estamos ante un asunto ornamental.

Para una persona indígena sometida a un procedimiento judicial sin comprender plenamente el español jurídico, contar con interpretación adecuada puede representar la diferencia entre ejercer realmente su derecho de defensa y simplemente estar presente mientras otros deciden su destino.

El propio informe documenta traducciones e interpretaciones de sentencias de lectura fácil en variantes del náhuatl, ñuhú u otomí, tének y tutunakú. También registra mecanismos para disponer de intérpretes certificados en distritos judiciales como Zongolica, Chicontepec, Poza Rica y Coatzacoalcos.

Eso sí es acercar la justicia. No porque aparezca escrito en un lema, sino porque elimina una barrera concreta.

La administración de Hernández Hernández también ha colocado sobre la mesa otro problema largamente postergado: el lenguaje de las sentencias.

Durante décadas, buena parte del lenguaje judicial mexicano pareció escrito más para abogados que para ciudadanos. Expedientes repletos de fórmulas, latinismos, párrafos interminables y construcciones que podían satisfacer determinados usos forenses, pero que dejaban al justiciable preguntándose algo elemental: ¿qué decidió finalmente el juez sobre mi asunto?.

Una justicia que el ciudadano no puede entender queda incompleta.

El programa “En Contacto con tus Juzgadoras y Juzgadores” intenta romper parte de esa distancia. El informe registra cuatro encuentros y contacto directo con 325 personas en Perote, Emiliano Zapata, Martínez de la Torre y Minatitlán. A eso se agregan 1,282 audiencias ciudadanas, 34 visitas territoriales y atención a 52 organizaciones vinculadas con grupos en situación o condición de vulnerabilidad.

Son acciones útiles, pero habrá que observar su continuidad. La cercanía institucional no puede reducirse a reuniones, fotografías o recorridos. Tiene que traducirse en tiempos razonables, atención digna, resoluciones comprensibles y acceso efectivo a los tribunales.

Hay también una transformación menos visible, pero probablemente más decisiva: la digitalización.

Hernández Hernández explicó que se trabaja con el Poder Judicial de la Federación en la interconexión tecnológica para avanzar de las comunicaciones en papel hacia notificaciones electrónicas. El informe confirma reuniones con el órgano administrativo federal para interconectar sistemas de gestión judicial, instalar mecanismos relacionados con la FIREL y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Amparo.

Eso parece un asunto técnico. No lo es.

Cada oficio que deja de viajar físicamente, cada notificación que puede practicarse con seguridad por medios electrónicos y cada expediente que reduce tiempos muertos significa días que pueden recuperarse para el ciudadano. Siempre, claro, que la digitalización no sustituya una burocracia de papel por otra burocracia electrónica.

Y llegamos a la segunda pregunta que planteamos: ¿qué ocurre con las sanciones y la disciplina judicial?.

Aquí debe quedar clara la nueva arquitectura institucional. La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano autónomo dentro del Poder Judicial y que corresponde a éste la vigilancia, supervisión de conductas y evaluación. Ese órgano rindió su propio informe, donde se encuentran los asuntos atendidos, las evaluaciones y los procedimientos correspondientes, con protección de datos personales cuando los casos continúan en trámite.

La distinción no es menor.

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia debe responder por su desempeño jurisdiccional. El Tribunal de Disciplina, por el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia y responsabilidad. Mezclar ambas funciones solamente produciría confusión sobre quién debe rendir cuentas de qué.

Después de más de medio siglo viendo informes gubernamentales, legislativos y judiciales, uno aprende una cosa: el verdadero informe comienza al día siguiente de su presentación.

Las cifras impresas cuentan lo realizado. La realidad determina si funcionó.

El 99.3 por ciento de resolución es un punto de partida importante. Los 31 nuevos perfiles incorporados al padrón de intérpretes y traductores representan un avance concreto. La justicia de lectura fácil, las audiencias ciudadanas, los recorridos por los distritos y la interconexión electrónica apuntan hacia una institución menos encerrada en sí misma.

Pero ahora viene la prueba difícil.

Habrá que saber si disminuyen los tiempos reales para quienes litigan. Si las sentencias resisten la revisión constitucional. Si los intérpretes están disponibles cuando una persona indígena efectivamente los necesita. Si las herramientas digitales funcionan fuera de Xalapa. Si la ciudadanía entiende mejor las resoluciones. Y, desde luego, si las conductas indebidas dentro del Poder Judicial son investigadas y sancionadas por las autoridades competentes.

Porque los tribunales no construyen confianza mediante propaganda.

La construyen expediente por expediente.

Y la justicia —conviene recordarlo cada vez que se presenta un informe— no se mide solamente por cuántos asuntos se resuelven, sino por cómo se resuelven, cuánto tardan y qué derechos quedan protegidos al final del camino.

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¿Suicidio? La pregunta que todavía espera respuestas


Por Miguel Ángel Cristiani G.

La pregunta obligada, después del comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, es muy sencilla:

¿Van a creer los veracruzanos que se trató de un suicidio?

La respuesta no puede darse por anticipado.

La FGR informó este jueves que las principales líneas de investigación “avanzan, coinciden y apuntan” a que la muerte del legislador habría sido por suicidio.

También señaló que se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de especialistas en medicina, criminalística, balística, genética, toxicología y otras disciplinas.

Es decir, no se trata de una conclusión presentada sin trabajo pericial.

Pero tampoco es, según el propio comunicado, una investigación definitivamente cerrada.

Y ahí está el detalle.

Porque el boletín no ofrece mayores explicaciones sobre los elementos concretos que llevaron a esa hipótesis. No se detallan los resultados de los peritajes, las circunstancias precisas del fallecimiento ni las respuestas a las interrogantes que surgieron desde que el cuerpo del exsecretario de Educación fue localizado a un costado de la carretera.

La Fiscalía asegura que las líneas de investigación coinciden.

Pero la sociedad necesita saber en qué coinciden y por qué.

No basta con enumerar 150 diligencias si no se explica, al menos en lo esencial, qué esclarecieron.

La propia FGR reconoce que las investigaciones continuarán abiertas y que no descarta otros móviles o líneas de investigación.

Entonces, ¿estamos ante una conclusión definitiva o ante la hipótesis principal hasta este momento?

La diferencia no es menor.

Y menos cuando se trata de la muerte de un legislador federal en funciones, exsecretario de Educación y figura política conocida en Veracruz.

Aquí no se trata de alimentar rumores ni de fabricar teorías.

Se trata de algo mucho más elemental: que la autoridad explique con claridad, transparencia y respeto a la familia qué ocurrió.

Si los peritajes sostienen la hipótesis del suicidio, corresponde informar cuáles son sus fundamentos, sin vulnerar la dignidad de los familiares.

Y si existen interrogantes pendientes, también debe reconocerse.

Porque la confianza pública no se construye solamente con comunicados oficiales.

Se construye con explicaciones.

La FGR afirma que ha privilegiado la atención y protección de los familiares y víctimas indirectas. Es una obligación que debe cumplirse, pero también es importante que la sociedad no quede convertida en simple espectadora de una investigación cuyos resultados solamente conoce a través de frases generales.

Por ahora, la Fiscalía ha dado a conocer una hipótesis.

No ha explicado todavía todas las circunstancias que rodearon la muerte.

Y mientras esas respuestas no lleguen, la pregunta seguirá sobre la mesa.

No por desconfianza gratuita.

No por morbo.

Sino porque en un caso de esta naturaleza, la verdad no puede depender únicamente de que la autoridad diga que ya la encontró.

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La redacción quedó en silencio


Por Miguel Ángel Cristiani

Hace ya 30 años que la sala de redacción de El Dictamen quedó en silencio.

Las teclas de aquella máquina Olimpia del maestro de maestros, Alfonso Valencia Ríos, dejaron de sonar.

Durante tantos años habían sido parte de la vida cotidiana del Decano de la Prensa Nacional. Sobre ellas nacieron notas, entrevistas, editoriales y noticias que hoy forman parte de la historia del periodismo veracruzano.

Pero, sobre todo, de aquellas teclas surgieron enseñanzas que todavía permanecen en la memoria de cientos de alumnos que tuvimos la fortuna de pasar por la dirección de la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana y, algunos, también por su redacción.

¡Cómo olvidar aquel sonido!

Parecía que el maestro tocaba un piano. Sus dedos recorrían el teclado y, casi al mismo tiempo, las ideas se convertían en palabras y las palabras en noticias.

Pero Alfonso Valencia Ríos no solamente enseñaba a escribir.

Enseñaba a ser periodista.

Y enseñaba también a ser humano.

¿Cómo olvidar a todas aquellas personas que acudían a buscarlo para pedirle una recomendación para conseguir trabajo, ayuda para inscribir a un hijo en alguna escuela o apoyo para conseguir medicamentos?.

Nunca lo vimos decir: “No puedo”.

Siempre encontraba alguna manera de ayudar.

Nosotros tuvimos la fortuna de ser aceptados como sus alumnos durante los cuatro años de la Facultad y, además, de acompañarlo en su actividad profesional diaria.

Desde las siete de la mañana, cuando llegaba a la redacción para comenzar a escribir, hasta bien entrada la noche.

Y aun después de terminar la jornada, la escuela continuaba.

En el bar Manolo o en el Palacio de los Portales, seguía atendiendo a quienes llegaban a saludarlo, a platicar con él o simplemente a pedirle algún favor.

Así era el maestro.

Generoso con sus alumnos y generoso también con sus compañeros reporteros del puerto, a quienes compartía con gusto las entrevistas exclusivas que diariamente le concedían los funcionarios que llegaban al aeropuerto de Veracruz.

Tenía una memoria verdaderamente extraordinaria.

Recordaba nombres, fechas, cifras y acontecimientos con una precisión sorprendente.

Esa memoria, pero sobre todo su talento periodístico, fueron determinantes para que obtuviera el puesto de Jefe de Información, que conservó durante toda su vida profesional.

Una de sus grandes entrevistas fue la que realizó al presidente Adolfo Ruiz Cortines en su casa del puerto de Veracruz, entrevista que ocupó varias páginas de El Dictamen.

Y había una escena que decía más que cualquier reconocimiento.

Cuando llegaba el presidente de la República y alrededor se formaba aquella tradicional pelotera de periodistas buscando una declaración, el maestro permanecía a un costado.

Pero cuando el mandatario lo veía, se acercaba personalmente a saludarlo con afecto.

Ese era el respeto que había ganado.

A Alfonso Valencia Ríos le ofrecieron cargos públicos importantes. La oficina de Comunicación de la Presidencia, una embajada en cualquier país e incluso la dirección del periódico.

Nunca aceptó.

Él decía que era, simplemente, un miembro más de la infantería de reporteros.

Han pasado 30 años desde aquel día.

Treinta años desde que las teclas de la Olimpia dejaron de sonar.

Pero quienes aprendimos de él seguimos escuchando aquella voz.

Seguimos recordando sus órdenes de “Jefe”.

Seguimos recurriendo a sus enseñanzas cada vez que nos sentamos frente a una hoja en blanco.

Por eso hoy, al recordar su partida, vienen nuevamente a la memoria aquellas palabras que publicamos en El Dictamen:

“Maestro

Alfonso Valencia Ríos.”

“Con lágrimas en los ojos y un crespón de luto en el corazón, los que suscribimos, reporteros forjados por usted, en el crisol de su ética, su pasión por el periodismo y su vocación de servicio, pasamos lista de presente en el momento de su inexorable partida.”

Y hoy, 30 años después, podemos repetir aquellas palabras con la misma emoción:

Aunque su voz ya no sea audible para el mundo, nosotros seguimos escuchando al Jefe y al Maestro.

Seguimos escuchando sus consejos.

Su exigencia.

Su optimismo.

Su fe.

Y ese empuje que nos enseñó para continuar en la diaria brega del periodismo.

Porque los verdaderos maestros no mueren cuando dejan de estar físicamente.

Siguen viviendo en lo que enseñaron, en quienes formaron y en las historias que ayudaron a escribir.

Por eso, maestro Alfonso Valencia Ríos:

¡Presente!

Treinta años después, la redacción sigue escuchando sus teclas.

Y nosotros seguimos pasando lista.

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El Cártel Inmobiliario ya tiene detenidos


Por Miguel Ángel Cristiani

La historia del llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa comienza a dejar de ser solamente una colección de denuncias, acusaciones y testimonios de personas que aseguran haber sido despojadas de sus propiedades.

Este martes ocurrió algo que cambia el escenario: la Fiscalía General del Estado detuvo a los abogados Isaac Contreras Gómez Gil y Pedro Damián Atilano Cruz, señalados por su presunta relación con uno de estos casos de despojo inmobiliario.

Y aquí aparece un caso que resulta particularmente ilustrativo.

Se trata de una propiedad ubicada en la avenida 20 de Noviembre número 50, en Xalapa, con una superficie cercana a los mil metros cuadrados, cuya posesión, de acuerdo con el testimonio de sus propietarios, había permanecido durante más de 80 años en manos de la familia.

El doctor Manuel Ezequiel Casillas Rivas y su padre, José Luis Castilla Aburto, relataron públicamente lo que aseguran ocurrió el 28 de agosto de 2024.

Según su versión, fueron desalojados durante la madrugada, alrededor de las 5:30 horas, mediante una serie de actos que califican como fraudulentos, incluyendo la presunta falsificación de documentos y firmas.

Lo más grave de su relato es que aseguran haber solicitado auxilio al C4 sin recibir respuesta.

Pero también dejaron constancia notarial de otro detalle que parece salido de una novela de corrupción inmobiliaria: alguien habría cambiado físicamente el número del inmueble, pintando sobre la fachada el 1250 en lugar del número real, el 50.

¿Por qué?

Esa es precisamente una de las preguntas que ahora tendrán que responder las autoridades.

Los afectados también cuestionaron la actuación de funcionarios judiciales que, según su testimonio, participaron en el procedimiento que terminó con el desalojo. señalando que, a su juicio, no se tomó debidamente en cuenta que ellos tenían la posesión del inmueble ni la presencia de menores de edad durante el desalojo.

Son señalamientos serios que deberán ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes.

Pero hay otro elemento que llama poderosamente la atención.

Los afectados aseguran que en el procedimiento participaron diversos abogados y que existe un patrón de operación mediante el cual los litigantes aparentemente se van rotando los casos, incluso llegando —según su versión— a promover denuncias entre integrantes de las mismas familias para generar la apariencia de que existe un cambio de representación jurídica.

Si esta acusación llegara a acreditarse, estaríamos ante algo mucho más grave que un simple pleito por una propiedad.

Estaríamos hablando de un posible método de operación.

Y ahí es donde las autoridades tienen una enorme responsabilidad.

Porque no basta con detener a dos abogados.

Hay que investigar toda la cadena.

Quién presentó los documentos.

Quién los certificó.

Quién promovió los juicios.

Quién obtuvo las resoluciones.

Quién ejecutó los desalojos.

Quién proporcionó apoyo operativo.

Quién adquirió posteriormente las propiedades.

Y, sobre todo, si existió una estructura organizada para utilizar procedimientos judiciales con el propósito de despojar a legítimos poseedores.

Porque si solamente se detiene a quienes aparecen al final de la cadena, pero nadie pregunta quiénes estaban detrás, el problema no se resuelve.

Los afectados, acompañados por sus abogados, incluso llevaron este martes cartulinas y una lona para agradecer el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, así como de sus representantes legales.

Es comprensible.

Para una familia que afirma haber perdido una propiedad después de ocho décadas de posesión, recuperar el inmueble no es un trámite administrativo.

Es recuperar parte de su vida.

Y aquí aparece otra dimensión del problema.

Los propios afectados aseguran que existen muchas más víctimas, pero que numerosas personas no pueden contratar un abogado para defenderse.

Ese puede ser precisamente uno de los puntos débiles que aprovechan quienes conocen las trampas del sistema: el ciudadano sin dinero para litigar termina enfrentándose a estructuras jurídicas que pueden convertir un problema patrimonial en una pesadilla interminable.

Hasta ahora, uno de los casos que sí logró recuperar su propiedad fue el de Vanessa Ávila, quien, según se informó, tardó un año y ocho meses en conseguirlo.

Demasiado tiempo.

Demasiado desgaste.

Demasiada incertidumbre para quien simplemente quiere conservar aquello que legalmente le pertenece.

Por eso las detenciones de este martes deben verse como un posible principio, no como el final de la historia.

La sociedad xalapeña necesita saber si estamos frente a casos aislados o ante una verdadera red.

Y si existe una red, quiénes la integran.

Porque un “cártel” no puede funcionar solamente con abogados.

Necesita documentos, trámites, decisiones, intermediarios, posibles complicidades y, sobre todo, un sistema que permita que las cosas ocurran.

La pregunta ahora es inevitable:

¿Hasta dónde llegará la investigación?

Porque si la Fiscalía solamente llega hasta dos abogados, tendremos detenidos.

Pero si llega hasta el origen de las operaciones, a quienes fabricaron documentos, promovieron procedimientos, facilitaron resoluciones o se beneficiaron de los despojos, entonces podríamos estar frente al verdadero principio del fin del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Y eso sí sería una noticia.

Porque durante demasiado tiempo en Veracruz se ha repetido una vieja historia: propiedades que cambian de manos, ciudadanos que pierden sus casas y expedientes judiciales que parecen tener una velocidad extraordinaria para desalojar al pobre y una lentitud desesperante para devolverle lo que asegura que le pertenece.

Ahora hay dos abogados detenidos.

La justicia tiene la palabra.

Pero también tiene una obligación:

no quedarse en la puerta de entrada.

Porque detrás de cada propiedad despojada puede haber una familia.

Y detrás de cada familia puede existir una historia que todavía nadie se ha atrevido a investigar hasta el final.

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En Coatepec el concreto descubre la historia


Por Miguel Ángel Cristiani

Hay ocasiones en que el progreso tiene la mala costumbre de llegar con una retroexcavadora. Y en Coatepec acaba de ocurrir uno de esos episodios en los que el pasado literalmente salió de debajo de la tierra para recordarnos que antes de construir casas, calles y fraccionamientos, quizá convendría saber qué estamos destruyendo.

En la zona de Campo Viejo, en el municipio de Coatepec, los trabajos relacionados con el desarrollo habitacional San Lucas llevaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a realizar un salvamento arqueológico en un predio de aproximadamente 12 hectáreas.

Lo que encontraron no fue precisamente una piedra cualquiera que pudiera hacerse a un lado para continuar con la obra.

Aparecieron vestigios de edificaciones de carácter cívico-ceremonial y una plataforma de aproximadamente 30 metros de largo por 12 de ancho, además de una escultura monolítica de 1.88 metros de altura, conocida ya como la Estela de Coatepec, con características que los especialistas consideran atípicas para la región. El INAH informó que estos elementos podrían tener alrededor de mil 400 años de antigüedad.

Es decir, mientras unos estaban pensando en hacer negocios millonarios con casas nuevas, la tierra estaba guardando una historia de muchos siglos.

Y aquí comienza el verdadero problema.

El salvamento arqueológico concluyó que una parte del terreno puede continuar destinada al desarrollo habitacional, mientras que la plataforma y la estela quedarán bajo resguardo. El resto del predio fue liberado para continuar con la construcción, pese a la oposición de los vecinos.

Legalmente podrá ser una decisión sustentada en los estudios realizados por el INAH. Pero desde la perspectiva del patrimonio cultural, la pregunta inevitable es otra: ¿estamos seguros de que ya sabemos todo lo que existe debajo de esas 12 hectáreas?.

Porque el propio contexto arqueológico obliga a mirar más allá del predio del fraccionamiento. El sitio de Campo Viejo, ubicado aproximadamente 500 metros al este, tendría una extensión estimada de unas 30 hectáreas y podría contener más de 50 estructuras; su exploración todavía no se ha realizado de manera exhaustiva.

Entonces, quizá el debate no debería reducirse a una falsa disyuntiva entre patrimonio y vivienda.

Coatepec necesita crecimiento, desde luego. Pero también necesita inteligencia para decidir dónde y cómo crecer y los permisos municipales.

Porque si cada vez que una excavadora encuentra vestigios arqueológicos la respuesta consiste en rescatar lo indispensable, cercar una pequeña superficie y permitir que el concreto avance alrededor, corremos el riesgo de terminar conservando solamente pedazos de una historia que alguna vez estuvo completa.

Y eso sería particularmente grave en Campo Viejo, donde el hallazgo de la Estela de Coatepec ha abierto nuevas interrogantes sobre las sociedades que habitaron esta región de Veracruz.

Los ciudadanos que han levantado la voz no están necesariamente en contra de todo desarrollo inmobiliario. Están preguntando algo mucho más elemental: ¿qué hay debajo de nuestros pies?.

La pregunta merece una respuesta seria, científica y transparente.

Porque una casa puede construirse en otro terreno. Un fraccionamiento puede modificarse. Un proyecto inmobiliario puede esperar.

Pero una vez que una página de la historia queda sepultada bajo toneladas de concreto, ya no existe permiso, escritura ni licencia de construcción que pueda recuperarla.

Nuestra historia no se vende. Y tampoco debería quedar enterrada bajo el concreto.

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¿Y si primero surtimos los hospitales?

 


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay anuncios de gobierno que suenan muy bien.

Miles de médicos y enfermeras que llegarán a las comunidades, programas de atención domiciliaria y toda una estrategia para acercar los servicios de salud a la población.

Todo eso suena muy bien.

Pero mientras se anuncian nuevos programas, en Xalapa existe una pregunta que no puede seguir esperando:

“¿Qué está pasando con los hospitales que ya existen y que no tienen lo indispensable para atender a sus pacientes?”

El Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” enfrenta, de acuerdo con un documento de alerta difundido por personal del área de Cirugía General, una situación crítica por falta de medicamentos, insumos y material quirúrgico.

El documento señala que se han suspendido procedimientos programados desde noviembre de 2025 y que “más de mil pacientes permanecen en listas de espera”, mientras quienes ya se encuentran hospitalizados recurren al servicio de urgencias para recibir atención.

La consecuencia es lógica: más pacientes, mayor presión sobre urgencias y mayor riesgo de complicaciones.

Entre los materiales señalados como necesarios aparecen antibióticos, soluciones, lápices y placas de cauterio, compresas, gasas con y sin trama radiopaca, suturas, batas, gorros, botas, ropa quirúrgica, bultos quirúrgicos, hojas, guantes e Isodine espuma.

No estamos hablando de lujos.

“Estamos hablando de los materiales básicos para poder operar y atender a un enfermo.”

Y aquí es donde el anuncio de “El Médico en tu Casa” merece una reflexión.

Nadie puede estar en contra de llevar atención médica a quienes la necesitan.

Pero antes de mandar médicos a los domicilios habría que preguntarse si los hospitales cuentan con medicamentos, quirófanos, materiales y personal suficientes para atender a quienes ya llegaron hasta sus puertas.

Porque de poco sirve tener un médico disponible si no cuenta con los elementos necesarios para realizar una cirugía.

“¿De qué sirve llevar al médico a la casa si el hospital no tiene con qué atender al paciente cuando necesita una operación?”

La política de salud debería ser integral.

Prevención, atención primaria, médicos en las comunidades y hospitales funcionando correctamente no son estrategias que deban competir entre sí.

Son partes de un mismo sistema.

El problema aparece cuando se anuncian grandes metas mientras los servicios existentes enfrentan carencias elementales.

Y aquí hay una responsabilidad que no puede diluirse entre oficinas.

Los pacientes no pueden convertirse en números de una lista de espera.

Cada uno tiene nombre, familia, enfermedad y una necesidad concreta de atención.

Por eso sería importante que las autoridades de Salud expliquen públicamente qué está ocurriendo en el CAE “Dr. Rafael Lucio”, cuántas cirugías han sido suspendidas, cuántos pacientes esperan actualmente, cuáles son los insumos faltantes y cuándo se resolverá el problema.

No basta con decir que se está trabajando.

“Hay que demostrarlo con hospitales abastecidos y pacientes atendidos.”

Porque la salud pública no se mide por el número de programas anunciados.

Se mide por algo mucho más sencillo:

“que cuando un ciudadano llega al hospital, lo puedan atender.”

Como diría Pancho López:

“Primero surtan el hospital; después mandamos al médico a la casa. Porque para curar al enfermo también hace falta con qué.”

Y ésta sí es una emergencia que no debería esperar.

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Municipios de Veracruz recuperan en agosto participaciones federales completas


 Por Miguel Angel Cristiani

A partir de este mes de agosto, los 199 ayuntamientos de Veracruz que formaban parte del esquema de bursatilización dejarán de recibir descuentos sobre sus participaciones federales, luego de que el Gobierno del Estado concluyera el pago total del pasivo contratado con instituciones bancarias.

El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, confirmó que los municipios ya reciben sus participaciones federales sin las retenciones derivadas de ese mecanismo financiero, mientras la administración estatal concluye los procedimientos administrativos y jurídicos para cerrar formalmente el fideicomiso.

“Vamos muy bien en tiempo y ya no les van a descontar a los municipios en este mes de agosto, ya les llega completa su participación o sus participaciones federales como se comprometió la Gobernadora”, afirmó.

El funcionario explicó que el pago total a las instituciones bancarias ya fue realizado y que actualmente se desarrolla la etapa final de cierre y finiquito.

“Ese pago ya se hizo. O sea, digamos, el pago completo se hizo allá a los bancos. Estamos en el proceso de cierre y finiquito”, puntualizó.

Reyes Hernández recordó que la Secretaría de Finanzas y Planeación realizó previamente tres reuniones regionales —norte, centro y sur— con los alcaldes de los 199 municipios involucrados, con el propósito de explicar la estrategia de saneamiento financiero.

Como parte de la etapa final, la semana pasada se reunió con representantes de ocho municipios que concentran la representación de los 199 ayuntamientos, para iniciar los procedimientos destinados a dar de baja el adeudo ante la Secretaría de Hacienda y posteriormente concluir el finiquito del fideicomiso.

Reconoció que se trata de un procedimiento administrativo complejo y prolongado, aunque aseguró que se mantiene conforme al calendario establecido y a los acuerdos alcanzados con la representación fiduciaria responsable de los certificados bursátiles.

Sin distingo partidista

Cuestionado sobre si el rescate financiero pudiera representar algún tipo de condición o trato preferencial para los gobiernos municipales, el secretario rechazó que exista algún criterio partidista.

“De ninguna manera. No, cero. Por eso la Gobernadora lo que dice es ‘sin distingo partidista’. No lo hicimos con la bursatilización”, sostuvo.

La eliminación de la deuda, explicó, constituye solamente el primer paso de una estrategia más amplia de saneamiento de las finanzas municipales.

El Gobierno del Estado contempla continuar apoyando a los ayuntamientos en la atención de otros pasivos, entre ellos las deudas fiscales y los adeudos acumulados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El objetivo, de acuerdo con Finanzas, es que los municipios recuperen capacidad financiera y dispongan de mayores recursos para atender sus responsabilidades y realizar obra pública.

La conclusión del pago de la bursatilización representa así un cambio importante para las administraciones municipales: desde agosto, las participaciones federales ya no llegan con el descuento que durante años redujo su disponibilidad presupuestal.

Ahora viene la parte más importante: que esa mayor liquidez se traduzca en mejores servicios, obra pública y atención a las necesidades de los ciudadanos.

Porque liberar recursos es apenas la primera mitad de la tarea.

La otra mitad será demostrar en qué se gastan.

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Cosas habrás de ver…en el Congreso


 Por Miguel Ángel Cristiani G.

Como diría aquella vieja expresión Cervantina: “cosas habrás de ver”.

Y vaya que las hubo ayer, minutos antes de comenzar en el Congreso del Estado la sesión solemne para entregar la Medalla y Diploma “Heberto Castillo Martínez” 2025 a la maestra Gloria Sánchez Hernández, auténtico pilar de la izquierda veracruzana.

Por los pasillos del Congreso comenzaron a desfilar alcaldes de distintos municipios.

Algunos llegaron con tranquilidad.

Otros, en cambio, parecían llevar más preocupación que entusiasmo.

Fue el caso del presidente municipal de Cosamaloapan, quien, según se observó, prefirió escurrirse entre los reporteros de la fuente legislativa para evitar las preguntas incómodas que seguramente ya tenía previstas.

Y es que en estos tiempos de redes sociales, fotografías y boletines cuidadosamente redactados, todavía existe una prueba que ningún equipo de comunicación puede controlar: el encuentro cara a cara con los periodistas.

También estuvieron presentes algunos personajes que ocuparon cargos de poder durante la pasada administración municipal, particularmente de Xalapa y Coatzacoalcos.

La escena resultó curiosa.

Nadie se acercó demasiado.

Ni siquiera para el protocolario “buenos días”.

Así es la política.

Mientras algunos llegan buscando reflectores, otros descubren que los reflectores ya no son los mismos cuando dejaron el cargo.

Los que sí tuvieron que responder

Los más buscados por los reporteros de la fuente fueron dos tocayos: el secretario de Finanzas del Estado, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García.

Ambos tuvieron que detenerse en dos ocasiones para atender a los periodistas.

Y, a diferencia de quienes prefieren pasar inadvertidos, Rosaldo aprovechó el encuentro para hablar de un asunto que preocupa particularmente a los habitantes de Coatzacoalcos: las condiciones de la infraestructura urbana frente a las lluvias.

El alcalde sostuvo que el municipio está transitando de una etapa reactiva hacia una estrategia de construcción y atención estructural, con proyectos relacionados con colectores pluviales, canales, plantas de tratamiento, cárcamos y un sistema integral de agua pluvial y drenaje.

La frase que quizá resume su planteamiento fue contundente:

“Tenemos que resolver de manera estructural, aunque no se vea”.

Y ahí está precisamente uno de los grandes problemas de la obra pública.

Muchas veces se privilegia aquello que puede inaugurarse, fotografiarse y presumirse, mientras quedan debajo de la tierra las obras que realmente pueden cambiar el funcionamiento de una ciudad.

Rosaldo explicó que parte de la infraestructura hidráulica de Coatzacoalcos ya rebasó su ciclo de vida y requiere sustitución y modernización.

También señaló que el Ayuntamiento busca avanzar por tramos en drenaje, obras pluviales y pavimentación, incluyendo la reconstrucción de losas dañadas y no solamente el tradicional bacheo.

El reto, desde luego, es enorme.

El propio alcalde recordó que existe el antecedente de un proyecto para renovar el sistema sanitario de Coatzacoalcos cuyo costo estimado llegó a 15 mil millones de pesos.

Una cifra que permite dimensionar el tamaño del problema.

Por eso, más allá de los discursos, habrá que seguir de cerca si esa estrategia estructural se convierte realmente en obras y resultados.

Mientras tanto, queda una pequeña lección de la jornada: algunos políticos hacen todo lo posible por evitar a los periodistas; otros entienden que responder preguntas también forma parte de gobernar.

Y como diría Pancho López:

“Hay funcionarios que le tienen miedo al micrófono; seguramente porque todavía no encuentran qué decir cuando se apaga la fotografía.”

Y ayer, en el Congreso, hubo de todo un poco.

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El OPLE y la pregunta incómoda: ¿a dónde va el dinero de la difusión?


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay investigaciones periodísticas que comienzan con una declaración escandalosa.

Y hay otras que comienzan con algo mucho más sencillo: una solicitud de información.

Esta vez, en Bitácora Política, decidimos hacer lo segundo.

El pasado 10 de agosto presentamos ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz una solicitud de información pública para conocer, con documentos, quiénes fueron contratados durante el primer semestre de 2025 para prestar servicios de difusión institucional y cuánto dinero público recibieron.

No estamos preguntando por rumores.

Estamos preguntando por contratos.

Queremos saber quiénes fueron los proveedores, cuánto se contrató, cuánto se pagó, mediante qué procedimiento fueron seleccionados y a qué partida presupuestal se cargaron esos recursos.

La solicitud, registrada con el folio 630564026000105, también pide conocer las fechas de los pagos y el área del OPLE que solicitó cada servicio.

Pero hay una pregunta adicional que puede resultar todavía más interesante:

¿Dónde se difundieron esos contenidos?

Porque no es lo mismo contratar una campaña institucional para televisión, radio, prensa escrita, portales digitales o redes sociales.

Y tampoco es lo mismo conocer cuánto se gastó que saber qué se recibió a cambio.

Por eso solicitamos que, cuando la información obre en los expedientes, se identifiquen los medios, portales, plataformas digitales o redes sociales en los que se realizó la difusión contratada.

También pedimos que se informe si durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2025 existieron proveedores contratados para comunicación digital, publicidad digital, producción y difusión de contenidos, manejo o difusión en redes sociales y otros conceptos equivalentes, independientemente del nombre administrativo utilizado.

La razón es sencilla.

Cuando se analiza el gasto público, las palabras pueden cambiar, pero los pesos siguen siendo pesos.

Una partida puede llamarse difusión.

Otra comunicación social.

Otra publicidad digital.

Otra producción de contenidos.

Por eso necesitamos revisar el conjunto y no solamente una etiqueta presupuestal.

Ahora toca esperar la respuesta

La propia Plataforma Nacional de Transparencia establece como fecha prevista para la respuesta el 7 de septiembre de 2026. También señala que, si el organismo requiere más tiempo para localizar la información, existe un plazo adicional que llevaría la respuesta hasta el 22 de septiembre.

Mientras tanto, no vamos a adelantar conclusiones.

Primero queremos los documentos.

Después vendrán las comparaciones.

Y finalmente, si los datos lo permiten, podremos saber quiénes fueron los principales proveedores, cuánto recibieron, cómo fueron contratados y qué servicios proporcionaron.

Porque una cosa es hablar de millones de pesos en un informe presupuestal.

Y otra muy distinta es seguirle la pista al dinero hasta llegar al proveedor.

Ahí es donde empieza realmente el periodismo de investigación.

Y como diría nuestro inevitable Pancho López:

“A ver si ahora sí nos cuentan dónde quedó la bolita… y, sobre todo, cuánto pesaba.”

Por lo pronto, la pregunta ya está formalmente sobre la mesa.

Ahora le toca responder al OPLE.

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Ingenios: la historia que se repite


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Dicen en el puerto de Veracruz que las noticias son cíclicas: tarde o temprano terminan repitiéndose, aunque cambien los protagonistas, los funcionarios y hasta los discursos.

Y con los ingenios azucareros parece que la historia se empeña en demostrarlo.

Desde que tenemos memoria, allá por los años setenta, ya se escuchaban las mismas amenazas que ahora: que un ingenio estaba en crisis, que ya no era negocio, que los costos de operación eran insostenibles y que, de no recibir ayuda, tendría que cerrar sus puertas.

Por aquellos años, un poderoso industrial de la industria azucarera, propietario de varios ingenios, recurría a un argumento que hoy vuelve a sonar conocido: si el gobierno no intervenía y aportaba recursos, la empresa simplemente no podía continuar.

Y el gobierno terminaba entrando al quite.

Millones de pesos después, el ingenio seguía funcionando.

El problema era que, aparentemente, el dinero alcanzaba para apagar el incendio, pero no para cambiar las instalaciones eléctricas, renovar la maquinaria, mejorar los procesos productivos o realizar las inversiones necesarias para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Pasaba el tiempo y, como en una película que ya todos conocían, volvía la amenaza de cierre.

Otra vez la crisis.

Otra vez los trabajadores en incertidumbre.

Otra vez los productores de caña preocupados.

Otra vez el impacto económico para toda una región.

Y otra vez el gobierno obligado a intervenir.

Cincuenta años después, pareciera que solamente cambiaron los nombres.

Ahora, tras varias semanas de dimes y diretes, incertidumbre y preocupación entre trabajadores, productores y habitantes de Lerdo de Tejada, se anuncia que el Ingenio San Pedro continuará operando y realizará la próxima zafra.

El acuerdo alcanzado entre autoridades federales, el Gobierno de Veracruz y directivos de Grupo Porres habría permitido desactivar el anuncio de cierre que la empresa realizó a principios de agosto, argumentando inviabilidad económica.

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, confirmó que las negociaciones llegaron a buen puerto y aseguró que existe un ambiente de concordia y tranquilidad.

La noticia, desde luego, merece celebrarse.

Porque detrás de un ingenio no solamente están las paredes, las chimeneas y los molinos.

Está una cadena económica completa: trabajadores, productores de caña, transportistas, comerciantes, prestadores de servicios y cientos de familias que dependen directa o indirectamente de que la fábrica permanezca abierta.

Que el Ingenio San Pedro continúe operando es, por tanto, una buena noticia para Lerdo de Tejada y para toda la región.

Pero una cosa es apagar la emergencia y otra muy distinta resolver el problema.

Y ahí es donde comienza la verdadera discusión.

Porque si el ingenio estaba al borde del cierre por inviabilidad económica, la pregunta inevitable es: ¿qué va a cambiar ahora para que dentro de unos meses o unos cuantos años no volvamos a escuchar exactamente la misma amenaza?

¿Habrá un programa serio de modernización?

¿Se invertirán recursos para hacer más eficiente la producción?

¿Se establecerán compromisos concretos de inversión privada?

¿Habrá transparencia sobre los apoyos públicos que eventualmente se otorguen?

¿Se conocerán las causas financieras y operativas que llevaron a plantear el cierre?

Porque si la solución consiste únicamente en poner dinero público para que el ingenio pueda llegar a la siguiente zafra, estaremos frente a una solución temporal, no frente a una política industrial.

Y Veracruz ya conoce demasiado bien esa película.

Durante décadas, el Estado ha terminado funcionando como una especie de aseguradora de última instancia para empresas que enfrentan problemas estructurales. Cuando las cosas marchan bien, las ganancias son privadas; cuando aparecen las pérdidas y el riesgo de cierre amenaza con convertirse en un problema social, entonces aparece la mano pública.

Eso puede ser comprensible cuando se trata de proteger empleos y evitar un desastre económico regional.

Lo que resulta difícil de justificar es que cada rescate no venga acompañado de una estrategia para que el siguiente rescate ya no sea necesario.

Porque rescatar un ingenio una vez puede ser una emergencia.

Rescatarlo cada cierto tiempo puede convertirse en una costumbre.

Y cuando una costumbre se financia con dinero de los contribuyentes, entonces deja de ser solamente un asunto empresarial: se convierte en un asunto de interés público.

Por eso, más que festejar que el Ingenio San Pedro sobrevivió otra temporada, habría que preguntarnos qué se hará para que pueda sobrevivir por sí mismo.

La verdadera noticia no será que habrá zafra este año.

La verdadera noticia será que algún día podamos informar que un ingenio veracruzano es rentable, moderno, competitivo y capaz de mantenerse sin tener que tocar periódicamente las puertas de los gobiernos para pedir auxilio.

Porque, de lo contrario, estaremos condenados a seguir escuchando la misma historia.

Cambiarán los empresarios.

Cambiarán los gobernadores.

Cambiarán los secretarios.

Cambiarán los discursos.

Pero la amenaza de cierre seguirá siendo la misma.

Y, como siempre, al final terminará pagando la cuenta el mismo de siempre: el pueblo.

PANCHO LÓPEZ

Y como diría nuestro siempre oportuno Pancho López: “¡Pues qué bonito negocio: ¡cuando hay ganancias son de los dueños y cuando hay pérdidas, también son del gobierno!”

La caña podrá seguir creciendo, pero si seguimos sembrando rescates en lugar de inversiones, la cosecha será siempre la misma.

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Los 27 millones de la publicidad: ¿a quién se pagaron?

 


Radiografía del OPLE Veracruz

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Ya sabemos cuánto gastó el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en comunicación social y publicidad durante 2024.

Ahora viene la pregunta verdaderamente importante:

¿A quién se pagaron esos 27 millones 271 mil 75 pesos?

La cifra aparece en el informe financiero del propio OPLE y corresponde al gasto acumulado al 31 de diciembre de 2024 dentro del capítulo de Servicios Generales.

En ese ejercicio, el organismo reportó un gasto total de 343 millones 220 mil 546 pesos en Servicios Generales.

De esa cantidad, 27 millones 271 mil 75 pesos correspondieron a Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

La cifra equivale a prácticamente 8 de cada 100 pesos gastados en Servicios Generales.

No es la partida más grande.

Los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros representaron 195.84 millones de pesos.

Los arrendamientos sumaron 26.60 millones.

Los servicios de traslado y viáticos llegaron a 28.61 millones.

Pero los 27.27 millones destinados a comunicación social tienen una característica particular:

Se pueden seguir hasta llegar al proveedor.

Y eso es precisamente lo que vamos a hacer.

Ya hemos presentado una solicitud de información sobre el tema.

El presupuesto solamente es el principio

Hasta ahora hemos hablado de grandes cantidades.

Pero un presupuesto solamente nos dice cuánto se autorizó y cuánto se ejerció.

No nos dice por sí mismo quién ganó los contratos.

Para eso tenemos que bajar un nivel más.

Necesitamos conocer:

qué empresa o persona física prestó el servicio;

qué servicio proporcionó;

cuánto se contrató;

cuánto se pagó;

por cuánto tiempo;

mediante qué procedimiento de contratación;

quién autorizó el gasto;

y, finalmente, qué producto o servicio recibió el OPLE a cambio.

Porque decir que se gastaron 27.27 millones es solamente el comienzo.

La verdadera historia está en la distribución de esos millones.

Publicidad no es una sola cosa

También tendremos que evitar otra confusión.

Cuando hablamos de “publicidad” no necesariamente estamos hablando exclusivamente de anuncios en periódicos, radio, televisión o portales informativos.

La clasificación presupuestal de comunicación social puede involucrar diferentes servicios.

Por eso nuestra revisión incluirá, entre otros:

publicidad y difusión institucional;

campañas de comunicación social;

monitoreo de medios;

producción audiovisual;

diseño;

servicios digitales;

materiales de difusión;

transmisiones;

y otros servicios directamente relacionados con la estrategia de comunicación.

La propia Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE tiene entre sus atribuciones coordinar la estrategia integral de comunicación y la difusión de contenidos institucionales.

Por ello, cada contratación debe analizarse de acuerdo con el servicio específico que se pagó.

La pregunta que debemos responder

Aquí aparece una interrogante que merece toda nuestra atención:

¿El gasto de comunicación social se distribuyó entre numerosos proveedores o terminó concentrándose en unos cuantos?

Las dos posibilidades son perfectamente distintas.

Si encontramos decenas de proveedores con montos pequeños, tendremos una fotografía.

Si encontramos que una cantidad importante se concentró en unas cuantas empresas, tendremos otra.

Y si además esos mismos proveedores aparecen repetidamente durante varios ejercicios, la investigación adquiere una nueva dimensión.

No significa que exista una irregularidad.

Pero sí significa que existe una concentración que merece ser explicada.

¿Cómo se contrataron?

Hay otra pregunta fundamental:

¿Cómo fueron asignados esos contratos?

Una contratación mediante licitación pública no tiene las mismas características que una adjudicación directa.

La invitación a cuando menos tres proveedores también tiene reglas específicas.

Y una adjudicación directa puede ser perfectamente legal cuando se actualizan los supuestos previstos por la legislación.

Por eso no vamos a utilizar la palabra “irregular” simplemente porque encontremos una adjudicación directa.

Primero habrá que conocer el fundamento jurídico.

Después, el monto.

Luego, la justificación.

Y finalmente, el resultado.

El periodismo serio no necesita adjetivos cuando tiene documentos.

La política de racionalidad

Hay además un elemento que vuelve todavía más interesante esta revisión.

El propio OPLE ha establecido medidas de racionalidad del gasto y ha señalado criterios para evitar incrementos injustificados en determinados servicios, incluida la comunicación social y publicidad.

También ha planteado que las adquisiciones y servicios deben buscar mejores condiciones para el organismo.

Por eso, la pregunta resulta inevitable:

¿Cómo se aplicaron esos principios cuando se contrataron los servicios de comunicación?

La respuesta estará en los expedientes.

No en los discursos.

El siguiente paso

A partir de ahora nuestra investigación cambiará de metodología.

Ya no vamos a trabajar solamente con los informes presupuestales.

Vamos a construir una base de contratos y proveedores.

Comenzaremos con 2024.

Después incorporaremos 2025.

Y finalmente 2026.

Para cada contratación registraremos:

Proveedor.

Concepto.

Número de contrato.

Fecha.

Vigencia.

Monto contratado.

Monto pagado.

Procedimiento de contratación.

Área solicitante.

Y, cuando la documentación esté disponible:

producto o servicio entregado.

Al final podremos sumar los contratos por proveedor.

Y entonces sí tendremos una respuesta concreta a la pregunta que hoy dejamos abierta:

¿Quiénes recibieron los 27 millones 271 mil 75 pesos que el OPLE Veracruz ejerció en comunicación social y publicidad durante 2024?

Porque el dinero público tiene una característica muy particular.

Puede salir de una partida presupuestal.

Puede pasar por un contrato.

Puede llegar a una empresa.

Pero nunca deja de ser dinero de los ciudadanos.

Y los ciudadanos tienen derecho a saber quién lo recibió.

Continuará.

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¿Es caro o barato el árbitro electoral?


Radiografía del OPLE Veracruz

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Después de cuatro entregas, ya sabemos algo que parecía sencillo pero que no lo es tanto: hablar del presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz como una sola cifra puede llevarnos a conclusiones equivocadas.

Una parte corresponde a la operación institucional.

Otra a la organización de los procesos electorales.

Y otra, muy importante, al financiamiento público de los partidos políticos.

Ahora toca dar un paso más.

Porque saber cuánto gasta Veracruz no es suficiente.

La verdadera pregunta es:

¿Cómo se compara ese gasto con el de otros estados?

Aquí comienza una comparación que debe hacerse con cuidado. No tendría sentido enfrentar, por ejemplo, el presupuesto de un organismo electoral de una entidad pequeña con el de Veracruz sin considerar población, padrón electoral, número de municipios, cargos en disputa y tipo de elección.

Sería como comparar el presupuesto de un hospital rural con el de un centro médico nacional y concluir que uno es más caro simplemente porque tiene más empleados.

En materia electoral ocurre algo parecido.

Veracruz tiene una dimensión electoral considerable

Veracruz es una de las entidades con mayor población del país y cuenta con un padrón electoral de varios millones de ciudadanos.

Además, tiene 212 municipios, lo que representa una estructura territorial considerable para cualquier elección local.

Eso tiene consecuencias presupuestales.

Organizar una elección municipal en Veracruz no significa instalar solamente unas cuantas oficinas en la capital.

Implica desplegar infraestructura electoral en cientos de municipios, contratar y capacitar personal, distribuir documentación, instalar consejos, trasladar materiales, operar sistemas y coordinar una estructura que debe funcionar prácticamente en todo el territorio estatal.

Por eso sería injusto afirmar, solamente a partir del monto global, que el OPLE Veracruz es caro.

Pero también sería un error utilizar el tamaño de Veracruz como explicación automática para cualquier nivel de gasto.

La comparación debe hacerse con números.

El tamaño importa, pero no lo explica todo

El propio OPLE está obligado a reportar periódicamente su información financiera y presupuestal conforme a las disposiciones de contabilidad gubernamental y fiscalización. Sus informes permiten conocer el presupuesto aprobado, modificado, devengado y pagado.

Ese nivel de información nos permite construir indicadores mucho más útiles que el simple monto total.

Por ejemplo:

Presupuesto por elector.

Presupuesto por municipio.

Presupuesto operativo por elector.

Costo del proceso electoral por ciudadano.

Financiamiento público por elector.

Y, eventualmente:

Costo por voto emitido.

Estos indicadores permiten comparar entidades de tamaños diferentes.

El problema de las comparaciones fáciles

Hay una tentación muy común en el análisis político: tomar el presupuesto de un organismo y compararlo con el de otro.

Si Veracruz tiene 665 millones y otro estado tiene 400 millones, pareciera evidente que Veracruz gasta más.

Pero esa comparación no dice prácticamente nada.

Lo importante sería saber cuántos electores tiene cada entidad, cuántos municipios administra electoralmente, qué elección está organizando, cuántos cargos están en disputa y cuánto de ese presupuesto corresponde a prerrogativas partidistas.

Sólo entonces podemos empezar a hablar de eficiencia.

Porque una cosa es gastar más.

Y otra muy distinta es gastar más por cada ciudadano atendido o por cada proceso organizado.

2026 ofrece una oportunidad excepcional

El ejercicio 2026 resulta particularmente interesante porque el presupuesto del OPLE Veracruz descendió considerablemente respecto de 2025.

El presupuesto aprobado quedó en 665 millones 731 mil 84 pesos.

Posteriormente, el organismo redistribuyó los recursos y ajustó diversas partidas.

En esa redistribución quedaron alrededor de 250.37 millones de pesos para servicios personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para servicios generales, además de 264.04 millones para prerrogativas de los partidos políticos.

El propio OPLE informó que el ajuste significó reducciones cercanas al 50 por ciento en 104 partidas.

Este dato merece especial atención.

Porque si una institución puede ajustar de manera tan significativa una cantidad importante de partidas y continuar funcionando, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió.

¿Se trataba de gastos estrictamente necesarios que ahora tendrán que reducirse?

¿Eran previsiones que finalmente no se utilizarán?

¿O durante los años electorales existen gastos que, aunque legales, podrían revisarse con criterios de mayor austeridad?

No afirmamos una respuesta.

La estamos buscando.

La comparación que realmente importa

Por eso, en Bitácora Política proponemos cambiar la pregunta.

No queremos saber simplemente:

¿Qué OPLE gasta más?

Queremos saber:

¿Qué OPLE obtiene mejores resultados con los recursos que recibe?

Y para eso tendremos que comparar variables homogéneas.

Presupuesto aprobado.

Presupuesto ejercido.

Padrón electoral.

Lista nominal.

Número de municipios.

Número de cargos.

Participación ciudadana.

Gasto operativo.

Prerrogativas.

Y, cuando sea posible, costo efectivo de cada proceso electoral.

Sólo entonces podremos determinar si Veracruz se encuentra dentro de un rango razonable o si existen diferencias que merecen explicación.

La democracia también necesita eficiencia

Hay algo que no debe perderse de vista.

La austeridad no significa debilitar las instituciones electorales.

Un organismo electoral sin recursos suficientes tampoco puede garantizar elecciones confiables.

La democracia necesita árbitros fuertes, profesionales e independientes.

Pero independencia no significa ausencia de controles.

Y autonomía tampoco significa que el dinero público pueda gastarse sin que nadie pregunte.

El OPLE tiene una responsabilidad doble.

Por un lado, garantizar elecciones confiables.

Por otro, demostrar que los recursos que recibe se utilizan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La propia estructura institucional contempla mecanismos de fiscalización y control interno para verificar el ejercicio del gasto y el cumplimiento de las normas aplicables.

Por eso, pedir cuentas no significa estar contra el OPLE.

Significa tomar en serio su función.

La pregunta queda abierta

Después de cinco entregas, nuestra investigación ha llegado a un punto interesante.

Ya sabemos que el presupuesto cambia radicalmente según el calendario electoral.

Ya sabemos que una parte importante de los recursos corresponde a los partidos.

Ya sabemos que el gasto operativo puede aumentar considerablemente durante los procesos electorales.

Y ahora sabemos que no basta comparar cifras absolutas.

Hay que medirlas contra resultados.

Por eso la última entrega de esta primera serie será quizá la más importante.

No hablaremos solamente de cuánto cuesta la democracia.

Hablaremos de qué obtenemos a cambio de ese dinero.

Porque la pregunta final no es si el OPLE Veracruz gasta mucho o poco.

La pregunta verdadera es mucho más incómoda:

¿Cada peso que gastamos en democracia produce la democracia que los ciudadanos merecen?

Esa respuesta no la puede proporcionar un discurso institucional.

Tendrán que proporcionarla los números.

Continuará.

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