En México, quien maneja una caja chica debe comprobar hasta el último peso. Un tesorero municipal, un administrador o un funcionario de nivel medio saben que cualquier irregularidad puede derivar en observaciones, sanciones e incluso responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, existe una paradoja que raya en el absurdo: quienes administran instituciones de las que dependen miles de vidas rara vez responden por los resultados de su gestión.
Tal pareciera que el dinero público vale más que la vida de los ciudadanos.
Cuando un puente se cae, cuando una carretera queda inconclusa o cuando una obra presenta fallas, se anuncian investigaciones, auditorías y deslindes de responsabilidades. Pero cuando un paciente con cáncer espera meses por un tratamiento; cuando una cirugía se pospone una y otra vez; cuando faltan medicamentos, especialistas o equipo médico, la explicación suele reducirse a una frase burocrática: "se están revisando los procedimientos".
Mientras tanto, el reloj biológico de la enfermedad no espera.
Cada día de retraso puede representar una oportunidad perdida para salvar una vida. Y, sin embargo, casi nunca conocemos el nombre del funcionario que asumió la decisión, autorizó el recorte, dejó vacante una plaza o permitió que la ineficiencia se convirtiera en política pública.
En el IMSS, como en muchas instituciones del Estado mexicano, el problema ya no puede explicarse únicamente por la falta de presupuesto. También debe hablarse de planeación, administración, supervisión y capacidad de respuesta. Porque una institución puede disponer de recursos y, aun así, fracasar cuando la conducción es deficiente.
Gobernar no debería significar administrar el poder sin consecuencias. Quien acepta dirigir una dependencia pública también debería aceptar responder por los efectos de sus decisiones. No solo por el manejo del dinero, sino por el impacto que esas decisiones tienen en la vida de las personas.
Quizá ha llegado el momento de replantear el concepto de responsabilidad pública. No basta con entregar un informe de labores o presentar una renuncia cuando la crisis estalla. La rendición de cuentas debe ir más allá del discurso y alcanzar a quienes toman las decisiones que afectan derechos fundamentales, como el acceso a la salud.
Porque administrar recursos públicos es una enorme responsabilidad. Pero administrar la salud de millones de mexicanos implica una obligación todavía mayor.
Tal vez por eso, antes de gobernar, habría que exigir algo más que un currículum, un discurso o una promesa de campaña. Habría que exigir compromiso, capacidad y la disposición de responder por las consecuencias de cada decisión.
De lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde las responsabilidades se diluyen entre oficios, comunicados y conferencias de prensa, mientras las familias cargan con pérdidas que nunca debieron ocurrir.
