El INE pospone las reglas mientras los partidos ya juegan el partido.
Por Miguel Ángel Cristiani G
Cuando la autoridad electoral aplaza las reglas para frenar los actos anticipados de campaña, no gana tiempo: pierde autoridad. Y cuando la ley llega después de la política, la democracia siempre termina pagando la factura.
Hay una vieja máxima en el derecho que dice que la justicia tardía deja de ser justicia. En materia electoral ocurre exactamente lo mismo: las reglas tardías dejan de ser reglas.
Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando, en medio de visibles diferencias entre sus integrantes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió aplazar la discusión sobre los lineamientos que pretenden regular las llamadas "pre-precampañas", esa ingeniosa figura política que no existe en la ley, pero que todos practican.
La decisión es mucho más grave de lo que parece.
Porque mientras los consejeros discuten cómo definirlas, los partidos ya las están realizando.
Y mientras el árbitro analiza el reglamento, los jugadores ya comenzaron el partido.
Desde hace varios procesos electorales la política mexicana inventó una nueva especialidad: hacer campaña sin decir que es campaña.
Ya no se pide el voto.
Ahora se "dialoga con la militancia".
No se promociona un candidato.
Se "fortalece el liderazgo".
No se recorren municipios para posicionarse.
Se realizan "asambleas informativas".
No se colocan espectaculares con fines electorales.
Se "difunden logros personales".
El lenguaje cambió.
La intención jamás.
Todos saben para qué sirven esas giras, esos videos, esas entrevistas, esas reuniones y esos espectaculares.
Todos saben quién aspira.
Todos saben quién busca posicionarse.
Lo único que falta es que alguien tenga el valor de reconocer que se trata de campañas disfrazadas.
Y ahí es donde el INE y el OPLE Veracruz parecen caminar siempre un paso detrás de la realidad.
No es un problema nuevo.
Desde hace años la autoridad electoral ha venido perdiendo capacidad para anticiparse a las nuevas formas mediante las cuales los partidos burlan la legislación.
Primero fueron los informes legislativos.
Después los informes de gobierno.
Más tarde aparecieron las asociaciones civiles.
Luego las giras nacionales.
Ahora llegan las "pre-precampañas".
La creatividad para evadir la ley avanza mucho más rápido que la capacidad institucional para impedirlo.
El problema no es únicamente jurídico.
Es profundamente político.
Porque la competencia electoral deja de ser equitativa cuando algunos actores pueden recorrer el país durante meses construyendo imagen pública antes de que oficialmente inicie el proceso.
Cuando finalmente comienza la campaña legal, unos llegan con meses —o años— de ventaja, mientras otros apenas pueden empezar a darse a conocer.
La cancha deja de estar pareja.
Y una democracia donde la competencia es desigual termina debilitando la confianza ciudadana.
Lo más preocupante es el mensaje institucional.
El INE nació precisamente para garantizar certeza.
Para ofrecer reglas claras.
Para evitar que el poder político se adelantara a la ley.
Sin embargo, el aplazamiento de estos lineamientos transmite exactamente lo contrario.
Da la impresión de que la autoridad sigue reaccionando ante los hechos consumados.
La democracia necesita árbitros que prevengan.
No notarios que documenten las infracciones cuando ya ocurrieron.
Más aún porque la Constitución establece con claridad los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad como ejes rectores de la función electoral.
Cuando las reglas se discuten después de iniciadas las estrategias políticas, el principio de certeza comienza a erosionarse.
Y sin certeza jurídica aparecen la discrecionalidad y la sospecha.
Lo paradójico es que prácticamente todos los partidos dicen defender la legalidad electoral.
Pero todos encuentran la forma de caminar exactamente por el borde de la ley sin terminar de cruzarla.
La simulación terminó convirtiéndose en método de competencia.
Ya nadie rompe las reglas.
Simplemente las estira hasta donde permiten.
Y cuando ya no alcanzan, inventan una nueva figura política para seguir adelantándose.
No se necesita reformar nuevamente la legislación cada vez que aparezca una modalidad distinta de promoción política.
Se necesita voluntad para aplicar el espíritu de la ley, no únicamente su redacción literal.
Porque el ciudadano común distingue perfectamente cuándo alguien está haciendo campaña, aunque la propaganda diga que se trata de una simple reunión informativa.
La inteligencia de los electores suele ser mucho mayor que la imaginación de los estrategas políticos.
El verdadero riesgo no consiste en que existan "pre-precampañas".
El verdadero riesgo es que la autoridad termine normalizando que la ley siempre llegue tarde.
Porque cuando el árbitro decide discutir las reglas después de iniciado el juego, deja de conducir el partido para convertirse en un simple espectador.
3 principios fundamentales quedan bajo presión: legalidad, certeza y equidad, pilares constitucionales que deben regir toda contienda electoral y que se ven comprometidos cuando la promoción política se adelanta a la regulación.
Las reformas electorales de 2007 y 2014 buscaron cerrar espacios a la propaganda anticipada y garantizar condiciones equitativas para todos los contendientes. Sin embargo, cada proceso electoral ha dado origen a nuevas formas de promoción política que aprovechan vacíos normativos antes de que la autoridad logre responder.
Si todos saben que las "pre-precampañas" son campañas adelantadas, ¿qué está esperando la autoridad electoral el INE y el OPLE Veracruz a nivel local para llamarlas por su nombre?
Cuando el árbitro aplaza las reglas, los tramposos no esperan: simplemente toman ventaja.
