* 45 millones de pesos, 48 horas y las preguntas que el gobierno todavía debe responder
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay decisiones de gobierno que, más allá de su impacto mediático, dejan una estela de preguntas que ninguna estrategia de comunicación alcanza a disipar.
El concierto del DJ neerlandés Martin Garrix en la Macroplaza del puerto de Veracruz fue, sin duda, un éxito de convocatoria. Miles de personas disfrutaron del espectáculo, los hoteles reportaron buena ocupación y las autoridades celebraron el evento como una muestra de que Veracruz puede albergar espectáculos internacionales.
Hasta ahí, nadie tendría motivo para objetar.
El problema comienza cuando el espectáculo termina y aparece el expediente administrativo.
La información difundida sobre la contratación señala un monto de 45.4 millones de pesos y un procedimiento formalizado apenas 48 horas antes del evento, mediante adjudicación directa. No es un detalle menor. Es precisamente el tipo de decisiones que, por su cuantía y oportunidad, exigen la mayor transparencia posible.
Las leyes de adquisiciones contemplan excepciones a la licitación pública. Existen casos en los que la adjudicación directa puede ser legal y procedente. Sin embargo, cuando se trata de recursos públicos por decenas de millones de pesos, la legalidad no basta por sí sola: también es indispensable que exista una explicación clara, completa y accesible para la ciudadanía.
Porque aquí la pregunta no es si Martin Garrix merece cobrar lo que cobra. Ése es el valor que fija el mercado del entretenimiento internacional.
La verdadera pregunta es otra:
¿Por qué un contrato de esta magnitud terminó formalizándose apenas dos días antes del espectáculo?
Los conciertos de talla internacional no se organizan de un día para otro. Requieren negociaciones, logística, permisos, producción, transporte, hospedaje, seguridad, montaje y promoción que normalmente comienzan con meses de anticipación.
Si la planeación inició con suficiente tiempo, ¿por qué el procedimiento administrativo se resolvió hasta el final?
Y si realmente se tomó la decisión apenas unos días antes, entonces la interrogante es todavía más delicada: ¿qué circunstancias justificaron actuar con esa premura?
El dinero utilizado no pertenece al gobierno en turno.
Pertenece a los contribuyentes.
Cada peso que sale del erario lleva implícita una obligación de rendir cuentas.
En una democracia, la transparencia no debe ser una reacción ante la crítica; debe formar parte natural de la administración pública. Los expedientes de contratación, las justificaciones legales, los dictámenes técnicos y los criterios para determinar el monto contratado tendrían que estar disponibles para cualquier ciudadano interesado en conocerlos.
Eso no debilita al gobierno.
Lo fortalece.
Lo contrario alimenta inevitablemente las sospechas, aun cuando el procedimiento hubiera sido plenamente legal.
Ésa es la paradoja de la administración pública: muchas veces el problema no nace de una irregularidad comprobada, sino de la falta de información suficiente para disipar las dudas.
Y cuando la información llega a cuentagotas, las redes sociales terminan llenando el vacío con especulaciones.
En política existe una máxima que nunca pierde vigencia:
La confianza tarda años en construirse y apenas unos minutos en ponerse en duda.
Por eso el debate no debería concentrarse en el artista, ni en el escenario, ni siquiera en el éxito del espectáculo.
El verdadero tema es la transparencia.
Porque cuando un contrato público de 45.4 millones de pesos genera más preguntas que respuestas, el espectáculo deja de estar sobre el escenario y se traslada inevitablemente al escritorio donde se firmó el expediente.
Y en materia de gobierno, pocas cosas resultan más costosas que la percepción de que las excepciones terminan convirtiéndose en la regla.
Bitácora Final
La ciudadanía no cuestiona que existan espectáculos de primer nivel. Lo que exige es saber, con claridad y sin reservas, cómo se decidió gastar su dinero. La transparencia no cancela los conciertos; los legitima. En una administración pública moderna, el mejor aplauso no siempre proviene del público frente al escenario, sino de la confianza que inspira un expediente abierto al escrutinio ciudadano.
