Por Miguel Angel Cristiani G.
Hay comparecencias que se olvidan al día siguiente y otras que, sin aspavientos ni fuegos artificiales, obligan a detenerse y mirar con lupa. La de la maestra Delia Cobos González, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), pertenece a esta segunda categoría. No por el tono —institucional, sobrio— sino por el peso específico de los datos y, sobre todo, por lo que revelan: que la rendición de cuentas puede ser algo más que una consigna repetida en discursos oficiales.
En un país donde la fiscalización suele naufragar entre la simulación, el burocratismo y la impunidad, escuchar cifras claras, procesos definidos y resultados medibles no es menor. Es, de hecho, una rareza. Y las rarezas, cuando son virtuosas, merecen análisis crítico, no aplausos automáticos.
El Procedimiento de Fiscalización Superior, como lo explicó la titular del ORFIS ante el Congreso del Estado, no es un ritual administrativo vacío. Es una ruta técnica que atraviesa planeación, ejecución de auditorías, comprobación, integración de informes, investigación y substanciación. Todo ello bajo principios que deberían ser obvios, pero que en la práctica suelen ser letra muerta: legalidad, imparcialidad, definitividad y confiabilidad.
Los números hablan. En 2025 se integró un Programa Anual de Auditorías con 1,396 revisiones, un incremento del 15 por ciento respecto a 2024. No es un dato ornamental: más auditorías significan mayor cobertura, más revisión y menos espacios para la discrecionalidad. Al concluir el procedimiento, se determinó un presunto daño patrimonial en 223 entes fiscalizables por más de 2 mil 372 millones de pesos. Otros 311 entes presentaron inconsistencias administrativas. No se trata de acusaciones al aire: son observaciones técnicas sustentadas en documentación revisada.
Aquí conviene detenerse. El daño patrimonial no es sinónimo automático de culpabilidad penal, pero sí de responsabilidad administrativa y, eventualmente, legal. La diferencia entre una fiscalización seria y una simulada está en lo que sigue después. Y es ahí donde el ORFIS, bajo esta gestión, ha marcado distancia.
De las 1,773 investigaciones iniciadas por presunto daño patrimonial, sólo 309 continúan en proceso. Un avance del 83 por ciento. Traducido: expedientes que no se empolvan, procedimientos que no se congelan, decisiones que no se postergan indefinidamente. Esto se reflejó en 1,985 actuaciones y 1,192 actividades jurídicas y de investigación, en coordinación con diversas instancias. La fiscalización, cuando es real, es trabajo arduo y poco lucidor. Aquí hay constancia de ello.
Más aún: durante esta gestión se han interpuesto 181 denuncias que representan un daño patrimonial superior a 942 millones de pesos, dentro de un universo histórico de 361 denuncias por más de 35 mil millones. El dato clave no es sólo el monto, sino la coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que ha permitido depurar expedientes y avanzar en la judicialización de carpetas. En un entorno donde las fiscalías suelen ser el cuello de botella, esta colaboración no es un detalle menor.
La recuperación de recursos es otro indicador incómodo para quienes prefieren la retórica a los resultados. En la etapa de solventación se han recuperado más de 2 mil 176 millones de pesos de cuentas públicas entre 2011 y 2024. En la etapa de investigación, desde noviembre de 2021, otros 183 millones. El dinero público que regresa a su cauce no es un favor del funcionario; es una obligación constitucional.
Nada de esto ocurre por generación espontánea. Hay detrás un Plan Estratégico 2019-2026, con tres ejes claros: fiscalización como instrumento de mejora, combate a la corrupción con vinculación efectiva y gestión pública de calidad. Hay también sistemas desarrollados por el propio ORFIS, registrados como propiedad intelectual, y una apuesta por la profesionalización del capital humano. Sin estructura, sin método y sin personal capacitado, la fiscalización es puro teatro.
¿Es perfecto el sistema? No. ¿Se erradicó la corrupción? Tampoco. Pero hay una diferencia sustancial entre quien administra inercias y quien construye procesos. La comparecencia de Delia Cobos no fue un ejercicio de autoelogio, sino una rendición de cuentas con datos verificables, documentos entregados en tiempo y procedimientos activados conforme a la ley.
En tiempos donde la desconfianza ciudadana es justificada, la fiscalización efectiva no debe ser vista como excepción, sino como exigencia permanente. El reto no es menor: sostener estos avances, blindarlos de vaivenes políticos y garantizar que el trabajo técnico no sea rehén del cálculo electoral. La rendición de cuentas no admite treguas ni discursos huecos. O se ejerce con rigor, o se traiciona al ciudadano. Aquí, al menos, hay señales claras de que se está haciendo lo primero.
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