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La violencia que elegimos ejercer


Por Angélica Cristiani M.

Veracruz aprendió demasiado pronto el lenguaje de la violencia.

Aquí el periodismo conoce el miedo con nombre y apellido. Conoce las llamadas de madrugada, las amenazas disfrazadas de “consejos”, el desprecio institucional, la censura económica, la estigmatización pública y, en demasiados casos, el asesinato. La libertad de expresión en este estado no es una teoría universitaria; es una conquista que ha costado vidas.

Por eso resulta doloroso observar que, mientras seguimos exigiendo respeto para el ejercicio periodístico, desde dentro del propio gremio también se alimentan otras formas de violencia.

Existe una violencia evidente: la que ejercen algunos funcionarios cuando desacreditan, humillan o intentan silenciar a periodistas incómodos. Esa violencia existe, debe denunciarse y jamás normalizarse.

Pero existe otra que rara vez nombramos porque incomoda más: la violencia que nace desde nuestras propias redacciones.

La que convierte a jóvenes reporteros en soldados de guerras ajenas.

La que utiliza la necesidad económica de quienes apenas comienzan para transformarlos en instrumentos de campañas de desprestigio.

La que enseña que una columna no debe buscar la verdad, sino el golpe más rentable.

La que confunde investigación con venganza.

La que transforma la crítica en mercancía y el periodismo en un negocio de resentimientos.

No es periodismo.

Es instrumentalización.

Y quizá esa sea una de las formas más perversas de violencia profesional: asesinar primero la conciencia antes que la carrera.

Conocí a Max Hernández durante un curso impartido por algunos de mis maestros de periodismo en la Universidad de Xalapa. Mi impresión personal fue la de alguien más preocupado por hacerse notar que por aprender. Después supe que impartía clases en esa misma universidad y, más que sorprenderme, me preocupó. No porque un mal maestro condene el futuro de una generación; todos hemos sobrevivido a docentes que terminaron enseñándonos, precisamente, lo que nunca debemos ser. Lo verdaderamente preocupante es cuando esa manera de entender el periodismo encuentra eco fuera del aula.

Lo digo por los constantes señalamientos que ha dirigido recientemente hacia la administración de Daniela Griego. Porque sí: el periodismo está obligado a cuestionar al poder. Está para investigar, documentar, contrastar y denunciar cuando existen abusos, corrupción o malos manejos. Esa es su razón de ser.

Lo que me provoca horror es otra cosa: atacar desde la ocurrencia, desde la opinión disfrazada de investigación o desde la simple autoridad que pretende otorgar una credencial de periodista. Una firma no sustituye las pruebas. Un micrófono no reemplaza la evidencia. Y una publicación viral nunca será equivalente a una investigación seria.

Los principios éticos no dependen de un título universitario.

La ética no se gradúa.

No la entrega una cédula profesional ni un diploma colgado en la pared.

Se demuestra cuando nadie está mirando.

Cuando publicar una mentira resulta más rentable que verificar un dato.

Cuando un periodista comprende que una sola línea puede destruir una reputación, alterar una elección, fracturar una institución o sembrar odio donde antes había dudas legítimas.

El problema es que hemos comenzado a normalizar la violencia porque ya no siempre tiene forma de bala.

A veces tiene forma de encabezado.

De filtración.

De campaña coordinada.

De publicación sin contexto.

De linchamiento digital.

Y cada vez que eso ocurre, el periodismo pierde una parte de la autoridad moral con la que después exige respeto para sí mismo.

Tampoco ayuda que esos golpes se conviertan en combustible para las redes sociales. Basta que alguien publique una descalificación sin sustento para que aparezca el desfile de oportunistas dispuestos a subirse al tren del mame. Ya no importa si la información es cierta; importa quién consigue más reacciones. Ya no interesa abrir una discusión pública informada; basta con fabricar un enemigo común para obtener unos cuantos aplausos digitales.

Y ahí está el verdadero riesgo.

Porque cuando el periodismo sustituye la investigación por el linchamiento, deja de informar y comienza a fabricar turbas.

Las turbas no verifican.

No contrastan.

No escuchan.

Solo repiten.

Y una sociedad que aprende a repetir antes que a pensar termina siendo mucho más fácil de manipular.

No podemos exigir que cesen las agresiones contra la prensa mientras celebramos las agresiones que nacen desde la propia prensa.

La congruencia también es una forma de proteger la libertad de expresión.

En un estado donde ejercer el periodismo ha costado vidas, deberíamos ser los primeros en rechazar cualquier forma de violencia, incluso aquella que produce aplausos, seguidores o tendencias.

Porque la credibilidad del periodismo no muere cuando un gobierno intenta censurarlo.

Empieza a morir cuando el propio periodista descubre que es más rentable provocar que investigar, más fácil destruir que demostrar y más cómodo sumarse al tren del mame que sostener el peso de la verdad.

Y el día que confundamos los aplausos de una turba con el reconocimiento de la sociedad, ese día no habrá perdido un gobierno, ni un funcionario, ni un periodista. Habremos perdido todos. Porque sin periodismo ético no existe ciudadanía informada; solo ruido. Y una democracia construida sobre el ruido siempre termina escuchando al más estridente, nunca al que tiene la razón.

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El periodismo que todavía tiene alma

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En tiempos en que la información se consume a la velocidad de un clic y las redes sociales han convertido la tragedia humana en mercancía digital, resulta reconfortante comprobar que todavía existen periodistas capaces de hacer periodismo con alma. Porque informar no es solamente contar hechos; es también comprender el dolor ajeno, darle contexto y, cuando es posible, contribuir a transformar realidades.

No acostumbro abordar asuntos personales en esta columna. He procurado siempre mantener una prudente distancia entre la vida privada y el ejercicio periodístico. Sin embargo, en esta ocasión hago una excepción por una razón que trasciende el ámbito familiar y se instala en el terreno de los principios que deben guiar al periodismo.

Este día, mi hija menor, Angélica Cristiani Mantilla, recibió un reconocimiento de la Asociación de Comunicadores Veracruzanos (ACOVER) por su trabajo periodístico con sentido humano. Y si algo merece ser destacado públicamente, es precisamente la reivindicación de un periodismo que coloca a las personas en el centro de la noticia.

Entre los trabajos que le valieron esta distinción está la historia de una mujer que vivía en condición de calle. Después de ser entrevistada y de darse a conocer su situación, el DIF municipal intervino para brindarle refugio y atención. Su vida cambió radicalmente. No fue una nota para obtener miles de reproducciones en internet ni un ejercicio de exhibicionismo mediático. Fue periodismo con utilidad social.

Pero ese caso es apenas un ejemplo. Pocos periodistas poseen la sensibilidad, la capacidad narrativa y la disciplina profesional para construir historias con profundo sentido humano. La prisa por publicar, la competencia por la primicia y la búsqueda de notoriedad han ido desplazando el valor esencial de escuchar y comprender a las personas.

Por eso adquiere especial relevancia el reconocimiento entregado por la Asociación de Comunicadores Veracruzanos. Desde su fundación, hace más de una década, la ACOVER estableció en sus estatutos la organización de un concurso periodístico, cuyos trabajos serían evaluados por jurados externos. Casi medio centenar de trabajos fueron analizados y calificados.

Fue hasta este año, bajo la presidencia del también destacado periodista Luis Domínguez, cuando finalmente se concretó este propósito institucional. Más vale tarde que nunca. Porque las asociaciones de periodistas no pueden limitarse a emitir posicionamientos o a tomarse la fotografía de ocasión. Deben también reconocer el mérito, estimular el buen periodismo y dignificar un oficio que atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

Y es aquí donde la celebración inevitablemente se encuentra con la amarga realidad.

En los últimos tres años, tres integrantes de la propia asociación han sufrido saqueos en sus domicilios. Se llevaron computadoras, equipos de trabajo y herramientas indispensables para ejercer la profesión. Y el panorama es aún más sombrío si recordamos la larga y dolorosa lista de periodistas asesinados o desaparecidos en Veracruz y en México.

Las autoridades responden casi siempre de la misma manera: anuncian la apertura de carpetas de investigación. La expresión se ha convertido en un ritual burocrático que pretende sustituir a la justicia. Se abre una carpeta, se ofrece una declaración, se promete una investigación exhaustiva y después sobreviene el silencio. El expediente se archiva en la práctica y la impunidad sigue su marcha.

La agresión contra un periodista no es únicamente un ataque individual. Es un atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada. Cada reportero silenciado representa una historia que deja de contarse y una verdad que queda sepultada.

Por eso tiene valor reconocer a quienes todavía creen en el periodismo como un servicio público y un compromiso ético con los demás. Porque ejercer este oficio con sensibilidad, rigor y humanidad es hoy un acto de resistencia.

Mientras el Estado siga administrando expedientes en lugar de impartir justicia, los mecanismos de protección para periodistas no serán más que costosos adornos burocráticos colocados sobre las tumbas, las desapariciones y el miedo.

¡ F e l i c i t a c i o n e s !

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"Yo si tengo prisa"...



* La frase que ganó vitrina propia en el museo nacional del cinismo político.

Por Angélica Cristiani

Hay escenas que duran segundos, pero retratan décadas enteras.

Hay políticos que chocan vehículos; otros chocan con la realidad. Ana Miriam Ferráez parece haber logrado ambas cosas, según el video difundido en redes donde se le observa tras un percance vial con un motociclista en Xalapa. La frase que quedó flotando como bache moral fue esa joya de clasismo portátil: “yo sí tengo prisa”. Como si el trabajador atropellado por la rutina y presuntamente por la reversa, viviera en el lujo tropical de no tener compromisos, hambre, horarios ni cuentas por pagar.

Una camioneta de lujo echándose en reversa en una calle angosta de Xalapa.

Un motociclista intentando defender su herramienta de trabajo.

Una diputada federal diciendo:

“Yo sí tengo prisa”.

Y de pronto, México entero resumido en una sola frase.

Porque mientras algunos viven corriendo detrás del poder, millones de ciudadanos corren detrás de la renta, del recibo de luz, de la colegiatura, de las medicinas, del último pedido del día para poder cenar. El motociclista no era solamente un motociclista: era el rostro cansado de este país que trabaja incluso enfermo, incluso triste, incluso roto.

Por eso indignó tanto.

No fue solo el golpe.

Fue el desprecio.

La sensación amarga de ver cómo ciertos funcionarios olvidan que llegaron al poder porque hubo gente abajo empujando sus campañas, pegando lonas, creyendo discursos, regalándoles algo muchísimo más valioso que un voto: la esperanza.

Dicen las abuelas que “el que se sube al ladrillo se marea”. Y algo pasa en la política mexicana que muchos llegan caminando entre la gente y terminan mirando al ciudadano como si fuera tráfico estorbando su camino.

Ana Miriam Ferráez, por desgracia, no apareció ayer. Ha sido diputada local dos veces, en ambos periodos no logró conocer el Reglamento de Tránsito y hoy ocupa una diputación federal. Ha hablado de derechos, de transformación, de cercanía con la gente. Pero la política tiene una costumbre peligrosa: confundir los discursos con las virtudes.

Porque se puede llenar una tribuna de palabras hermosas y aun así vaciarse por dentro de empatía.

Y ahí estuvo la verdadera reversa:

no la de la camioneta,

sino la de la dignidad pública.

El Reglamento de Tránsito de Veracruz establece que quien circula en reversa debe hacerlo con seguridad, cediendo el paso y sin interferir el tránsito. Pero más allá de los artículos y las sanciones, hay algo todavía más importante que cualquier ley escrita: la conciencia de que un cargo público obliga a comportarse mejor, no peor.

Porque representar ciudadanos no es un privilegio aristocrático.

Es una responsabilidad moral.

Y mientras tanto Veracruz vuelve a ser noticia nacional…otra vez por sus políticos.

Qué tristeza tan profunda para este estado.

Porque hay gente levantándose todos los días para defender el nombre de Veracruz desde la cultura, desde el arte, desde las aulas, desde los cafés, desde los mercados, desde las cocinas, desde los pequeños negocios que sobreviven a puro corazón. Hay jóvenes tratando de cambiar la narrativa de un estado históricamente golpeado por la corrupción y la violencia.

Y luego aparece una des-funcionaria protagonizando un episodio de ignorancia pública y todo el esfuerzo colectivo vuelve a llenarse de lodo.

Porque no importa cuánto perfume se ponga una casa si la humedad viene desde adentro.

Y la humedad ya se nota.

Se nota en los políticos reciclados.

En los cargos heredados como si fueran apellidos.

En las suplencias cuestionadas.

En los portales de transparencia llenos de sombras. Porque sí: la transparencia sigue siendo un cuarto oscuro con foco fundido.

En la costumbre de rendirle pleitesía al poderoso mientras se ignora al ciudadano.

Muchos políticos se arrastran tanto para quedar bien con quienes están arriba que olvidan algo elemental: sus verdaderos superiores somos nosotros. 

El pueblo.

La señora que vende tamales.

El joven que reparte comida.

El maestro que toma dos camiones.

La enfermera agotada.

La madre soltera.

El jubilado.

La estudiante.

La gente que sostiene este país mientras otros solamente administran el presupuesto.

Por eso este caso duele más de lo que parece.

Porque no estamos viendo únicamente una infracción vial.

Estamos viendo la consecuencia de años de indiferencia ciudadana, de votar sin revisar trayectorias, de normalizar el cinismo y resignarnos al “todos son iguales”.

Y no.

No todos deberían ser iguales.

Elegir gobernantes no debería parecerse a escoger el menos peor en una boleta cansada. Debería ser uno de los actos más serios de una sociedad democrática. Informarse, revisar antecedentes, exigir transparencia, observar cómo se comportan cuando nadie los está aplaudiendo… todo eso importa.

Porque el voto no es una selfie.

No es una porra.

No es un favor personal.

Es entregarles el volante de nuestra vida pública.

Tal vez por eso esta historia permanecerá más tiempo del que imaginan. No por el golpe a una motocicleta, sino porque simboliza perfectamente el momento en que muchos ciudadanos entendieron algo doloroso: que hay políticos que aprendieron a llegar al poder arrastrándose hacia arriba, pero una vez arriba, miran hacia abajo únicamente para exigir que el pueblo se quite de su camino.

Veracruz no merece funcionarios que se arrastren para quedar bien con el poder y miren con desprecio al ciudadano.

México no merece políticos que aprendieron a cobrar antes que a servir.

Y quizá ya llegó el momento de entender algo elemental:

los gobernantes no salen de otro planeta.

Salen de nuestras decisiones.

De nuestra indiferencia.

De nuestra memoria corta.

O de nuestro valor para decir “ya no más”.

Porque un pueblo que no exige termina viviendo siempre en reversa.

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Austeridad VIP...


* Adanely se recorta el sueldo y aun así le sobra para seguir contradiciendo a Nahle

Hay ciudades que aprenden a sobrevivir mirando hacia abajo.

Poza Rica se ha acostumbrado a caminar entre banquetas rotas, fugas de agua, calor pegajoso y promesas recicladas. La gente ya casi no levanta la vista porque hacerlo duele: arriba están los discursos, abajo está la realidad. Arriba hablan de transformación; abajo siguen contando monedas para completar el gas.

Por eso el escándalo salarial no cayó como una noticia: cayó como una bofetada.

Mientras una madre calcula si alcanza para los útiles escolares o un jubilado parte sus medicinas para que duren más días, desde el Palacio Municipal el poder cobraba como si gobernar fuera una membresía premium. Más de 121 mil pesos mensuales. Más de 4 mil pesos diarios. Dinero suficiente para que una familia promedio sobreviva semanas enteras…ganado en apenas una jornada institucional.

Y lo más doloroso no fue la cifra.

Fue la sensación de abandono.

Porque la ciudadanía no esperaba lujo; esperaba congruencia. Sobre todo de una generación política que llegó prometiendo ser distinta. Rocío Nahle impulsó una narrativa basada en austeridad, cercanía y disciplina en el ejercicio público. Bajo esa bandera crecieron políticamente muchos cuadros jóvenes, entre ellos Adanely Rodríguez. Por eso el golpe fue tan profundo: porque cuando alguien contradice el proyecto que la sostuvo, no sólo lastima una relación política; también hiere la esperanza de quienes creyeron en ese discurso.

La confianza pública es un animal frágil. Se construye lento, casi en silencio, pero basta una nómina escandalosa para romperle las piernas.

Y entonces apareció la austeridad tardía.

El Ayuntamiento anunció una reducción salarial “de hasta 30%”. Como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Como quien llega tarde al funeral llevando flores para no sentirse culpable.

Pero las matemáticas no entienden de arrepentimientos.

Incluso con el recorte, Adanely seguiría percibiendo alrededor de 85 mil 399 pesos mensuales. Es decir: aun después del ajuste salarial, seguiría ganando más que la propia gobernadora Rocío Nahle, cuyo salario ronda los 84 mil 750 pesos mensuales según información pública.

La ironía parece escrita por un dramaturgo cruel: la austeridad aplicada para corregir el escándalo…no alcanzó ni siquiera para dejar de superar el sueldo de la mandataria estatal que pidió congruencia.

Y mientras el gobierno hablaba de ajustes y responsabilidad financiera, la transparencia seguía convertida en un cuarto oscuro.

Han pasado 133 días desde el inicio de la administración municipal hasta este 13 de mayo. Ciento treinta y tres días en los que el portal institucional no habría mostrado actualizaciones completas ni todos los nombres del directorio de funcionarios municipales. Ciento treinta y tres días donde la ciudadanía siguió mirando una administración incompleta, borrosa, a medias.

Porque la opacidad también es violencia.

Violencia lenta, elegante y burocrática. Esa que no grita ni golpea, pero erosiona la confianza colectiva hasta convertir el desencanto en costumbre.

El problema nunca fue únicamente cuánto gana una alcaldesa.

El problema es lo que provoca en una ciudad cansada de mirar cómo la política se vuelve distante, sofisticada y ajena. Cada privilegio mal explicado se siente como un recordatorio cruel de que existen dos realidades: la del ciudadano que madruga y la del funcionario que administra desde oficinas climatizadas.

Y el daño sí existe.

Existe cuando la gente deja de creer.

Cuando los jóvenes comienzan a pensar que la política es solamente una escalera hacia la comodidad. Cuando el comerciante, la enfermera, el taxista o el obrero sienten que la austeridad siempre empieza en los bolsillos de abajo, nunca en las nóminas de arriba.

Porque las ciudades no se destruyen únicamente por corrupción o violencia. También se destruyen cuando pierden la capacidad de confiar en quienes las gobiernan.

Y quizá ahí está la tragedia más amarga de Poza Rica: no en el sueldo, no en el porcentaje, no en el escándalo viral, Sino en que la cercanía con el pueblo puede convertirse en utilería discursiva cuando el poder seduce demasiado rápido, cuando se descubre que algunos llegan jóvenes al poder…pero envejecen moralmente en tiempo récord.


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¿Quién provoca los destrozos en las marchas feministas?

 


Por Angélica Cristiani

El 8 de marzo de 2026 volví a estar ahí.

Siempre me gusta ir con alguien que vive la marcha por primera vez. Hay algo revelador en ver cómo se enciende una conciencia. Pero esta vez fue distinto: llegué con una de mis mejores amigas, con su hijita y con mi sobrina. Tres generaciones caminando juntas. Tres formas de entender el miedo y la esperanza.

Me tocaba cubrir la marcha.

No por obligación.

Por deber.

El punto de encuentro era el Teatro del Estado. Desde lejos ya se sentía la vibración de las voces, ese rumor colectivo que crece como una ola antes de romper. Había mujeres vendiendo pañuelos, pines, camisetas, stickers, carteles. El comercio feminista estaba vivo, latiendo entre consignas y risas. Confieso que quería comprarlo todo, pero preferí detenerme a leer las cartulinas escritas con plumón tembloroso de rabia.

Los carteles no se escriben con tinta.

Se escriben con memoria.

Había muchos rostros conocidos. Mujeres de mi generación con sus hijas. Y sentí una alegría inesperada, casi luminosa: esas niñas ya saben defenderse. Crecen en un mundo que aún es hostil, sí, pero también en uno donde las mujeres aprendimos a nombrar lo que antes se callaba.

Había niñas, niños, madres, abuelas, feministas.

Una multitud que parecía una familia enorme, improvisada, solidaria.

Cuando la marcha comenzó sentí lo de siempre: ese impulso extraño de llorar. No es tristeza exactamente. Es una mezcla de dolor y reconocimiento. Pero cuando miles de mujeres gritan juntas, el llanto se evapora. Se transforma en algo distinto: una fuerza que te atraviesa el pecho y te recuerda que no estás sola.

Hasta adelante iban las madres buscadoras y las víctimas.

Ellas no marchan con consignas: marchan con ausencias.

Cargan fotografías que pesan más que cualquier pancarta. Son mujeres que han aprendido a leer la tierra como quien busca señales en el cielo. Son el corazón más duro y más frágil de este país.

Detrás de ellas caminaban madres con sus hijos e infancias. Luego mujeres neurodivergentes y con alguna discapacidad. Y detrás, como un río que se ensancha, miles de mujeres más: estudiantes, trabajadoras, profesoras, artistas, adolescentes.

En la marcha cabemos todas.

Y nos protegemos todas.

Las consignas, gritadas o escritas, eran imposibles de ignorar. Cada palabra era un golpe en la conciencia: rabia, esperanza, dolor, indignación. En cada mirada había una historia que no siempre cabe en una estadística.

Pero las cifras existen.

Y duelen.

En Veracruz, la violencia no es una percepción exagerada ni una consigna ideológica. Es un dato duro. En 2025 se registraron entre 814 y 953 homicidios dolosos, un incremento de más del 16% respecto al año anterior. Y el 2026 empezó peor: 124 homicidios en apenas mes y medio, con aumentos superiores al 50% en enero frente al mismo periodo del año pasado.

La violencia contra las mujeres tampoco ha cedido.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana documentó 73 feminicidios en 2025. Otros registros hablan de 83 muertes violentas de mujeres y 753 desapariciones femeninas en ese mismo año.

Además, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en delitos de violencia de género, con más de 2,067 casos registrados.

Las cifras no marchan.

Pero explican la marcha.

Aun así, cada 8 de marzo ocurre algo curioso en el debate público. Cuando termina la jornada y las calles quedan cubiertas de consignas moradas, el foco se desplaza.

Ya no se habla de las mujeres desaparecidas.

Ni de los feminicidios.

Ni de las madres que buscan fosas clandestinas.

Se habla de las paredes pintadas.

“Los destrozos de la marcha feminista”.

La frase aparece una y otra vez en titulares, mesas de análisis y conversaciones incómodas.

Entonces surge la pregunta que nadie quiere formular con honestidad:

¿Quién provoca realmente la destrucción?

Porque si hablamos de devastación social, las paredes no son el problema.

La destrucción es una niña desaparecida.

La destrucción es una carpeta de investigación olvidada.

La destrucción es una mujer asesinada por alguien que ya la había amenazado antes.

Las pintas, en cambio, son otra cosa.

Son un idioma.

Un idioma hecho de rabia, memoria y urgencia. Un lenguaje que aparece cuando las instituciones dejan de escuchar. Cuando la justicia se vuelve lenta, lejana o selectiva.

Las paredes hablan porque durante demasiado tiempo las mujeres fuimos obligadas a guardar silencio.

La violencia contra nosotras no es una sola. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce múltiples formas: psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, simbólica, política. Violencias que ocurren en la casa, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación.

Violencias que no siempre dejan sangre visible.

La más peligrosa es la que se normaliza.

La que empieza con una broma humillante, continúa con un control disfrazado de amor, y termina muchas veces termina en un feminicidio.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en el mundo, una realidad que compromete su salud, dignidad y autonomía en todas las sociedades.

Por eso marchamos.

Aunque hoy tengamos una presidenta mujer, una gobernadora mujer, alcaldesas, diputadas, magistradas y hasta granaderas mujeres.

La representación importa, sí.

Pero la justicia todavía llega tarde.

Y mientras esa deuda exista, cada 8 de marzo volveremos a las calles.

Con niñas que ya saben gritar.

Con madres que ya no están dispuestas a callar.

Con mujeres que entendieron que la dignidad también se defiende caminando juntas.

Tal vez por eso las paredes terminan cubiertas de palabras.

Porque cuando la justicia se retrasa demasiado, la ciudad entera se convierte en un cuaderno.

Y las mujeres, por fin, escriben en él su propia historia.

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La noche en que doña Cata ya no estuvo en la banqueta


La Lengua de Tácita Muta 

Por Angélica Cristiani

Esta columna tardó mucho en escribirse.

No por falta de información.

Por culpa.

Durante casi un año evité escribir sobre doña Cata. No porque no tuviera datos, sino porque el dolor, ese animal torpe que se sienta sobre el pecho, no me dejaba ordenar las palabras. El teclado se volvía un espejo incómodo: cada frase me recordaba que yo también había pasado durante años frente a ella, en la esquina de 20 de Noviembre y Moctezuma, sin atreverme a cruzar la calle para preguntarle quién era. Es curioso cómo funciona la conciencia: sabemos que algo duele y preferimos rodearlo para no sentirlo.

Doña Cata llegó aproximadamente hace cuatro años a vivir en esa banqueta. Nadie supo de dónde venía. Los vecinos dicen que apareció un día, como llegan las lluvias tempranas o las malas noticias: sin aviso.

La cubría ropa que ella misma se había hecho, algunos cartones y una mirada que parecía haber visto demasiado. Los vecinos la fueron cuidando como pudieron. Un plato de comida aquí, una chamarra allá, alguna cobija en invierno.

Pero la calle es una intemperie feroz. Es pasar las noches escuchando los ruidos de la ciudad como si fueran amenazas. Es vivir con miedo. Y cuando se es mujer y se tienen cerca de ochenta años, la calle se vuelve todavía más peligrosa. Más aún para una mujer que parece vivir en un delirio permanente.

Hace casi un año finalmente me acerqué. La intención original era sencilla: contar su historia para un taller de fotoperiodismo. Pensé que sería un ejercicio narrativo, un trabajo más. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro entendí que no era una tarea periodística.

Era un abismo.

Sentí rabia, miedo, tristeza, impotencia, ternura. Una mezcla de emociones que no cabía en ninguna libreta.

Desde ese momento doña Cata empezó a habitar en mi cabeza.

Regresé muchas veces a verla. Pregunté por ella. Hablé con vecinos, comerciantes, transeúntes. La información era poca y fragmentada. Mucha gente había intentado ayudarla. Nadie había logrado hacerlo. Me contaron que la ropa que le daban la quemaba. Que la comida a veces la tiraba. Que rechazaba cualquier intento de acercamiento. Muchos concluyeron que no quería ayuda.

Una noche, mi equipo, Chío y Jorge me acompañaron. Esa vez pudimos hablar con ella sin que reaccionara con agresividad.

Entre momentos de delirio nos dijo que venía de Tlaxcala. Que tenía 80 años. Que los hombres eran malos. Que no necesitaba a nadie.

La invitamos a cenar.

No aceptó.

De pronto el delirio se apagó y apareció una mirada dura, desconfiada, como si hubiera aprendido a no confiar en nadie.

Ese día entendí algo que me marcó: su locura era una forma de protegerse. La calle obliga a inventar mecanismos de defensa. A veces la mente crea sus propias murallas. En la calle, la cordura puede ser peligrosa.

¿Qué tiene que haber vivido una persona para que la desconfianza sea su único refugio?

La ley, por ejemplo, tiene sus propios límites. En México no se puede internar por la fuerza a una persona adulta en situación de calle solo por su condición o por aparentar un trastorno mental. El marco de derechos humanos, reforzado por la Ley General de Salud, establece que la atención debe ser voluntaria, salvo que exista riesgo inminente para su vida o la de terceros.

La intención es correcta: evitar abusos históricos de internamientos forzosos. Y también pensaba en la paradoja brutal de nuestras leyes: un país que, con razón, protege la libertad de las personas en situación de calle, pero que muchas veces no tiene los instrumentos suficientes para rescatar a quienes ya no pueden salir solos de ese abismo.

En la práctica, eso deja a personas como doña Cata atrapadas en una zona gris donde todos quieren ayudar y nadie puede hacerlo del todo.

Doña Cata habitaba precisamente ese territorio. Terminé el taller de fotoperiodismo sin entregar la tarea. La tarea ahora era otra: intentar hacer algo por ella.

Faltaban semanas para que llegara el invierno y ella lo sabía. Yo también lo sabía. En ese momento me prometí algo que no tenía claro cómo cumplir: que doña Cata, no iba a volver a pasar otro invierno en esa banqueta.

Las preguntas empezaron a perseguirme.

¿Cuál es su historia?

¿Qué tuvo que vivir para que la locura se volviera su guardiana?

¿La calle es su refugio o su condena?

¿Buscarle un refugio sería realmente ayudarla?

¿Es una mujer libre?

Las preguntas ocuparon los días. Luego las semanas.

Y el invierno llegó.

Miraba las fotos que le había tomado una y otra vez. Contaba su historia en cada conversación posible. Incluso terminé hablando de ella en terapia. Intenté escribir su historia muchas veces.

No pude.

Yo seguía pasando por esa esquina todos los días. Mirándola desde lejos. Con esa sensación incómoda de no haber hecho lo suficiente.

Una mañana me encontré con las palabras de Daniela Griego. No fue un encuentro menor: sus palabras hablaban de la desigualdad, pero no como un concepto frío, sino como una herida que duele en la vida cotidiana. Ese día supe que quería escucharla más, entender mejor a esa mujer que nombraba el dolor sin rodeos.

En ese mismo camino apareció Emmanuel. En él habita algo raro en estos tiempos: un corazón amplio y una sonrisa que parece abrir espacio para los demás. Es parte de su equipo, me atreví a contarle de doña Cata.

Me escuchó con la atención profunda que merecen las historias que pesan. Con esa humanidad que no interrumpe, que no apresura, que simplemente se queda.

Y algo cambió.

De pronto sentí confianza.

En cada encuentro volví a hablarle de ella, de la mujer que dormía en la banqueta y de las preguntas que no me dejaban en paz.-Hola Emmanuel, “aquí estoy, detrás de mi nariz, bohemia, renegada, sin destino, disidente, como un equívoco, un error”.

Y él escuchaba.

Escuchaba con esa paciencia silenciosa que solo conoce quien ha aprendido a vivir a contracorriente, con la serenidad de quien sabe lo que significa estar del otro lado de la historia.

Con la paciencia que solo un “proscrito” tiene.

Pero ayudar no es tan sencillo como parece.

Hasta anoche.

Anoche pasé por la esquina como siempre.

Doña Cata ya no estaba.

Sentí un golpe en el pecho. Pensé lo peor. Pensé que había muerto ahí, como mueren muchas personas en la calle: en silencio, sin que nadie escriba su historia.

Me bajé del coche y pregunté a los vecinos.

Entonces escuché algo que me devolvió el aire.

El Ayuntamiento de Xalapa se la había llevado.

Sentí un alivio enorme.

Esta noche escribo desde la gratitud. Desde la tranquilidad de saber que doña Cata no dormirá en la banqueta, que tendrá una cama y que alguien estará cuidando de ella.

Y también escribo con la certeza de algo importante: a veces sí hay autoridades que deciden hacerse cargo de lo que los ciudadanos solos no podemos resolver.

Ahora estoy en búsqueda de la respuesta a ¿Qué nos separa realmente de terminar en una banqueta como doña Cata?

Tal vez menos de lo que creemos. Quizá la diferencia entre la cordura y la intemperie es apenas una red frágil de afectos, instituciones y oportunidades.

Puede ser que la historia de doña Cata no termina en una banqueta ni empieza en ella. Tal vez empezó mucho antes, en alguna herida que nadie vio, en alguna tristeza que nadie supo nombrar, en alguna caída silenciosa que el mundo prefirió ignorar.

La salud mental casi siempre se rompe en voz baja.

No hace ruido como los accidentes ni deja cicatrices visibles como las guerras. Se fractura lentamente, en los espacios donde falta escucha, donde sobran violencias pequeñas, donde la vida se vuelve demasiado pesada para una sola persona. Y cuando finalmente se vuelve visible, muchas veces ya es demasiado tarde: la vemos en una esquina, en un gesto perdido, en alguien que parece haber quedado fuera del mundo.

Cuidar la salud mental no es solo una tarea médica. Es una tarea profundamente humana. Es aprender a mirar a los otros sin prisa, a escuchar sin juzgar, a construir comunidades donde nadie tenga que inventar la locura para sobrevivir.

Porque la locura, muchas veces, no es la enfermedad.

Es el último refugio.


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El kiosco de Coatepec

La Lengua de Tácita Muta 

Por Angélica Cristiani

Hay lugares que uno cree conocer hasta que un día se detiene a mirarlos de verdad.

A mí me pasó con el kiosco de Coatepec.

He caminado muchas veces por el Parque Miguel Hidalgo. He pasado frente a ese kiosco como lo hace todo el mundo: con la mirada distraída, con prisa o con la cabeza llena de antojos. Pero hace unos días lo observé con calma, y sentí algo extraño, como si el edificio estuviera guardando una historia que nadie termina de contar.

Hay pueblos que se explican mejor a través de un edificio que de un discurso político. Coatepec, por ejemplo, podría contarse desde su café, desde sus neblinas o desde sus orquídeas. Pero también desde su kiosco, al final, es una declaración urbana: ahí se conversa, ahí se escucha música, ahí se construyen historias. Una estructura diseñada para que la gente se encuentre.

El kiosco de Coatepec nació en una época en la que las plazas mexicanas eran auténticos teatros sociales. A finales del Porfiriato. Fue construido a finales del siglo XIX, en los años en que el auge cafetalero transformó a Coatepec en una localidad próspera. Las haciendas cafetaleras generaban riqueza, las casas del centro adoptaban estilos coloniales tardíos y las plazas públicas se convertían en espacios de convivencia cotidiana. El kiosco del parque, según registros históricos y testimonios locales, fue impulsado por músicos que querían tocar al aire libre. Por familias que buscaban un lugar para pasear al caer la tarde. Por un pueblo que entendía algo que hoy parece casi revolucionario: que la plaza pública es el lugar donde una comunidad se reconoce a sí misma.

Pero los espacios públicos también cuentan historias más silenciosas. En 1944 el kiosco fue concesionado a un particular por 50 años. El acuerdo permitió utilizar la planta baja para operar una nevería. En principio parecía un arreglo común: comercio local a cambio de renta y mantenimiento. El contrato venció en 1994. Luego se renovó hasta 2009. Y desde entonces el kiosco ha operado bajo una figura indefinida, con rentas simbólicas que durante años rondaron los 12,500 pesos anuales, cuando, según estimaciones legales citadas por medios locales, el monto debería superar los 100 mil pesos al año y aun así me parece injusto.

Es decir: el corazón del parque público terminó convertido en un negocio privado con condiciones casi simbólicas. Lo verdaderamente revelador no es la concesión. Es la normalización. En 2020 ediles del cabildo de Coatepec propusieron recuperar el kiosco para uso público, señalando adeudos y la necesidad de reabrir la parte superior para actividades culturales. La propuesta incluía convertirlo nuevamente en espacio turístico y artístico. Pero la discusión se diluyó.

Hay algo profundamente simbólico en lo que ocurre con ese kiosco.

Las plazas públicas son uno de los pocos espacios donde la democracia se vuelve tangible. Son lugares donde todos pueden estar sin pedir permiso. Cuando un kiosco deja de ser público, algo más que un edificio cambia. Cambia la relación entre la ciudadanía y su propio espacio, donde no se necesita permiso para caminar, ni invitación para sentarse en una banca. Son espacios donde la vida cotidiana ocurre sin intermediarios.

En México existen miles de concesiones indefinidas, permisos heredados por décadas y ocupaciones privadas de espacios públicos que los ayuntamientos rara vez revisan.

La razón suele ser sencilla: recuperar esos espacios implica conflictos políticos, presiones locales y decisiones administrativas que nadie quiere asumir. No es una tarea sencilla. Las concesiones antiguas, los intereses instalados y las inercias administrativas suelen ser más resistentes que las estructuras de hierro. Recuperar un espacio público no siempre depende solo de una decisión de gobierno.

El kiosco de Coatepec no es solo un inmueble en discusión. Es un símbolo de algo más profundo: la relación que un pueblo mantiene con su plaza, con su memoria y con su derecho a habitar el espacio común. No es solo una estructura de hierro. Es una metáfora de algo más profundo: la relación que tenemos con nuestra identidad.

Por eso los kioscos son importantes. No por su arquitectura, sino por lo que representan.

Son pequeñas tribunas ciudadanas.

Cuando los veo en otros pueblos, llenos de música o de eventos culturales, siempre pienso que en realidad no están hechos para decorar la plaza. Están hechos para que la plaza tenga voz.

Por eso, cuando volví a mirar el kiosco de Coatepec, pensé en algo sencillo. En que ese viejo corazón de hierro que sigue esperando en medio del parque, quizá solo necesita una cosa para volver a latir:

Que el pueblo decida volver a ocuparlo.

Tal vez ese kiosco no está despojado.

Tal vez está esperando.

Esperando que alguien recuerde que ese lugar fue construido para la gente.

Esperando que el gobierno haga lo que le corresponde.

Pero también esperando que la ciudadanía entienda que los espacios públicos no se recuperan solo con decretos.

Se recuperan con presencia.

Quizá el futuro del kiosco no dependa únicamente del Ayuntamiento ni de una negociación jurídica.

Tal vez dependa de algo más simple.

De que un día su gente decida mirar ese kiosco con otros ojos y decir, con toda naturalidad, lo que siempre se debió decir:

Ese lugar es nuestro.

Y si alguna vez fue construido para reunir al pueblo, lo más justo sería que volviera a hacerlo.

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Wendy contra el País de Nunca Jamás

 


Angélica Cristiani Mantilla 

Hay una Wendy de carne y hueso que no vive en el País de Nunca Jamás, sino en Coatepec y Xalapa. No vuela, no usa polvo de hadas ni juega con niños perdidos; lo que hace, desde hace más de cuatro meses, es algo mucho más radical: tocar puertas, mostrar oficios, grabar videos y dar conferencias de prensa para intentar ver a su hijo.

El caso de #justiciaparaleoywendy es brutal: tras promover custodia, pensión y divorcio en 2023, el padre aprovecha un “depósito de personas” en Xalapa, obtiene al menor y desde el pasado 3 de agosto… no lo devuelve. A pesar de que un juez en Coatepec dejó sin efecto ese depósito y ordenó la restitución, hoy el niño sigue lejos de su madre, amparos mediante. En las convivencias asistidas, el hijo que hasta el 21 de julio la abrazaba y le decía “te amo”, ahora en las convivencias asistidas, apenas la mira y suelta una frase que no suena a infancia, suena a guion aprendido: “No quiero verte”. Eso no es un sentimiento, es un síntoma. Eso no es espontáneo, es inducido. Ella lo nombra con claridad: violencia vicaria y alienación parental. Y cada vez que lo dice, algo tiembla: el mito de la “madre exagerada”, el orgullo de los operadores del sistema, la comodidad de quienes prefieren creer que estas historias son excepciones y no patrón.

Mientras tanto, Veracruz presume que desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para mayor ironía, ya es delito usar a hijas e hijos para dañar a una mujer: entre 2 y 6 años de prisión y hasta 500 UMAs de multa. No es delito grave: quien pueda pagar, sale. La reforma también promete medidas de protección urgentes, atención psicológica, reeducación para el agresor, área especializada en la Fiscalía, prevalencia del interés superior de la niñez y reparación integral del daño. Un despliegue legislativo impecable, casi de catálogo.

Veracruz parece un territorio que por fin entendió que usar a hijas e hijos para dañar a una mujer es una forma extrema de violencia de género. El problema es que las leyes se parecen a esos álbumes de estampitas que nunca se llenan: bonitas, brillosas, fotografiadas en la Gaceta Oficial… pero difíciles de ver pegadas en la realidad cotidiana. Una cosa es exhibir el álbum en conferencias, fechas conmemorativas y boletines institucionales; otra, muy distinta, es atreverse a pegar la estampita donde duele: en los expedientes vivos, en los pasillos del Poder Judicial, en los centros de convivencia donde madres y criaturas se juegan el vínculo a pedazos.

Un ejemplo es el estacionamiento de Nunca Jamás, que en el caso de Wendy ilustra bien la grieta: en la última convivencia, el padre entra con su auto al estacionamiento de las instalaciones del Poder Judicial para la convivencia con el menor. No se detiene en la pluma que se detiene con otros, no hace fila bajo el sol con quienes llegan cargando carpetas y angustias; él pasa. Un detalle casi cinematográfico: la pluma sube como si respondiera a un conjuro. No hay identificación, espera o protocolo: simplemente entra.

No es cualquier cosa. El propio Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado donde establece que visitantes y público deben identificarse, registrar motivo y destino, y que el acceso está regulado por vigilancia, con posibilidad de negar la entrada. Pero ese mismo Poder Judicial permite que alguien señalado por violencia vicaria circule en auto en un espacio restringido.

Si un ciudadano cualquiera no puede cruzar la pluma sin cumplir protocolos, ¿bajo qué criterio un progenitor señalado por violencia vicaria, con un proceso abierto y un mandato de restitución incumplido, accede a la zona de estacionamiento con total facilidad?

No es sólo una irregularidad logística: es un mensaje. Los cuerpos, los coches y las sonrisas que se mueven con naturalidad en zonas vedadas dicen mucho más que cualquier discurso sobre igualdad, perspectiva de género o niñez protegida. Dicen: aquí hay unos que tienen la llave del País de Nunca Jamás, están más “autorizados” que otros a la hora de pisar el terreno de la justicia, mientras otras se quedan afuera, esperando en la banqueta con la garganta anudada, repitiéndose que quizá hoy sí podrán ver a su hijo.

Algo similar ocurre con los Centros de Convivencia Familiar Asistida (Cecofam). Su reglamento dice que son espacios neutrales, con personal profesional, que facilitan la revinculación parental, garantizan el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y se rigen por amabilidad, imparcialidad y compromiso, prohibiendo cualquier dádiva o trato privilegiado.

En la letra, son laboratorios de justicia afectiva, en la práctica es una orquesta sin oído a las quejas de usuarias hablan en otra escala rítmica: citas que se cancelan, miradas que invalidan, neutralidades que se sienten como indiferencia, “objetividad” que se transforma en sospecha automática contra las madres.

El Cecofam parece una orquesta que perdió su afinación. Porque las madres llegan con voces temblorosas, con historias que duelen, con niños que olvidaron abrazos que antes sabían de memoria, y la institución parece escucharles como quien oye una melodía que no le gusta: con distancia, con prisa, con falta de experiencia.

El Cecofam debería ser un salón acústico donde el dolor se entiende y se atiende.

En cambio, demasiadas veces se siente como un cuarto acolchado donde las palabras rebotan y regresan deformadas.

Por eso surgen preguntas como notas suspendidas en el aire de un coro que ya no se puede callar:

-¿Quién dirige el Cecofam y bajo qué sensibilidad, experiencia y ética lo hace?

-¿Por qué no se escuchan los coros del sufrimiento de las infancias y de las mujeres?

-¿O será que sí se escuchan, pero allí sólo hay oídos para notas desafinadas?

-¿Qué idea de justicia tiene un juez que, frente a un caso de violencia vicaria, termina colocándose del lado del agresor y señala a la madre como problema?

-¿Qué criterios utiliza el Órgano de Administración Judicial para otorgar privilegios de acceso en las instalaciones del Poder Judicial? ¿Quién firma esas autorizaciones? ¿Quién responde por ellas?

No son preguntas retóricas. No son recursos literarios. Son interrogantes concretas cuyas respuestas no se encuentran en un boletín, ni en un atuendo color naranja una vez al mes, ni en una ceremonia del 8 de marzo con moños morados en la solapa.

La respuesta está y sólo puede estar, en la acción contundente de las autoridades.

En el cuento de James Matthew Barrie, Peter Pan es el niño que huye de las responsabilidades para vivir en el País de Nunca Jamás. Wendy, con 12 años, termina cuidándolo a él, a sus hermanos y a los niños perdidos. Él juega; ella cuida. Él se niega a crecer; ella hace el trabajo emocional de la casa voladora.

La violencia vicaria explota justamente eso: Wendy ama tanto a sus hijos que se convierte en rehén perfecta. El agresor lo sabe y el sistema, en lugar de detenerlo, lo premia con tiempo, recursos y áreas grises. Ella deja de dormir; él tramita otro amparo. Ella pierde energia, salud, dinero; él gana control.

Es oportuno hacer una analogía: lo que está ocurriendo en casos como el de Wendy es tan grave como si un médico cirujano se ostentara como ginecólogo sin tener especialidad, o si un psicólogo atendiera pacientes sin cédula profesional. Sólo que aquí, “el intruso” no opera úteros ni consulta diagnósticos; opera vínculos, memorias, infancias. Y lo hace sin la más mínima competencia en violencia de género, infancia o salud mental.

Que un sistema así se atreva a llamarse “protector de la niñez” es, cuando menos, una forma de humor negro.

La ley ya está escrita. La Gaceta ya fue publicada. La foto del día de la reforma ya fue tomada. Lo que falta no es más retórica: es que cada autoridad, con nombre y apellido, decida si va a seguir siendo Peter Pan jugando a la justicia en el País de Nunca Jamás, o si por una vez va a asumir la adultez que su cargo exige. Porque el expediente está vivo. El niño está vivo. El dolor está vivo. Y lo único que falta es que la autoridad también lo esté.

A ti, mujer, que hoy duermes poco, lloras quedito, respiras con ansiedad, que sientes que te arrancan el aire cuando recuerdas la última vez que viste a tu hijo; a ti, que convives más con la desesperanza que con la esperanza, que conoces el sonido de las puertas de la justicia cerrándose; a ti que piensas que el monstruo es invencible y aun así sigues de pie:

Tu agresor, por más poderoso y grande, que por ahora, te parezca, ya perdió algo que tú sigues teniendo: la verdad. Y no hay dinero, ni influencia que le alcance para comprarla de nuevo. Y no importa cuanto se esfuerce en aparentar, la verdad siempre sale a flote.

Tú, aunque hoy te sientas reducida al expediente que lleva tu nombre, ya diste un paso que él no puede dar: saliste del País de Nunca Jamás. Decidiste crecer, nombrar la violencia donde otros la niegan, desafiar al sistema, mirar de frente al juez, al funcionario, al agresor. Ya eres parte de una comunidad.

Las respuestas a tus preguntas —¿por qué no me creen?, ¿por qué no aplican la ley?, ¿por qué mi hijo es usado como arma?— no están en tus manos. Están en las manos de quienes juraron impartir justicia, proteger a las infancias, garantizar una vida libre de violencia.

Les toca a ellos responder.

Con resoluciones, no con discursos.

Con actos, no con fotos.

Con justicia, no con favores.

El sistema de justicia podrá seguir jugando a Peter Pan un rato más. Pero cada vez que una mujer como tú denuncia, documenta, se organiza con otras, habla con la prensa y exige legalidad, se abre una grieta en ese muro.

Y por esa grieta, tarde o temprano, entra la luz. No estás loca, no estás sola y no estás exagerando.



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“Gobernadora con A: crónica desde el borde de una puerta que por fin empieza a abrirse”

 



Por Angélica Cristiani


Hay momentos en la vida pública que no se sienten como actos políticos, sino como pequeños sismos del alma. La comparecencia de Rocío Nahle (vista desde mi exilio no voluntario del chat oficial de prensa porque sigo ghosteada, habitando ese limbo tecnológico donde una profesional puede quedarse esperando meses como si pidiera audiencia con el oráculo) tuvo ese efecto inesperado. Una vibración suave, un eco que no venía de las cifras, sino del gesto: una mujer plantada, firme, reclamando su sitio en un escenario históricamente negado para nosotras.

Me gustó verla así. No me avergüenza decirlo. Aunque haya mucho que aún no comprenda de su estilo político, aunque Comunicación Social me mantenga en la lista de espera más larga del universo, aunque a veces me quede mirando ese gobierno como quien observa un mapa escrito en dialecto marciano. Hoy no quiero hablar de esos desencuentros. Hoy quiero hablar de lo que sentí: un estremecimiento antiguo, una emoción heredada de nuestras abuelas, de las que empujaron puertas que no abrían, de las que caminaron sin nombre por las veredas de la historia.

Sí, al inicio me desilusioné. No porque se extendiera 14 minutos más del formato establecido, sino porque sigo buscando el punto exacto donde puedo comprender su brújula política. A veces la hallo; a veces parezco perseguirla como si fuera un wifi intermitente en el Congreso.

Pero esta vez hubo un matiz distinto: la gobernadora habló con firmeza, y yo, desde mi exilio comunicacional, la sentí plantada. Dueña de su voz. Una mujer defendiendo su trabajo frente a un aparato que históricamente ha sido configurado para no dejarnos hablar demasiado, para no dejarnos sonar demasiado, para no dejarnos existir demasiado. Y, francamente, qué gusto da ver al viejo andamiaje machista acomodarse incomodísimo en su silla cuando tiene que decir “la gobernadora”. Con A. Aunque les arda la lengua o el ego. Un coro de mujeres que reconfigura la sintaxis del poder.

Hoy celebré. No desde la ingenuidad, sino desde la entraña. Desde el lugar donde se juntan la crítica y la esperanza, el dolor y el deseo, el dato duro y la memoria suave. En este tiempo, cuando por fin nos llaman presidentas, magistradas, auditoras, alcaldesas, diputadas… hay algo más profundo sucediendo: estamos nombrando lo que siempre fuimos, pero que no nos dejaban ser. Porque sí: es cierto que aún nos falta un mundo. Pero también es cierto que ese mundo ya empezó a moverse.

Podemos otorgarnos este momento. Un instante para mirar alrededor del paisaje político y notar algo que no es menor: el poder en México, en Veracruz y muy pronto en Xalapa, tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta; Rocío Nahle, gobernadora; Daniela Griego, próxima alcaldesa de Xalapa; Rosalba Hernández Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial; Delia González Cobos, auditora del ORFIS; Verónica Hernández Giadáns, aun fiscal general; Naomi Edith Gómez Santos, presidenta del Congreso local. No es una lista: es un mapa político que, al menos en apariencia, ya no se lee en masculino, aunque les cueste trabajo aprender que las vocales también son territorio político. Un país, un estado, una ciudad gobernada por mujeres. Nunca antes habíamos visto un horizonte así. No es una moda: es un parteaguas.

Y entre todas, brilló Naomi Edith Gómez Santos. A veces tímida, a veces silenciosa, pero en ese momento… en ese momento habló como si cargara en su garganta la memoria de miles. Su discurso no fue un cierre: fue un hechizo. Su intervención, más que un decorado institucional, funcionó como un espejo emocional del momento que vivimos: ese pequeño temblor colectivo que anuncian las transformaciones verdaderas. Un recordatorio de por qué estamos aquí, de por qué seguimos. Dijo “gobernadora con A” con un filo poético que atravesó el recinto. Dijo que este momento rompe un techo y una herida. Y tiene razón. 

Lo que brilla no borra lo que duele, la alegría no impide la crítica. Ni la emoción borra la estadística. Veracruz sigue siendo uno de los estados con más feminicidios, según el SESNSP.

Las desapariciones de mujeres persisten: más de una por día en algunos meses, según el Observatorio Universitario de Violencias.

Solo 7 de cada 100 delitos se denuncian.

Las Alertas de Violencia de Género no han logrado contener la ola.

La impunidad sigue siendo un animal feroz.

Los tendederos de deudores alimentarios crecen como hongos ante la incapacidad del Estado para garantizar justicia familiar, por mucho que se les niegue la licencia de conducir.

El presupuesto para igualdad no ha crecido con la urgencia que demandan las calles.

La realidad no se maquilla. No debería. Las mujeres en el poder son un progreso histórico, pero no pueden, no deben, ser un decorado.

La nueva integración del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ofrece un hilo de fe. No porque los nombramientos sean mágicos, sino porque las cinco mujeres elegidas desde la sociedad civil y la academia traen consigo algo vital: conocimiento, trayectoria y memoria.

Si se les permite trabajar sin interferencias, podríamos ver por primera vez un sistema que no simule, sino actúe.

Porque el Estado construye estructuras, sí, pero las mujeres hacemos tejido. Y eso, históricamente, ha sido más resistente. Los techos de cristal caen, pero los sótanos de violencia siguen llenos. Y ahí estamos nosotras, intentando reconstruir mientras avanzamos.

Las preguntas que arden bajo la piel

¿Podrá este tiempo de mujeres tumbar los pilares de la violencia que nos atraviesa hace generaciones?

¿Podrá el poder femenino transformar las instituciones sin convertirse en ellas?

¿Será posible una sororidad política real o seguirá siendo un discurso que se invoca más de lo que se practica?

¿Nos dejarán avanzar sin zancadillas internas, sin egos heridos, sin vendettas masculinas camufladas?

¿Y, pregunto por mera salud democrática, cuándo me meterán al chat oficial de Comunicación Social? Una tiene límites, pero también paciencia. A veces.



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Cría cuervos y se esconderán en el baño


 Angélica Cristiani Mantilla 

El Programa de Ordenamiento para Motocicletas 2025, impulsado por la gobernadora Rocío Nahle, busca modernizar el padrón vehicular y reforzar la seguridad. En los hechos, la iniciativa se estrella contra oficinas saturadas, citas virtuales fallidas y un personal que parece entrenado en el arte de la hostilidad administrativa.

El miércoles 10 de septiembre, los ciudadanos en las oficinas de Hacienda Xalapa Norte ya no pudieron más. Después de semanas de humillaciones, el valor por fin hizo erupción, en donde la realidad no solo supera la ficción: la burocracia se ha convertido en un depredador de derechos humanos. Ahí, el zumbido de los ventiladores no alcanza a disipar el olor a impunidad que flota entre filas interminables, carteles oficiales desactualizados, trámites que se convierten en castigo y gestos de autoridad convertidos en armas de intimidación, los baños, cerrados como símbolo perfecto de un Estado que se niega a reconocer las necesidades más básicas. En México, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi, 2023), 47.9% de los trámites implican algún tipo de costo extra no previsto: dinero, tiempo, humillación. La burocracia se convierte así en una máquina de exclusión.

Al parecer la corrupción en Veracruz tiene un nuevo domicilio: el baño de la Oficina de Hacienda de Xalapa Norte. Sí, leyó bien: el baño. Ese cubículo de azulejos fríos y pestilencia cotidiana se ha convertido en la trinchera de Lisbeth Cristina Neri García, jefa de la oficina, cada vez que la indignación ciudadana toca a la puerta. Una vez más, cuando decenas de contribuyentes hartos de humillaciones y maltrato se manifestaron, ella se atrincheró en su “lugar seguro”, su lugar más íntimo y simbólico. Ahí donde, según testigos, suele refugiarse cuando cada vez que la oficina entra en crisis por su mal manejo: no para resolver problemas, sino para cagar el tiempo y perder el poder, como si el inodoro fuese su trono y la descarga de agua el aplauso que nunca tuvo.

Mientras tanto, afuera, la escena era otra: filas de ciudadanos que ya no resisten más. Adultos mayores, personas con capacidades diferentes, trabajadores que madrugan para alcanzar una ficha, durmiendo en banquetas para un trámite que debería ser de rutina. En teoría, el Programa de Ordenamiento para Motocicletas 2025 —anunciado por la gobernadora Rocío Nahle como un mecanismo para dar certeza jurídica y fortalecer la seguridad— debía ser un paso hacia la modernización. En los hechos, se ha vuelto un mecanismo de tortura burocrática: citas virtuales que fallan, oficinas saturadas, baños cerrados y personal que parece entrenado en el arte del desprecio.

¿Quién manda realmente en la oficina de Hacienda? Usted podría pensar que es la jefa de oficina, Lisbeth Cristina, esa funcionaria de criterio flexible. Pero no nos engañemos: nadie gobierna sola un reino de arbitrariedades: Israel Octavio Caballero de la Rosa, Director General de Recaudación, quien, en palabras de Lisbeth y oídos de sus más cercanos colaboradores, además de ser su jefe presume tener vínculos afectivos. El amor en tiempos de Hacienda: ella sin cédula profesional, con historial de violentar física y psicológicamente a contribuyentes, hacer uso de la fuerza pública para amedrentar inconformes y llegar a la hora que quiere, dicta reglas como si fueran mandamientos bajados de la montaña del capricho, los empleados son el muro de contención de su berrinche; él, defendiéndola a capa y espada.

El problema no es anecdótico. Datos oficiales de la Sefiplan señalan que en Veracruz circulan más de 850 mil motocicletas, de las cuales alrededor de 40% no está regularizado. El programa de reemplacamiento, que arrancó en junio, debía abarcar este universo en seis meses. Eso significa procesar más de 140 mil trámites mensuales. Imposible con oficinas donde apenas se atienden unas decenas de casos diarios. La saturación no es casual: es estructural.

Horas después de la protesta, la Secretaría de Finanzas y Planeación publicó un comunicado que pretende ser bálsamo, pero termina siendo insulto. “Ante la adopción de medidas para combatir la corrupción —reza el texto— un grupo de gestores ha iniciado acciones que pretenden ejercer presión para revertir los avances”. La narrativa oficial es clara: los culpables no son los funcionarios que ejercen violencia ética, social y política, acoso y abuso de autoridad, ni los que ponen en riesgo la seguridad jurídica y laboral de otros, sino los gestores.

Criminalizar a los gestores es tan absurdo como culpar al paraguas de la lluvia. La gente recurre a ellos porque el propio gobierno genera obstáculos que hacen imposible el trámite directo. Demonizarlos es un gesto insolente que oculta la verdadera podredumbre: la incapacidad institucional para garantizar derechos básicos. ¿Y si el verdadero enemigo de la modernización no es el “coyote” de la banqueta, sino el burócrata que se esconde en el baño?

El texto oficial sentencia: “…la Secretaría reafirma su compromiso con la lucha anticorrupción. Para ello, se ha diseñado una estrategia clara que canaliza nuestros esfuerzo hacia la modernización integral de las Oficinas de Hacienda del Estado. Este plan incluye desde el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, incluyendo la adopción de nuevas medidas de seguridad, hasta la automatización de procesos; con el fin de reducir los tiempos de trámite, mejorar la atención a las y los contribuyentes, y garantizar un servicio público digno, eficiente y transparente”.

¿Neta? Después de tres meses de un programa que huele más a tortura que a modernización, ¿apenas descubren que el servicio ha sido indigno? ¿Era necesario criminalizar a los gestores, cuando son precisamente las trabas absurdas y el maltrato oficial lo que ha multiplicado la demanda de sus servicios? El comunicado, en vez de disculparse con los ciudadanos vejados en filas, señala con dedo acusador a quienes mitigan el daño que la propia Secretaría provoca.

El comunicado cierra: “Nuestro deber y compromiso serán siempre, con la gente y el pueblo de Veracruz que depositó su confianza en nosotros. Priorizamos el interés general sobre los intereses particulares que, en el pasado, desviaron la función pública para beneficio propio”. ¿Qué prácticas del pasado denuncian? ¿Las de los mismos funcionarios que hoy despachan en cargos reciclados, algunos con historial de abusos y nepotismo? ¿O las de los que siguen considerando las oficinas públicas como feudos privados?

Veracruz no solo paga un alto costo político por estas prácticas; paga un precio social que se traduce en frustración, desconfianza y resignación ciudadana. La gobernabilidad se tambalea cuando la ley es un accesorio flexible, y la administración se convierte en teatro de arbitrariedades. Cada fila, cada negativa de trámite, cada abuso laboral es un crédito social que los funcionarios están tomando a nombre del pueblo, sin interés que pagar… por ahora.

La contradicción no termina ahí. Si el horario oficial es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿por qué la lista de contribuyentes a atender se corta a las 9 de la mañana? ¿Qué hacen los burócratas en esas horas de clausura interna? ¿Es parte de la “modernización integral” que presume el comunicado? Porque lo único integral aquí parece ser la incongruencia.

Y aquí está la lección más dura: Que nadie se acostumbre. Que nadie lo vea como “parte del trámite”. Porque lo que hoy parece una fila burocratica, mañana será la fila para cualquier derecho. Y cuando el abuso se vuelve paisaje, el poder ya no necesita justificar nada: solo basta con que nosotros guardemos silencio. Por eso, toca nombrar lo que pasa, denunciarlo, resistirlo. Porque un trámite no puede ser sinónimo de tortura y un funcionario no puede esconderse tras un retrete mientras el pueblo grita.

Me detengo a pensar, con la terquedad de quien aún quiere creer, si la Gobernadora sabe realmente lo que ocurre bajo su nombre. Y es que cuando habla de trabajar por Veracruz por varios momentos me convence, o quizá es mi esperanza la que insiste en creerlo, porque sin ese resquicio de fe la realidad sería como la levedad del ser.

Sin embargo, mis investigaciones siguen en el aire, flotando en ese limbo donde los veracruzanos hemos aprendido a archivar la corrupción. Ese lugar sombrío que ya no sorprende, sino que nos define; ese espacio donde guardamos las preguntas que nunca tienen respuesta. Ahí se acumulan las razones por las que, al salir de nuestro estado, nos reconocen no por la riqueza de nuestra tierra ni por la fuerza de nuestra gente, sino por los excesos, las atrocidades y los saqueos que por varios sexenios nos han puesto de moda por las peores razones.

Si insisto en repetirlo es porque creo que, ante la indiferencia oficial, lo mínimo es dejar constancia. Registrar lo que sucede es un antídoto contra el olvido, un recordatorio de que los funcionarios que hoy saquean y mañana pedirán el voto no podrán alegar inocencia ni fingir que nadie los señaló. Veracruz carga con una fama heredada de abusos, un espejo empañado que refleja una triste imagen: gobiernos que se suceden, promesas que se diluyen y ciudadanos que aprendimos, a fuerza de golpes, a resistir con dignidad aun cuando nos intenten robar la esperanza.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿y si lo más peligroso no son los zopilotes que están afuera, esperando la carroña, sino los cuervos que anidan dentro del gobierno, picoteando desde las oficinas y direcciones?.


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El eco de un nombre en Veracruz


Angélica Cristiani Mantilla 

La primera vez que escuché mi nombre en la boca de un gobernador, yo tenía diecinueve años y los sueños recién estrenados. Era 2006 y trabajaba como hostess en fiestas para pagarme los pasajes de la universidad. Fidel Herrera Beltrán entró con la seguridad de quien lleva el poder en los hombros como si fuera un traje a la medida. Yo supuse que pasaría de largo, porque los gobernadores suelen mirar al pueblo solo en temporada de votos. Pero no: se detuvo, me saludó, preguntó por mis estudios y pronunció mi nombre como si lo hubiera traído en la memoria desde siempre. Aquel gesto me dejó temblando, como si alguien hubiera abierto una puerta inesperada en medio del ruido.

Casi veinte años después, me tocó entrevistar a su sobrino, Edgar Herrera Lendechy. Y otra vez sentí un estremecimiento. No por él, sino por lo que carga en la espalda: un apellido que despierta lealtades y heridas, nostalgias y reproches, porque en Veracruz los nombres no son solo nombres, son memorias largas que se heredan con sus luces y con sus sombras.

Edgar sonríe con la juventud que no esconde y habla con la serenidad de quien sabe que el linaje es tanto regalo como peso. Tiene credenciales académicas envidiables —licenciado en Derecho, maestro en Derecho de la Tecnología de la Información por la Esade Law School—, pero también ha aprendido en escenarios más ásperos: casillas quemadas, elecciones impugnadas, amenazas veladas. Esos lugares donde la política deja de ser discurso y se convierte en resistencia.

En las elecciones recientes, el Partido Verde obtuvo 13 municipios —Alvarado, Aquila, Benito Juárez, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Espinal, Ilamatlán, Tamiahua, Tampico Alto, Tecolutla, Tenampa y Tenochtitlán— y, en alianza con Morena, alcanzó triunfos significativos en Acatlán, Naranjos Amatlán, Playa Vicente, San Juan Evangelista y Soledad de Doblado. En total, 109,414 votos que consolidan su presencia en Veracruz. Un dato nada menor en un estado donde la participación apenas rozó el 49%, según el OPLE, y donde la indiferencia se impone como la gran vencedora silenciosa.

La política veracruzana es un campo sembrado de contradicciones. Mientras los partidos celebran victorias, las calles cargan el peso de la desconfianza y del miedo. Edgar denunció amenazas durante el proceso electoral, confirmando lo que muchos saben: en esta tierra, la política local no solo requiere convicción, sino también protección.

Hablamos de herencia. Y ahí, lo más humano salió a la superficie. Porque ser heredero de un apellido público es caminar sobre un hilo delgado: hay que volver futuro lo que fue historia. Y en esa frase se condensa el reto de toda una generación política.

El Verde ya piensa en 2027. Habla de reestructuración, de formar comités, de recuperar espacios. Pero el desafío no es solo orgánico: es ético. Veracruz no necesita que los partidos movilicen estructuras, sino que construyan ciudadanía. Que hablen con la gente sin el guion aprendido, que miren a los ojos sin esperar la urna de por medio.

La memoria de Fidel Herrera sigue flotando, querido u odiado, pero nunca indiferente. Y ahí está Edgar, con la oportunidad —y la carga— de levantar un nombre propio en medio de ese eco. El riesgo es grande, pero también la posibilidad.

La verdadera victoria, en Veracruz, no está en las actas de cómputo. Está en mantener viva la dignidad de la política, en devolverle sentido a una palabra tan gastada que a veces parece hueca. Y eso no se hereda por apellido, ni se improvisa en campaña: se construye con verdad, con cercanía y con la valentía de reconocer a las personas por su nombre, como aquella joven hostess de hace quince años que aún espera que el poder, algún día, se convierta en humanidad, consciente de que las herencias no se guardan en un cajón, sino que se honran en el presente.

Herrera, más que un apellido, lo que carga es una responsabilidad: demostrar que la política también puede ser legado y futuro, raíz y rama al mismo tiempo.

Pero no me creas, mejor mira la Entrevista a Edgar Herrera Lendechy:



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La esperanza es testaruda

 


Angélica Cristiani Mantilla 

Hay días en que me siento frente al teclado como quien se sienta frente a un abismo: sin certeza de si va a volar o a caer. Escribir, investigar, cuestionar, sostener la mirada ante la violencia institucional —esa que no deja moretones en la piel, pero sí en el alma— no es una tarea heroica. Es una condena elegida. Un oficio hermoso y feroz que, en tiempos como estos, más que vocación, parece una forma muy elaborada de autoflagelación.

Lo confieso: me pregunto si tengo la fuerza, la templanza y la voz suficientes para hacer periodismo de verdad; ese que obliga a hurgar en la corrupción, que desnuda discursos de cartón y que, al borde del precipicio, extiende una mano de palabras. Porque el temple no es un escudo, es una grieta; no es frialdad, es resistencia emotiva. Y cuando una se topa con las cloacas del poder —como me pasó la semana pasada con el caso del CEJUM—, no hay blindaje que valga. Me temblaron las manos, sí, pero también me ardió el pecho.

¿Cómo no estremecerse ante la podredumbre de una institución creada, en teoría, para proteger a las mujeres, y que hoy se ahoga en simulación y corrupción? ¿Entonces qué tenemos? Fachadas. Escenarios. Montajes de justicia.

El caso “LadyCejum” fue la chispa, pero no el fuego. Lo verdaderamente incandescente fue descubrir que esa casa de justicia para mujeres —ese lugar que debería ser refugio y no trinchera— está infestada por una lógica perversa de simulación burocrática, de abandono sistemático, de estructuras oxidadas que sólo fingen servir.

El problema no es solo la falta de resultados. Es la costumbre de simular. La naturalización de que los espacios de justicia para mujeres sean manejados como cajas chicas de operadores políticos sin ética ni humanidad.

Y cuando me tocó exponer públicamente esta verdad incómoda, lo hice también pensando en otro caso que me sigue quemando el estómago: el del funcionario de la SEV, ese que cobra más que la gobernadora (sí, más que ella). Un sueldo de $69,873.64 pesos mensuales, en un estado donde hay escuelas sin agua potable. Esto no es una anécdota: es una afrenta constitucional. Lo dice el artículo 127 de nuestra Carta Magna, no yo.

¿Y qué pasó cuando lo denuncié? Nada. O peor: silencio administrativo. Como si levantar la voz fuera solo un berrinche y no una exigencia necesaria.

El lunes me enfrenté a una decisión que había estado evadiendo: ir a la conferencia de prensa de la gobernadora y exponer el caso. Aunque es más fácil no ir, más fácil no preguntar, sé muy bien que el silencio no es neutralidad: es complicidad. Con ello decidí también hacerme cargo de mis palabras, no esperar a que alguien más cuestione lo que yo me estoy cuestionando. Porque a veces, la congruencia es lo único que nos queda.

Fui porque no puedo exigirle al poder valentía, justicia y verdad si no estoy dispuesta a ejercer las tres. Y a estas alturas del camino, he aprendido que de los derechos no sólo se habla: se exigen y se practican.

En la sala de prensa del Gobierno del Estado estuve en muchos momentos desde mi infancia. Recuerdo con gratitud a esa recepcionista que me entretenía mientras mi padre trabajaba. Después, cuando mi vida laboral comenzó, me tocó ir un par de veces en suplencia de mi compañero reportero que cubría al gobernador. Fui con la consigna de mi jefe de información: no había mucho qué cuestionar o reflexionar; lo importante era sacar la nota y ya. “Vamos bien”… y hasta la fecha sigo esperando “lo mejor”.

Desde la última vez, perdí por completo el interés de volver a esa sala donde cada rincón resguarda el eco de promesas rotas, de discursos diseñados para emocionar sin comprometer, de silencios más estruendosos que los aplausos. Recuerdo haber fantaseado con poner un detector de mentiras. Esa fantasía me hizo divertirme mucho. Pasaron varios protagonistas de diferentes colores, y yo no volví. Ni en fantasías.

Esta vez no fui por un jefe ni por una línea editorial. Fui por convicción. Fui porque no quiero vivir en un estado donde los gobiernos simulan, los funcionarios se esconden y la prensa se autocensura. Fui porque creo que decir la verdad sigue siendo un acto de amor radical.

Martes 5 de agosto, en punto de las 10:30 dieron el acceso. Ahí estaba, una vez más, entrando a esa sala. Parecía que el tiempo se había detenido: tal cual la recordaba. Lo mejor fue que alcancé un buen lugar, me acomodé, alisté mi equipo. Cuando volteé hacia atrás, la sala estaba llena, muy llena. En medio del tumulto apareció Benita, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz. Llamó mi atención su amabilidad. Saludó a todos, no desde las ínfulas de funcionaria, sino desde el lenguaje único que tiene la prensa. Pero mi emoción duró poco: anunció que solo seis periodistas podrían preguntar, y serían los primeros en haber llegado. No necesité mucha astucia matemática para saber que yo no estaba entre esos seis. Pensé en salirme y ver la conferencia en internet. Pero me quedé.

De pronto, apareció. Su entrada fue como esperar los resultados de una rifa: ¿con quién viene acompañada? Detrás de ella aparecieron Xóchitl Molina, secretaria de Cultura; Ricardo Ahued, secretario de Gobierno; y, por último, Leonardo Cornejo, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Durante 36 minutos, Molina y Cornejo se encargaron de presentar logros y datos por los que, según ellos, todos los veracruzanos deberíamos sentirnos orgullosos: que si Veracruz es el invitado de honor en el Festival Cervantino, que si se van a invertir 2,537 millones de pesos en infraestructura carretera, que si esto generará 6,880 empleos directos.

Claro que son buenas noticias. Es más, por momentos me mantuve entretenida con las presentaciones. Si las cifras cupieran en diapositivas, y no necesitáramos que esas cifras se tradujeran en vidas salvadas, en puertas abiertas, en políticas coherentes… creo que hasta lo habría disfrutado.

Pero en esa sala todos esperaban la segunda parte: las preguntas y las respuestas.

Fue entonces el turno de Ricardo Ahued, a quien reconozco su habilidad expresiva. Porque, aunque le toque abordar temas difíciles, lo hace con un gesto muy humano. Así comenzaron las preguntas. Cada una fue respondida y bateada con intención de home run. Eran temas delicados, pero antes de que el bate alcanzara la pelota, ya se había deshecho en el aire. Bueno… casi todas, porque un par de pelotas fueron flores lanzadas a la gobernadora, que provocaron risas burlonas, no solo entre los compañeros de prensa, sino también entre miembros del gabinete y la misma mandataria.

Para ese momento me sentía incómoda, molesta y decepcionada. No quería seguir siendo testigo —y mucho menos cómplice— de ese circo. Mientras la gobernadora respondía a halagos y a ciertos cuestionamientos que, más que evidenciar una realidad política, parecían victimizarla, yo no podía dejar de pensar en lo absurdo. Sí, una figura pública como una gobernadora está expuesta a ataques políticos —lo sé— y debe cuidarse de ellos. Pero justo por eso, con más razón, es indispensable que haga frente a lo que está mal en su gobierno.

Poner a sus funcionarios a publicar elogios no resuelve los problemas: los encubre. Y ese intento de acaparar su único momento de contacto con los medios —que son, o deberían ser, el vínculo directo con la ciudadanía— con una avalancha de diapositivas de “buenas obras” para evadir los temas sensibles, no genera orgullo. Genera hartazgo.

Mientras recitaba palabras de un discurso cada vez más lejano a la realidad, el coraje empezó a llenarme. Habló de un “proyecto de nación de Estado”, invocó a Andrés Manuel, a la presidenta Claudia Sheinbaum, habló del amor a la patria… para luego sacar a escena al “régimen anterior” que, según dijo, se niega a morir a través del golpeteo político.

Y entonces, por un instante, se abrió mi esperanza. Dijo: “¿Fallas? Claro que tenemos”. Pensé que estaba a punto de presenciar un hecho histórico, que esa sala dejaría de ser cuna de simulación y discursos prefabricados. Pero no. El show siguió.

Habló de las confrontaciones dentro de su partido como pretexto para introducir lo que tiene muy claro: “Impulsar Veracruz. Tengo que trabajar para su desarrollo, su infraestructura. La cultura y el turismo han sido para mí una palanca muy importante para poner a Veracruz de moda, para que volteen a ver a Veracruz. Hoy en día, Veracruz ocupa en el escenario turístico ya un punto. Lo están volteando a ver.”

Mientras hablaba, me resultaba inevitable discutir mentalmente. Y es que, Gobernadora, Veracruz ha estado de moda desde hace muchos sexenios. Veracruz es y ha sido internacionalmente reconocido. Es un estado inmensamente rico en tradiciones, en cultura, en clima, en gastronomía, en geografía.

Lo que pasa es que ha sido saqueado —una y otra vez— por gobiernos corruptos y atroces. Por favor, esta vez hágalo diferente. ¿Qué necesita? Muchos estamos dispuestos a ayudar. Veracruz merece algo más que “estar de moda”. Merece justicia, memoria, verdad.

Mi atención regresó a la gobernadora cuando dijo:

“Los actores políticos que tenemos un cargo o una representación, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, y tenemos que pensar primero en el país. En este caso, yo tengo que pensar primero en Veracruz antes que cualquier cosa, qué es lo mejor. Y si afectan o no al movimiento, bueno, pues allá ellos, cada quien es responsable. Este es un movimiento democrático, y a veces no lo entendemos. O que digan: ‘todos tienen que estar alineados con la gobernadora’… No, de ninguna manera. Aquí cada quien es libre de pensar, de decir o de hacer...”

¡Pum! Otra vez me disocié. Lo único en lo que podía pensar era en la cascada de publicaciones de sus funcionarios adulándola.

“...sin pasar por los derechos ni respeto de otras personas”. Esa frase me dio el valor, porque lo que yo he estado investigando representa completamente lo contrario a ese discurso.

Hacer mención de derechos que claramente hoy están siendo violados me detonó. Entonces, se apoderaron de mí la rabia y el coraje para alzar la voz e intentar preguntar.

Pero la Gobernadora me calló. Me calló con un “¿me permite?” que sonó a portazo. Me quedé callada, pero no muda. Ella continuó con un discurso que les mentiría si dijera que escuché, porque ya no puse atención. Después de eso, cortó de tajo y salió con sus acompañantes, veloz, huyendo tal vez de lo incómodo o —como ella generalizó— de “zopilotes”.

Pero la mala nueva es esta: los zopilotes no sólo rondan allá afuera. También anidan dentro. No necesitan volar desde otras tierras para oler la carroña; les basta con respirar el aire viciado del poder. Y mientras el corazón siga descomponiéndose desde dentro, seguirán llegando, convocados por el hedor, hambrientos y puntuales, a la mesa del festín.

Cerré los ojos, respiré hondo y, una vez más, me pregunté qué chingados estaba haciendo ahí, en esa sala que parecía encantada por una maldición.

Salí con mis compañeros, con esa pinche emoción que logré identificar en varios rostros. En la puerta, alguien me detuvo:

“Escribes bien, no dejes de hacerlo. Queremos seguir leyéndote.”

La voz y la mirada de esa joven compañera me sacudieron. Me recordaron que el periodismo —como la justicia— es un acto de fe. Fe en que denunciar no es solo una forma de resistir, sino de construir algo mejor. No escribo porque crea que las cosas van a cambiar mañana. Escribo porque no puedo dejar de creer que algún día lo harán.

Porque si no alzamos la voz para narrar lo que incomoda, el poder seguirá repitiendo la historia falsa.

Debemos seguir apuntando con nuestras preguntas hacia lo más alto, porque allí donde la pregunta se convierte en silencio, la impunidad se fortalece.

Porque algún día, quizá no tan lejano, esa sala dejará de oler a simulación.

Y aquí estoy nuevamente, con rabia, con tristeza, con esa esperanza testaruda que no me ha abandonado, aunque a veces la encuentre dormida entre los escombros.

Gobernadora, una pregunta:

Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el director de Actividades Artísticas de la SEV, Ángel Borjas Solorza, percibe un sueldo neto mensual de $69,873.64, cifra que excede el tope legal de $53,139.29 para su nivel y supera incluso su propio salario como titular del Ejecutivo, que es de $67,800.42. Esta situación vulnera el artículo 127 constitucional. Además, el funcionario asumió el cargo sin cédula profesional válida, ha sido señalado por amenazas a docentes, y a la fecha no ha presentado plan de trabajo.

En paralelo, el Centro de Justicia para las Mujeres atraviesa una crisis de legitimidad. Además del escándalo de la funcionaria suspendida, la titular del CEJUM, Pamela Ortega Medina, incorporó a su pareja sentimental a la nómina con un salario de $21,588.94, mientras su empresa IMCOCO aparece en el padrón de proveedores del Gobierno estatal, lo que representa una falta grave al Código de Ética y de Conducta. Su perfil no cumple los requisitos del artículo 39 del Reglamento del CEJUM: no cuenta con especialización ni experiencia comprobable en derechos humanos o atención a víctimas, y enfrenta denuncias por hostigamiento laboral y opacidad institucional.

Ambos casos comprometen el sentido ético del servicio público y envían un mensaje preocupante de impunidad y simulación, tanto en el ámbito educativo como en el de la protección de derechos de las mujeres.

Usted ha anunciado una inversión de 400 millones de pesos para construir nuevos CEJUM en Coatzacoalcos, Orizaba, Álamo y Veracruz-Boca del Río. Lo cual es una gran noticia, porque Veracruz necesita espacios de justicia dignos, humanos, funcionales.

Sin embargo, en un estado donde tantas mujeres aún huyen del miedo y tocan la puerta de la justicia con la esperanza rota:

¿Cuál es la justificación técnica y legal para mantener en funciones a perfiles cuestionados en áreas tan sensibles como la educación y la protección de víctimas? ¿Qué hará su gobierno para que esa puerta no vuelva a cerrarse y, esta vez, al abrirse, ofrezca una respuesta digna, humana y real? 


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