* Integrantes del Consejo Interino aseguran que existen ingresos sin registrar, diferencias salariales y posibles conflictos de interés. Estiman un posible daño patrimonial de hasta 8 mdp, monto que deberá determinarse mediante una auditoría.
Por Mónica Tejeda H.
Xalapa, Ver.– Presuntas irregularidades financieras, falta de transparencia administrativa y el deterioro de las instalaciones mantienen en incertidumbre el futuro del Club Social y Deportivo Las Ánimas, conocido como Club Britania. Integrantes del Consejo Interino advirtieron que el patrimonio de los accionistas podría estar en riesgo y denunciaron ante la Fiscalía presuntos hechos de administración fraudulenta, por los que exigieron que se investigue el manejo de los recursos y se esclarezca la situación jurídica de la organización.
Durante una conferencia de prensa, Marcos Salas Contreras, Fernando López Ochoa, José Othón Flores Consejo y Héctor Garza Yáñez informaron que el Consejo Provisional presentó una denuncia ante la Fiscalía Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa.
La investigación quedó radicada en la carpeta 989/2026, con fecha del 7 de abril de 2026, por el presunto delito de administración fraudulenta y lo que resulte. De acuerdo con los denunciantes, el 10 de agosto solicitaron a la representación social que girara citatorios a las personas señaladas para que rindieran declaración; sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han observado avances en la indagatoria.
Entre los señalamientos expuestos destaca un presunto desfalco de siete millones de pesos, así como posibles ingresos que, según los integrantes del Consejo Interino, no estarían incorporados de manera adecuada a la contabilidad del club.
Explicaron que entre las actividades que generan recursos se encuentran el servicio del bar, las clases de tenis, los cursos de verano, los torneos deportivos y el cobro de pases de acceso a personas que no son socias. Sostuvieron que, pese al movimiento económico de estos servicios, no han encontrado documentación contable suficiente para conocer con claridad el registro y destino de todos los ingresos. Indicaron que solicitaron información y revisaron los elementos a los que han tenido acceso, pero aseguraron que no cuentan con una contabilidad que respalde plenamente las operaciones que cuestionan.
Los representantes señalaron que el bar del club registra una importante afluencia nocturna y que los profesores de tenis cobran por impartir clases en las instalaciones.
Según su explicación, los instructores entregan a la administración un porcentaje de lo que perciben, aunque dijeron desconocer la proporción exacta y cuestionaron que esos recursos no aparezcan debidamente registrados en los sistemas contables y fiscales.
A partir de estas observaciones, plantearon la necesidad de realizar una auditoría que permita establecer cuánto dinero ingresa realmente, cómo se administra y si existen obligaciones fiscales pendientes.
Otro de los aspectos que señalaron fue la contratación de servicios jurídicos por parte del club.
Durante la conferencia, expusieron que existe un contrato firmado por el presidente del Consejo en favor de un abogado que también ocupa un cargo de secretario en la estructura directiva cuestionada. Según los denunciantes, el monto del contrato ronda los 150 mil pesos y los servicios estarían relacionados con la defensa jurídica frente a las acciones emprendidas por integrantes del Consejo Interino.
Consideraron que esta situación debe revisarse para determinar si los recursos del club se utilizaron para cubrir gastos de interés particular y si la contratación se realizó conforme a las reglas aplicables.
También cuestionaron las diferencias salariales entre trabajadores que, según dijeron, realizan funciones similares. Afirmaron que existen percepciones mensuales de 60 mil pesos o más, sin que hayan podido conocer con precisión los criterios utilizados para establecer determinados sueldos.
A ello sumaron la presunta falta de un presupuesto anual y de un plan estratégico para orientar el funcionamiento del club. Para los integrantes del Consejo Interino, estas condiciones reflejan la necesidad de revisar los procedimientos administrativos, la asignación de recursos y los mecanismos de supervisión interna.
En cuanto al monto que podría estar comprometido, los representantes estimaron que el daño patrimonial alcanzaría hasta ocho millones de pesos, aunque reconocieron que será una auditoría la que permita determinar la cifra real.
Durante la rueda de prensa también cuestionaron la permanencia de Gerardo Rafael Garza Dávila al frente del consejo destituido y la rotación de cargos entre personas que han participado en anteriores administraciones. Además, hicieron un llamado a las autoridades para que revisen la situación y atiendan la denuncia presentada.
Uno de sus argumentos fue que la continuidad de quienes consideran carentes de representación legal podría complicar la operación administrativa y financiera del club; sin embargo, el alcance de esas facultades deberá establecerse con base en los documentos corporativos y las resoluciones correspondientes.
En otro punto, los integrantes del Consejo Interino aclararon que el pago de las cuotas por parte de alrededor de 480 socios no debe interpretarse como un respaldo al consejo destituido.
Explicaron que en la entrada del inmueble se colocó un anuncio en el que se exige el pago en efectivo para permitir el acceso.
Afirmaron que el club cuenta con aproximadamente mil socios y que quienes cubrieron la mensualidad únicamente buscan conservar el acceso a los servicios y las actividades deportivas.
Por ello, cuestionaron el manejo de los recursos recibidos en efectivo y pidieron que se aclare quién los recibe, cómo se registran y a qué se destinan.
Los denunciantes también expresaron preocupación por el deterioro de las instalaciones, las deficiencias de limpieza y la falta de actividades culturales y de convivencia.
Consideraron que el club ha perdido oportunidades para fortalecer sus servicios y aprovechar la oferta cultural y deportiva de Xalapa.
Asimismo, anunciaron que Roberto Garza es la persona que proponen para asumir la gerencia, y señalaron que se encuentra trabajando en análisis que buscarían presentar cuando tengan acceso a las instalaciones y a mayor información administrativa.
Presidente destituido es Contralor del OPLE
Los integrantes del Consejo Interino también hicieron un llamado a las autoridades del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para que revisen la situación de Gerardo Rafael Garza Dávila, presidente del consejo destituido del Club Britania, a quien identificaron como contralor de dicho organismo.
Consideraron que los señalamientos y la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Quinta de Xalapa ameritan atención, al tratarse de un funcionario cuya responsabilidad está relacionada con la vigilancia y el control de los recursos públicos.
“¿Cómo es posible que se mantenga a una persona que ya está denunciada penalmente?”, cuestionaron durante la conferencia, al señalar la importancia de que quienes tienen a su cargo la supervisión financiera de una institución electoral actúen con transparencia y estén sujetos a la revisión correspondiente.
Por ello, solicitaron que las autoridades competentes analicen el caso y determinen si existe algún elemento que deba atenderse en el ámbito administrativo, sin que la presentación de una denuncia implique, por sí misma, que se haya acreditado responsabilidad penal.
Finalmente, los integrantes del Consejo Interino advirtieron que el futuro del Club Britania dependerá de que se esclarezca el manejo de los recursos, se determine la situación jurídica de sus órganos de administración y se garantice la transparencia en sus operaciones.
Reiteraron que buscarán que la Fiscalía dé seguimiento a la denuncia por presunta administración fraudulenta y que se realice una auditoría para conocer el estado real de las finanzas.
Su principal preocupación, afirmaron, es evitar que las diferencias administrativas y las posibles irregularidades terminen por comprometer el patrimonio de los accionistas, las fuentes de empleo y la continuidad de las actividades deportivas y recreativas.
