En política, lo que se ordena desde el poder suele convertirse en una prueba de lealtad. Pero también —y con frecuencia— en un termómetro de congruencia. Y en estos días, ese termómetro está midiendo la temperatura política dentro del partido oficial Morena con una pregunta simple: ¿Quién está dispuesto a dejar el cargo para competir por otro?
La instrucción vino desde la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Desde la conferencia matutina —esa tribuna institucional convertida en escenario cotidiano de la política nacional— dejó claro que quienes aspiren a un cargo de elección popular por Movimiento Regeneración Nacional deberán renunciar previamente a sus funciones si actualmente ocupan un cargo público, ya sea federal, estatal o municipal.
La lógica parece elemental: evitar que los aspirantes utilicen recursos públicos, influencia institucional o ventajas administrativas para posicionarse electoralmente. No es un invento nuevo. Es un principio básico de equidad en las contiendas que, de hecho, ha sido defendido durante años por la propia izquierda mexicana cuando era oposición.
La pregunta inevitable es si ese principio se aplicará con la misma disciplina que antes se exigía a los gobiernos priistas y panistas.
A nivel federal ya comenzaron a aparecer las primeras respuestas. Tres senadoras de Morena pidieron licencia para competir en las elecciones que vienen: Beatriz Mojica en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa y Andrea Chávez en Chihuahua.
El caso de Mojica es particularmente interesante: en Guerrero aparece como una de las figuras más competitivas dentro del oficialismo. En Sinaloa, Imelda Castro entra a un terreno político complejo, donde las estructuras locales pesan más que las simpatías nacionales. Y en Chihuahua, Andrea Chávez enfrenta un escenario más complicado: aunque cuenta con respaldo político en el Senado, en territorio parece ir por debajo del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, quien mantiene una presencia política más consolidada en la frontera.
Hasta ahí, la disciplina partidista parece caminar.
Pero cuando se baja la lupa al nivel estatal —particularmente en Veracruz— el panorama cambia de manera curiosa.
Porque en el terruño veracruzano, hasta ahora, nadie ha presentado renuncia para buscar una candidatura de Morena.
Ni funcionarios federales asentados en el estado.
Ni secretarios del gobierno estatal.
Ni alcaldes con aspiraciones evidentes.
Ni delegados que llevan meses en abierta promoción política.
Y eso abre una interrogante que va más allá del simple trámite administrativo.
Si la instrucción vino desde la Presidencia, ¿por qué nadie se mueve?
Hay varias posibles explicaciones. La primera es política: muchos aspirantes esperan que las definiciones se retrasen para no soltar el cargo antes de tiempo. La segunda es estratégica: nadie quiere quedarse sin puesto y sin candidatura al mismo tiempo. Y la tercera —la más incómoda— es que quizá algunos creen que la instrucción presidencial aplica para otros… pero no para ellos.
En la cultura política mexicana existe un viejo vicio: la simulación. Se acata el discurso, pero se evade el costo. Se respeta la forma, pero se estira la norma hasta donde aguante.
Y ahí es donde empieza a ponerse a prueba la llamada “transformación”.
Porque gobernar con autoridad moral implica algo más que repetir consignas: exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Si Morena quiere demostrar que es distinto a los partidos que durante décadas criticó, tendrá que empezar por aplicar sus propias reglas con la misma severidad con que antes exigía las de los demás.
Y eso incluye algo tan simple —y tan difícil— como renunciar al poder cuando se quiere aspirar a otro.
Porque en política la congruencia no se proclama en la tribuna: se demuestra con decisiones personales.
Y hasta ahora, en Veracruz, el silencio de las renuncias empieza a sonar más fuerte que cualquier discurso.
