Mostrando las entradas con la etiqueta Miguel Angel Cristiani G.. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Miguel Angel Cristiani G.. Mostrar todas las entradas

¿Y si primero surtimos los hospitales?

 


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay anuncios de gobierno que suenan muy bien.

Miles de médicos y enfermeras que llegarán a las comunidades, programas de atención domiciliaria y toda una estrategia para acercar los servicios de salud a la población.

Todo eso suena muy bien.

Pero mientras se anuncian nuevos programas, en Xalapa existe una pregunta que no puede seguir esperando:

“¿Qué está pasando con los hospitales que ya existen y que no tienen lo indispensable para atender a sus pacientes?”

El Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” enfrenta, de acuerdo con un documento de alerta difundido por personal del área de Cirugía General, una situación crítica por falta de medicamentos, insumos y material quirúrgico.

El documento señala que se han suspendido procedimientos programados desde noviembre de 2025 y que “más de mil pacientes permanecen en listas de espera”, mientras quienes ya se encuentran hospitalizados recurren al servicio de urgencias para recibir atención.

La consecuencia es lógica: más pacientes, mayor presión sobre urgencias y mayor riesgo de complicaciones.

Entre los materiales señalados como necesarios aparecen antibióticos, soluciones, lápices y placas de cauterio, compresas, gasas con y sin trama radiopaca, suturas, batas, gorros, botas, ropa quirúrgica, bultos quirúrgicos, hojas, guantes e Isodine espuma.

No estamos hablando de lujos.

“Estamos hablando de los materiales básicos para poder operar y atender a un enfermo.”

Y aquí es donde el anuncio de “El Médico en tu Casa” merece una reflexión.

Nadie puede estar en contra de llevar atención médica a quienes la necesitan.

Pero antes de mandar médicos a los domicilios habría que preguntarse si los hospitales cuentan con medicamentos, quirófanos, materiales y personal suficientes para atender a quienes ya llegaron hasta sus puertas.

Porque de poco sirve tener un médico disponible si no cuenta con los elementos necesarios para realizar una cirugía.

“¿De qué sirve llevar al médico a la casa si el hospital no tiene con qué atender al paciente cuando necesita una operación?”

La política de salud debería ser integral.

Prevención, atención primaria, médicos en las comunidades y hospitales funcionando correctamente no son estrategias que deban competir entre sí.

Son partes de un mismo sistema.

El problema aparece cuando se anuncian grandes metas mientras los servicios existentes enfrentan carencias elementales.

Y aquí hay una responsabilidad que no puede diluirse entre oficinas.

Los pacientes no pueden convertirse en números de una lista de espera.

Cada uno tiene nombre, familia, enfermedad y una necesidad concreta de atención.

Por eso sería importante que las autoridades de Salud expliquen públicamente qué está ocurriendo en el CAE “Dr. Rafael Lucio”, cuántas cirugías han sido suspendidas, cuántos pacientes esperan actualmente, cuáles son los insumos faltantes y cuándo se resolverá el problema.

No basta con decir que se está trabajando.

“Hay que demostrarlo con hospitales abastecidos y pacientes atendidos.”

Porque la salud pública no se mide por el número de programas anunciados.

Se mide por algo mucho más sencillo:

“que cuando un ciudadano llega al hospital, lo puedan atender.”

Como diría Pancho López:

“Primero surtan el hospital; después mandamos al médico a la casa. Porque para curar al enfermo también hace falta con qué.”

Y ésta sí es una emergencia que no debería esperar.

Compartir:

Municipios de Veracruz recuperan en agosto participaciones federales completas


 Por Miguel Angel Cristiani

A partir de este mes de agosto, los 199 ayuntamientos de Veracruz que formaban parte del esquema de bursatilización dejarán de recibir descuentos sobre sus participaciones federales, luego de que el Gobierno del Estado concluyera el pago total del pasivo contratado con instituciones bancarias.

El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, confirmó que los municipios ya reciben sus participaciones federales sin las retenciones derivadas de ese mecanismo financiero, mientras la administración estatal concluye los procedimientos administrativos y jurídicos para cerrar formalmente el fideicomiso.

“Vamos muy bien en tiempo y ya no les van a descontar a los municipios en este mes de agosto, ya les llega completa su participación o sus participaciones federales como se comprometió la Gobernadora”, afirmó.

El funcionario explicó que el pago total a las instituciones bancarias ya fue realizado y que actualmente se desarrolla la etapa final de cierre y finiquito.

“Ese pago ya se hizo. O sea, digamos, el pago completo se hizo allá a los bancos. Estamos en el proceso de cierre y finiquito”, puntualizó.

Reyes Hernández recordó que la Secretaría de Finanzas y Planeación realizó previamente tres reuniones regionales —norte, centro y sur— con los alcaldes de los 199 municipios involucrados, con el propósito de explicar la estrategia de saneamiento financiero.

Como parte de la etapa final, la semana pasada se reunió con representantes de ocho municipios que concentran la representación de los 199 ayuntamientos, para iniciar los procedimientos destinados a dar de baja el adeudo ante la Secretaría de Hacienda y posteriormente concluir el finiquito del fideicomiso.

Reconoció que se trata de un procedimiento administrativo complejo y prolongado, aunque aseguró que se mantiene conforme al calendario establecido y a los acuerdos alcanzados con la representación fiduciaria responsable de los certificados bursátiles.

Sin distingo partidista

Cuestionado sobre si el rescate financiero pudiera representar algún tipo de condición o trato preferencial para los gobiernos municipales, el secretario rechazó que exista algún criterio partidista.

“De ninguna manera. No, cero. Por eso la Gobernadora lo que dice es ‘sin distingo partidista’. No lo hicimos con la bursatilización”, sostuvo.

La eliminación de la deuda, explicó, constituye solamente el primer paso de una estrategia más amplia de saneamiento de las finanzas municipales.

El Gobierno del Estado contempla continuar apoyando a los ayuntamientos en la atención de otros pasivos, entre ellos las deudas fiscales y los adeudos acumulados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El objetivo, de acuerdo con Finanzas, es que los municipios recuperen capacidad financiera y dispongan de mayores recursos para atender sus responsabilidades y realizar obra pública.

La conclusión del pago de la bursatilización representa así un cambio importante para las administraciones municipales: desde agosto, las participaciones federales ya no llegan con el descuento que durante años redujo su disponibilidad presupuestal.

Ahora viene la parte más importante: que esa mayor liquidez se traduzca en mejores servicios, obra pública y atención a las necesidades de los ciudadanos.

Porque liberar recursos es apenas la primera mitad de la tarea.

La otra mitad será demostrar en qué se gastan.

Compartir:

Cosas habrás de ver…en el Congreso


 Por Miguel Ángel Cristiani G.

Como diría aquella vieja expresión Cervantina: “cosas habrás de ver”.

Y vaya que las hubo ayer, minutos antes de comenzar en el Congreso del Estado la sesión solemne para entregar la Medalla y Diploma “Heberto Castillo Martínez” 2025 a la maestra Gloria Sánchez Hernández, auténtico pilar de la izquierda veracruzana.

Por los pasillos del Congreso comenzaron a desfilar alcaldes de distintos municipios.

Algunos llegaron con tranquilidad.

Otros, en cambio, parecían llevar más preocupación que entusiasmo.

Fue el caso del presidente municipal de Cosamaloapan, quien, según se observó, prefirió escurrirse entre los reporteros de la fuente legislativa para evitar las preguntas incómodas que seguramente ya tenía previstas.

Y es que en estos tiempos de redes sociales, fotografías y boletines cuidadosamente redactados, todavía existe una prueba que ningún equipo de comunicación puede controlar: el encuentro cara a cara con los periodistas.

También estuvieron presentes algunos personajes que ocuparon cargos de poder durante la pasada administración municipal, particularmente de Xalapa y Coatzacoalcos.

La escena resultó curiosa.

Nadie se acercó demasiado.

Ni siquiera para el protocolario “buenos días”.

Así es la política.

Mientras algunos llegan buscando reflectores, otros descubren que los reflectores ya no son los mismos cuando dejaron el cargo.

Los que sí tuvieron que responder

Los más buscados por los reporteros de la fuente fueron dos tocayos: el secretario de Finanzas del Estado, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García.

Ambos tuvieron que detenerse en dos ocasiones para atender a los periodistas.

Y, a diferencia de quienes prefieren pasar inadvertidos, Rosaldo aprovechó el encuentro para hablar de un asunto que preocupa particularmente a los habitantes de Coatzacoalcos: las condiciones de la infraestructura urbana frente a las lluvias.

El alcalde sostuvo que el municipio está transitando de una etapa reactiva hacia una estrategia de construcción y atención estructural, con proyectos relacionados con colectores pluviales, canales, plantas de tratamiento, cárcamos y un sistema integral de agua pluvial y drenaje.

La frase que quizá resume su planteamiento fue contundente:

“Tenemos que resolver de manera estructural, aunque no se vea”.

Y ahí está precisamente uno de los grandes problemas de la obra pública.

Muchas veces se privilegia aquello que puede inaugurarse, fotografiarse y presumirse, mientras quedan debajo de la tierra las obras que realmente pueden cambiar el funcionamiento de una ciudad.

Rosaldo explicó que parte de la infraestructura hidráulica de Coatzacoalcos ya rebasó su ciclo de vida y requiere sustitución y modernización.

También señaló que el Ayuntamiento busca avanzar por tramos en drenaje, obras pluviales y pavimentación, incluyendo la reconstrucción de losas dañadas y no solamente el tradicional bacheo.

El reto, desde luego, es enorme.

El propio alcalde recordó que existe el antecedente de un proyecto para renovar el sistema sanitario de Coatzacoalcos cuyo costo estimado llegó a 15 mil millones de pesos.

Una cifra que permite dimensionar el tamaño del problema.

Por eso, más allá de los discursos, habrá que seguir de cerca si esa estrategia estructural se convierte realmente en obras y resultados.

Mientras tanto, queda una pequeña lección de la jornada: algunos políticos hacen todo lo posible por evitar a los periodistas; otros entienden que responder preguntas también forma parte de gobernar.

Y como diría Pancho López:

“Hay funcionarios que le tienen miedo al micrófono; seguramente porque todavía no encuentran qué decir cuando se apaga la fotografía.”

Y ayer, en el Congreso, hubo de todo un poco.

Compartir:

El OPLE y la pregunta incómoda: ¿a dónde va el dinero de la difusión?


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay investigaciones periodísticas que comienzan con una declaración escandalosa.

Y hay otras que comienzan con algo mucho más sencillo: una solicitud de información.

Esta vez, en Bitácora Política, decidimos hacer lo segundo.

El pasado 10 de agosto presentamos ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz una solicitud de información pública para conocer, con documentos, quiénes fueron contratados durante el primer semestre de 2025 para prestar servicios de difusión institucional y cuánto dinero público recibieron.

No estamos preguntando por rumores.

Estamos preguntando por contratos.

Queremos saber quiénes fueron los proveedores, cuánto se contrató, cuánto se pagó, mediante qué procedimiento fueron seleccionados y a qué partida presupuestal se cargaron esos recursos.

La solicitud, registrada con el folio 630564026000105, también pide conocer las fechas de los pagos y el área del OPLE que solicitó cada servicio.

Pero hay una pregunta adicional que puede resultar todavía más interesante:

¿Dónde se difundieron esos contenidos?

Porque no es lo mismo contratar una campaña institucional para televisión, radio, prensa escrita, portales digitales o redes sociales.

Y tampoco es lo mismo conocer cuánto se gastó que saber qué se recibió a cambio.

Por eso solicitamos que, cuando la información obre en los expedientes, se identifiquen los medios, portales, plataformas digitales o redes sociales en los que se realizó la difusión contratada.

También pedimos que se informe si durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2025 existieron proveedores contratados para comunicación digital, publicidad digital, producción y difusión de contenidos, manejo o difusión en redes sociales y otros conceptos equivalentes, independientemente del nombre administrativo utilizado.

La razón es sencilla.

Cuando se analiza el gasto público, las palabras pueden cambiar, pero los pesos siguen siendo pesos.

Una partida puede llamarse difusión.

Otra comunicación social.

Otra publicidad digital.

Otra producción de contenidos.

Por eso necesitamos revisar el conjunto y no solamente una etiqueta presupuestal.

Ahora toca esperar la respuesta

La propia Plataforma Nacional de Transparencia establece como fecha prevista para la respuesta el 7 de septiembre de 2026. También señala que, si el organismo requiere más tiempo para localizar la información, existe un plazo adicional que llevaría la respuesta hasta el 22 de septiembre.

Mientras tanto, no vamos a adelantar conclusiones.

Primero queremos los documentos.

Después vendrán las comparaciones.

Y finalmente, si los datos lo permiten, podremos saber quiénes fueron los principales proveedores, cuánto recibieron, cómo fueron contratados y qué servicios proporcionaron.

Porque una cosa es hablar de millones de pesos en un informe presupuestal.

Y otra muy distinta es seguirle la pista al dinero hasta llegar al proveedor.

Ahí es donde empieza realmente el periodismo de investigación.

Y como diría nuestro inevitable Pancho López:

“A ver si ahora sí nos cuentan dónde quedó la bolita… y, sobre todo, cuánto pesaba.”

Por lo pronto, la pregunta ya está formalmente sobre la mesa.

Ahora le toca responder al OPLE.

Compartir:

Ingenios: la historia que se repite


Por Miguel Ángel Cristiani G.

Dicen en el puerto de Veracruz que las noticias son cíclicas: tarde o temprano terminan repitiéndose, aunque cambien los protagonistas, los funcionarios y hasta los discursos.

Y con los ingenios azucareros parece que la historia se empeña en demostrarlo.

Desde que tenemos memoria, allá por los años setenta, ya se escuchaban las mismas amenazas que ahora: que un ingenio estaba en crisis, que ya no era negocio, que los costos de operación eran insostenibles y que, de no recibir ayuda, tendría que cerrar sus puertas.

Por aquellos años, un poderoso industrial de la industria azucarera, propietario de varios ingenios, recurría a un argumento que hoy vuelve a sonar conocido: si el gobierno no intervenía y aportaba recursos, la empresa simplemente no podía continuar.

Y el gobierno terminaba entrando al quite.

Millones de pesos después, el ingenio seguía funcionando.

El problema era que, aparentemente, el dinero alcanzaba para apagar el incendio, pero no para cambiar las instalaciones eléctricas, renovar la maquinaria, mejorar los procesos productivos o realizar las inversiones necesarias para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Pasaba el tiempo y, como en una película que ya todos conocían, volvía la amenaza de cierre.

Otra vez la crisis.

Otra vez los trabajadores en incertidumbre.

Otra vez los productores de caña preocupados.

Otra vez el impacto económico para toda una región.

Y otra vez el gobierno obligado a intervenir.

Cincuenta años después, pareciera que solamente cambiaron los nombres.

Ahora, tras varias semanas de dimes y diretes, incertidumbre y preocupación entre trabajadores, productores y habitantes de Lerdo de Tejada, se anuncia que el Ingenio San Pedro continuará operando y realizará la próxima zafra.

El acuerdo alcanzado entre autoridades federales, el Gobierno de Veracruz y directivos de Grupo Porres habría permitido desactivar el anuncio de cierre que la empresa realizó a principios de agosto, argumentando inviabilidad económica.

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, confirmó que las negociaciones llegaron a buen puerto y aseguró que existe un ambiente de concordia y tranquilidad.

La noticia, desde luego, merece celebrarse.

Porque detrás de un ingenio no solamente están las paredes, las chimeneas y los molinos.

Está una cadena económica completa: trabajadores, productores de caña, transportistas, comerciantes, prestadores de servicios y cientos de familias que dependen directa o indirectamente de que la fábrica permanezca abierta.

Que el Ingenio San Pedro continúe operando es, por tanto, una buena noticia para Lerdo de Tejada y para toda la región.

Pero una cosa es apagar la emergencia y otra muy distinta resolver el problema.

Y ahí es donde comienza la verdadera discusión.

Porque si el ingenio estaba al borde del cierre por inviabilidad económica, la pregunta inevitable es: ¿qué va a cambiar ahora para que dentro de unos meses o unos cuantos años no volvamos a escuchar exactamente la misma amenaza?

¿Habrá un programa serio de modernización?

¿Se invertirán recursos para hacer más eficiente la producción?

¿Se establecerán compromisos concretos de inversión privada?

¿Habrá transparencia sobre los apoyos públicos que eventualmente se otorguen?

¿Se conocerán las causas financieras y operativas que llevaron a plantear el cierre?

Porque si la solución consiste únicamente en poner dinero público para que el ingenio pueda llegar a la siguiente zafra, estaremos frente a una solución temporal, no frente a una política industrial.

Y Veracruz ya conoce demasiado bien esa película.

Durante décadas, el Estado ha terminado funcionando como una especie de aseguradora de última instancia para empresas que enfrentan problemas estructurales. Cuando las cosas marchan bien, las ganancias son privadas; cuando aparecen las pérdidas y el riesgo de cierre amenaza con convertirse en un problema social, entonces aparece la mano pública.

Eso puede ser comprensible cuando se trata de proteger empleos y evitar un desastre económico regional.

Lo que resulta difícil de justificar es que cada rescate no venga acompañado de una estrategia para que el siguiente rescate ya no sea necesario.

Porque rescatar un ingenio una vez puede ser una emergencia.

Rescatarlo cada cierto tiempo puede convertirse en una costumbre.

Y cuando una costumbre se financia con dinero de los contribuyentes, entonces deja de ser solamente un asunto empresarial: se convierte en un asunto de interés público.

Por eso, más que festejar que el Ingenio San Pedro sobrevivió otra temporada, habría que preguntarnos qué se hará para que pueda sobrevivir por sí mismo.

La verdadera noticia no será que habrá zafra este año.

La verdadera noticia será que algún día podamos informar que un ingenio veracruzano es rentable, moderno, competitivo y capaz de mantenerse sin tener que tocar periódicamente las puertas de los gobiernos para pedir auxilio.

Porque, de lo contrario, estaremos condenados a seguir escuchando la misma historia.

Cambiarán los empresarios.

Cambiarán los gobernadores.

Cambiarán los secretarios.

Cambiarán los discursos.

Pero la amenaza de cierre seguirá siendo la misma.

Y, como siempre, al final terminará pagando la cuenta el mismo de siempre: el pueblo.

PANCHO LÓPEZ

Y como diría nuestro siempre oportuno Pancho López: “¡Pues qué bonito negocio: ¡cuando hay ganancias son de los dueños y cuando hay pérdidas, también son del gobierno!”

La caña podrá seguir creciendo, pero si seguimos sembrando rescates en lugar de inversiones, la cosecha será siempre la misma.

Compartir:

Los 27 millones de la publicidad: ¿a quién se pagaron?

 


Radiografía del OPLE Veracruz

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Ya sabemos cuánto gastó el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en comunicación social y publicidad durante 2024.

Ahora viene la pregunta verdaderamente importante:

¿A quién se pagaron esos 27 millones 271 mil 75 pesos?

La cifra aparece en el informe financiero del propio OPLE y corresponde al gasto acumulado al 31 de diciembre de 2024 dentro del capítulo de Servicios Generales.

En ese ejercicio, el organismo reportó un gasto total de 343 millones 220 mil 546 pesos en Servicios Generales.

De esa cantidad, 27 millones 271 mil 75 pesos correspondieron a Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

La cifra equivale a prácticamente 8 de cada 100 pesos gastados en Servicios Generales.

No es la partida más grande.

Los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros representaron 195.84 millones de pesos.

Los arrendamientos sumaron 26.60 millones.

Los servicios de traslado y viáticos llegaron a 28.61 millones.

Pero los 27.27 millones destinados a comunicación social tienen una característica particular:

Se pueden seguir hasta llegar al proveedor.

Y eso es precisamente lo que vamos a hacer.

Ya hemos presentado una solicitud de información sobre el tema.

El presupuesto solamente es el principio

Hasta ahora hemos hablado de grandes cantidades.

Pero un presupuesto solamente nos dice cuánto se autorizó y cuánto se ejerció.

No nos dice por sí mismo quién ganó los contratos.

Para eso tenemos que bajar un nivel más.

Necesitamos conocer:

qué empresa o persona física prestó el servicio;

qué servicio proporcionó;

cuánto se contrató;

cuánto se pagó;

por cuánto tiempo;

mediante qué procedimiento de contratación;

quién autorizó el gasto;

y, finalmente, qué producto o servicio recibió el OPLE a cambio.

Porque decir que se gastaron 27.27 millones es solamente el comienzo.

La verdadera historia está en la distribución de esos millones.

Publicidad no es una sola cosa

También tendremos que evitar otra confusión.

Cuando hablamos de “publicidad” no necesariamente estamos hablando exclusivamente de anuncios en periódicos, radio, televisión o portales informativos.

La clasificación presupuestal de comunicación social puede involucrar diferentes servicios.

Por eso nuestra revisión incluirá, entre otros:

publicidad y difusión institucional;

campañas de comunicación social;

monitoreo de medios;

producción audiovisual;

diseño;

servicios digitales;

materiales de difusión;

transmisiones;

y otros servicios directamente relacionados con la estrategia de comunicación.

La propia Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE tiene entre sus atribuciones coordinar la estrategia integral de comunicación y la difusión de contenidos institucionales.

Por ello, cada contratación debe analizarse de acuerdo con el servicio específico que se pagó.

La pregunta que debemos responder

Aquí aparece una interrogante que merece toda nuestra atención:

¿El gasto de comunicación social se distribuyó entre numerosos proveedores o terminó concentrándose en unos cuantos?

Las dos posibilidades son perfectamente distintas.

Si encontramos decenas de proveedores con montos pequeños, tendremos una fotografía.

Si encontramos que una cantidad importante se concentró en unas cuantas empresas, tendremos otra.

Y si además esos mismos proveedores aparecen repetidamente durante varios ejercicios, la investigación adquiere una nueva dimensión.

No significa que exista una irregularidad.

Pero sí significa que existe una concentración que merece ser explicada.

¿Cómo se contrataron?

Hay otra pregunta fundamental:

¿Cómo fueron asignados esos contratos?

Una contratación mediante licitación pública no tiene las mismas características que una adjudicación directa.

La invitación a cuando menos tres proveedores también tiene reglas específicas.

Y una adjudicación directa puede ser perfectamente legal cuando se actualizan los supuestos previstos por la legislación.

Por eso no vamos a utilizar la palabra “irregular” simplemente porque encontremos una adjudicación directa.

Primero habrá que conocer el fundamento jurídico.

Después, el monto.

Luego, la justificación.

Y finalmente, el resultado.

El periodismo serio no necesita adjetivos cuando tiene documentos.

La política de racionalidad

Hay además un elemento que vuelve todavía más interesante esta revisión.

El propio OPLE ha establecido medidas de racionalidad del gasto y ha señalado criterios para evitar incrementos injustificados en determinados servicios, incluida la comunicación social y publicidad.

También ha planteado que las adquisiciones y servicios deben buscar mejores condiciones para el organismo.

Por eso, la pregunta resulta inevitable:

¿Cómo se aplicaron esos principios cuando se contrataron los servicios de comunicación?

La respuesta estará en los expedientes.

No en los discursos.

El siguiente paso

A partir de ahora nuestra investigación cambiará de metodología.

Ya no vamos a trabajar solamente con los informes presupuestales.

Vamos a construir una base de contratos y proveedores.

Comenzaremos con 2024.

Después incorporaremos 2025.

Y finalmente 2026.

Para cada contratación registraremos:

Proveedor.

Concepto.

Número de contrato.

Fecha.

Vigencia.

Monto contratado.

Monto pagado.

Procedimiento de contratación.

Área solicitante.

Y, cuando la documentación esté disponible:

producto o servicio entregado.

Al final podremos sumar los contratos por proveedor.

Y entonces sí tendremos una respuesta concreta a la pregunta que hoy dejamos abierta:

¿Quiénes recibieron los 27 millones 271 mil 75 pesos que el OPLE Veracruz ejerció en comunicación social y publicidad durante 2024?

Porque el dinero público tiene una característica muy particular.

Puede salir de una partida presupuestal.

Puede pasar por un contrato.

Puede llegar a una empresa.

Pero nunca deja de ser dinero de los ciudadanos.

Y los ciudadanos tienen derecho a saber quién lo recibió.

Continuará.

Compartir:

¿Es caro o barato el árbitro electoral?


Radiografía del OPLE Veracruz

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Después de cuatro entregas, ya sabemos algo que parecía sencillo pero que no lo es tanto: hablar del presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz como una sola cifra puede llevarnos a conclusiones equivocadas.

Una parte corresponde a la operación institucional.

Otra a la organización de los procesos electorales.

Y otra, muy importante, al financiamiento público de los partidos políticos.

Ahora toca dar un paso más.

Porque saber cuánto gasta Veracruz no es suficiente.

La verdadera pregunta es:

¿Cómo se compara ese gasto con el de otros estados?

Aquí comienza una comparación que debe hacerse con cuidado. No tendría sentido enfrentar, por ejemplo, el presupuesto de un organismo electoral de una entidad pequeña con el de Veracruz sin considerar población, padrón electoral, número de municipios, cargos en disputa y tipo de elección.

Sería como comparar el presupuesto de un hospital rural con el de un centro médico nacional y concluir que uno es más caro simplemente porque tiene más empleados.

En materia electoral ocurre algo parecido.

Veracruz tiene una dimensión electoral considerable

Veracruz es una de las entidades con mayor población del país y cuenta con un padrón electoral de varios millones de ciudadanos.

Además, tiene 212 municipios, lo que representa una estructura territorial considerable para cualquier elección local.

Eso tiene consecuencias presupuestales.

Organizar una elección municipal en Veracruz no significa instalar solamente unas cuantas oficinas en la capital.

Implica desplegar infraestructura electoral en cientos de municipios, contratar y capacitar personal, distribuir documentación, instalar consejos, trasladar materiales, operar sistemas y coordinar una estructura que debe funcionar prácticamente en todo el territorio estatal.

Por eso sería injusto afirmar, solamente a partir del monto global, que el OPLE Veracruz es caro.

Pero también sería un error utilizar el tamaño de Veracruz como explicación automática para cualquier nivel de gasto.

La comparación debe hacerse con números.

El tamaño importa, pero no lo explica todo

El propio OPLE está obligado a reportar periódicamente su información financiera y presupuestal conforme a las disposiciones de contabilidad gubernamental y fiscalización. Sus informes permiten conocer el presupuesto aprobado, modificado, devengado y pagado.

Ese nivel de información nos permite construir indicadores mucho más útiles que el simple monto total.

Por ejemplo:

Presupuesto por elector.

Presupuesto por municipio.

Presupuesto operativo por elector.

Costo del proceso electoral por ciudadano.

Financiamiento público por elector.

Y, eventualmente:

Costo por voto emitido.

Estos indicadores permiten comparar entidades de tamaños diferentes.

El problema de las comparaciones fáciles

Hay una tentación muy común en el análisis político: tomar el presupuesto de un organismo y compararlo con el de otro.

Si Veracruz tiene 665 millones y otro estado tiene 400 millones, pareciera evidente que Veracruz gasta más.

Pero esa comparación no dice prácticamente nada.

Lo importante sería saber cuántos electores tiene cada entidad, cuántos municipios administra electoralmente, qué elección está organizando, cuántos cargos están en disputa y cuánto de ese presupuesto corresponde a prerrogativas partidistas.

Sólo entonces podemos empezar a hablar de eficiencia.

Porque una cosa es gastar más.

Y otra muy distinta es gastar más por cada ciudadano atendido o por cada proceso organizado.

2026 ofrece una oportunidad excepcional

El ejercicio 2026 resulta particularmente interesante porque el presupuesto del OPLE Veracruz descendió considerablemente respecto de 2025.

El presupuesto aprobado quedó en 665 millones 731 mil 84 pesos.

Posteriormente, el organismo redistribuyó los recursos y ajustó diversas partidas.

En esa redistribución quedaron alrededor de 250.37 millones de pesos para servicios personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para servicios generales, además de 264.04 millones para prerrogativas de los partidos políticos.

El propio OPLE informó que el ajuste significó reducciones cercanas al 50 por ciento en 104 partidas.

Este dato merece especial atención.

Porque si una institución puede ajustar de manera tan significativa una cantidad importante de partidas y continuar funcionando, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió.

¿Se trataba de gastos estrictamente necesarios que ahora tendrán que reducirse?

¿Eran previsiones que finalmente no se utilizarán?

¿O durante los años electorales existen gastos que, aunque legales, podrían revisarse con criterios de mayor austeridad?

No afirmamos una respuesta.

La estamos buscando.

La comparación que realmente importa

Por eso, en Bitácora Política proponemos cambiar la pregunta.

No queremos saber simplemente:

¿Qué OPLE gasta más?

Queremos saber:

¿Qué OPLE obtiene mejores resultados con los recursos que recibe?

Y para eso tendremos que comparar variables homogéneas.

Presupuesto aprobado.

Presupuesto ejercido.

Padrón electoral.

Lista nominal.

Número de municipios.

Número de cargos.

Participación ciudadana.

Gasto operativo.

Prerrogativas.

Y, cuando sea posible, costo efectivo de cada proceso electoral.

Sólo entonces podremos determinar si Veracruz se encuentra dentro de un rango razonable o si existen diferencias que merecen explicación.

La democracia también necesita eficiencia

Hay algo que no debe perderse de vista.

La austeridad no significa debilitar las instituciones electorales.

Un organismo electoral sin recursos suficientes tampoco puede garantizar elecciones confiables.

La democracia necesita árbitros fuertes, profesionales e independientes.

Pero independencia no significa ausencia de controles.

Y autonomía tampoco significa que el dinero público pueda gastarse sin que nadie pregunte.

El OPLE tiene una responsabilidad doble.

Por un lado, garantizar elecciones confiables.

Por otro, demostrar que los recursos que recibe se utilizan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La propia estructura institucional contempla mecanismos de fiscalización y control interno para verificar el ejercicio del gasto y el cumplimiento de las normas aplicables.

Por eso, pedir cuentas no significa estar contra el OPLE.

Significa tomar en serio su función.

La pregunta queda abierta

Después de cinco entregas, nuestra investigación ha llegado a un punto interesante.

Ya sabemos que el presupuesto cambia radicalmente según el calendario electoral.

Ya sabemos que una parte importante de los recursos corresponde a los partidos.

Ya sabemos que el gasto operativo puede aumentar considerablemente durante los procesos electorales.

Y ahora sabemos que no basta comparar cifras absolutas.

Hay que medirlas contra resultados.

Por eso la última entrega de esta primera serie será quizá la más importante.

No hablaremos solamente de cuánto cuesta la democracia.

Hablaremos de qué obtenemos a cambio de ese dinero.

Porque la pregunta final no es si el OPLE Veracruz gasta mucho o poco.

La pregunta verdadera es mucho más incómoda:

¿Cada peso que gastamos en democracia produce la democracia que los ciudadanos merecen?

Esa respuesta no la puede proporcionar un discurso institucional.

Tendrán que proporcionarla los números.

Continuará.

Compartir:

¿Es caro o barato el árbitro electoral?


Radiografía del OPLE Veracruz

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Después de cuatro entregas, ya sabemos algo que parecía sencillo pero que no lo es tanto: hablar del presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz como una sola cifra puede llevarnos a conclusiones equivocadas.

Una parte corresponde a la operación institucional.

Otra a la organización de los procesos electorales.

Y otra, muy importante, al financiamiento público de los partidos políticos.

Ahora toca dar un paso más.

Porque saber cuánto gasta Veracruz no es suficiente.

La verdadera pregunta es:

¿Cómo se compara ese gasto con el de otros estados?

Aquí comienza una comparación que debe hacerse con cuidado. No tendría sentido enfrentar, por ejemplo, el presupuesto de un organismo electoral de una entidad pequeña con el de Veracruz sin considerar población, padrón electoral, número de municipios, cargos en disputa y tipo de elección.

Sería como comparar el presupuesto de un hospital rural con el de un centro médico nacional y concluir que uno es más caro simplemente porque tiene más empleados.

En materia electoral ocurre algo parecido.

Veracruz tiene una dimensión electoral considerable

Veracruz es una de las entidades con mayor población del país y cuenta con un padrón electoral de varios millones de ciudadanos.

Además, tiene 212 municipios, lo que representa una estructura territorial considerable para cualquier elección local.

Eso tiene consecuencias presupuestales.

Organizar una elección municipal en Veracruz no significa instalar solamente unas cuantas oficinas en la capital.

Implica desplegar infraestructura electoral en cientos de municipios, contratar y capacitar personal, distribuir documentación, instalar consejos, trasladar materiales, operar sistemas y coordinar una estructura que debe funcionar prácticamente en todo el territorio estatal.

Por eso sería injusto afirmar, solamente a partir del monto global, que el OPLE Veracruz es caro.

Pero también sería un error utilizar el tamaño de Veracruz como explicación automática para cualquier nivel de gasto.

La comparación debe hacerse con números.

El tamaño importa, pero no lo explica todo

El propio OPLE está obligado a reportar periódicamente su información financiera y presupuestal conforme a las disposiciones de contabilidad gubernamental y fiscalización. Sus informes permiten conocer el presupuesto aprobado, modificado, devengado y pagado.

Ese nivel de información nos permite construir indicadores mucho más útiles que el simple monto total.

Por ejemplo:

Presupuesto por elector.

Presupuesto por municipio.

Presupuesto operativo por elector.

Costo del proceso electoral por ciudadano.

Financiamiento público por elector.

Y, eventualmente:

Costo por voto emitido.

Estos indicadores permiten comparar entidades de tamaños diferentes.

El problema de las comparaciones fáciles

Hay una tentación muy común en el análisis político: tomar el presupuesto de un organismo y compararlo con el de otro.

Si Veracruz tiene 665 millones y otro estado tiene 400 millones, pareciera evidente que Veracruz gasta más.

Pero esa comparación no dice prácticamente nada.

Lo importante sería saber cuántos electores tiene cada entidad, cuántos municipios administra electoralmente, qué elección está organizando, cuántos cargos están en disputa y cuánto de ese presupuesto corresponde a prerrogativas partidistas.

Sólo entonces podemos empezar a hablar de eficiencia.

Porque una cosa es gastar más.

Y otra muy distinta es gastar más por cada ciudadano atendido o por cada proceso organizado.

2026 ofrece una oportunidad excepcional

El ejercicio 2026 resulta particularmente interesante porque el presupuesto del OPLE Veracruz descendió considerablemente respecto de 2025.

El presupuesto aprobado quedó en 665 millones 731 mil 84 pesos.

Posteriormente, el organismo redistribuyó los recursos y ajustó diversas partidas.

En esa redistribución quedaron alrededor de 250.37 millones de pesos para servicios personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para servicios generales, además de 264.04 millones para prerrogativas de los partidos políticos.

El propio OPLE informó que el ajuste significó reducciones cercanas al 50 por ciento en 104 partidas.

Este dato merece especial atención.

Porque si una institución puede ajustar de manera tan significativa una cantidad importante de partidas y continuar funcionando, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió.

¿Se trataba de gastos estrictamente necesarios que ahora tendrán que reducirse?

¿Eran previsiones que finalmente no se utilizarán?

¿O durante los años electorales existen gastos que, aunque legales, podrían revisarse con criterios de mayor austeridad?

No afirmamos una respuesta.

La estamos buscando.

La comparación que realmente importa

Por eso, en Bitácora Política proponemos cambiar la pregunta.

No queremos saber simplemente:

¿Qué OPLE gasta más?

Queremos saber:

¿Qué OPLE obtiene mejores resultados con los recursos que recibe?

Y para eso tendremos que comparar variables homogéneas.

Presupuesto aprobado.

Presupuesto ejercido.

Padrón electoral.

Lista nominal.

Número de municipios.

Número de cargos.

Participación ciudadana.

Gasto operativo.

Prerrogativas.

Y, cuando sea posible, costo efectivo de cada proceso electoral.

Sólo entonces podremos determinar si Veracruz se encuentra dentro de un rango razonable o si existen diferencias que merecen explicación.

La democracia también necesita eficiencia

Hay algo que no debe perderse de vista.

La austeridad no significa debilitar las instituciones electorales.

Un organismo electoral sin recursos suficientes tampoco puede garantizar elecciones confiables.

La democracia necesita árbitros fuertes, profesionales e independientes.

Pero independencia no significa ausencia de controles.

Y autonomía tampoco significa que el dinero público pueda gastarse sin que nadie pregunte.

El OPLE tiene una responsabilidad doble.

Por un lado, garantizar elecciones confiables.

Por otro, demostrar que los recursos que recibe se utilizan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La propia estructura institucional contempla mecanismos de fiscalización y control interno para verificar el ejercicio del gasto y el cumplimiento de las normas aplicables.

Por eso, pedir cuentas no significa estar contra el OPLE.

Significa tomar en serio su función.

La pregunta queda abierta

Después de cinco entregas, nuestra investigación ha llegado a un punto interesante.

Ya sabemos que el presupuesto cambia radicalmente según el calendario electoral.

Ya sabemos que una parte importante de los recursos corresponde a los partidos.

Ya sabemos que el gasto operativo puede aumentar considerablemente durante los procesos electorales.

Y ahora sabemos que no basta comparar cifras absolutas.

Hay que medirlas contra resultados.

Por eso la última entrega de esta primera serie será quizá la más importante.

No hablaremos solamente de cuánto cuesta la democracia.

Hablaremos de qué obtenemos a cambio de ese dinero.

Porque la pregunta final no es si el OPLE Veracruz gasta mucho o poco.

La pregunta verdadera es mucho más incómoda:

¿Cada peso que gastamos en democracia produce la democracia que los ciudadanos merecen?

Esa respuesta no la puede proporcionar un discurso institucional.

Tendrán que proporcionarla los números.

Continuará.

Compartir:

Radiografía del OPLE Veracruz

 


* ¿En qué se gasta el dinero?

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En la primera entrega de esta serie pusimos los números generales sobre la mesa: el Organismo Público Local Electoral de Veracruz maneja cientos de millones de pesos cada año y su presupuesto cambia considerablemente de acuerdo con el calendario electoral.

Pero conocer cuánto dinero recibe el OPLE es apenas la mitad de la historia.

La verdadera pregunta comienza después:

¿En qué se gasta?

Porque cuando se habla del presupuesto de un organismo electoral, fácilmente se puede caer en una confusión: pensar que todo el dinero corresponde a oficinas, salarios, vehículos, viáticos y operación administrativa.

No es así.

Una parte considerable corresponde al financiamiento público de los partidos políticos y otra se destina a organizar los procesos electorales. Por eso resulta indispensable separar las bolsas y mirar cada capítulo de gasto.

Y cuando se hace, aparecen datos que merecen una revisión mucho más detallada.

En 2024, por ejemplo, el presupuesto autorizado del OPLE contempló cuatro grandes capítulos: 327.14 millones de pesos para servicios personales; 150.96 millones para materiales y suministros; 486.42 millones para servicios generales, y 285.87 millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. La suma fue de 1,250.4 millones de pesos.

Pero hay una diferencia importante entre presupuestar y ejercer.

El informe correspondiente al cierre de 2024 muestra que solamente en materiales y suministros el gasto acumulado llegó a 243.67 millones de pesos. De esa cantidad, 220.29 millones correspondieron a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; 12.72 millones a alimentos y utensilios; 4.84 millones a materiales y artículos de construcción; 4.30 millones a combustibles, lubricantes y aditivos, además de otros conceptos.

Aquí aparece una primera llamada de atención periodística.

Los documentos presupuestales nos muestran que no basta con mirar el monto global de un capítulo. Hay que bajar hasta el concepto específico.

Porque decir que el OPLE gastó determinada cantidad en “materiales y suministros” dice muy poco.

Lo verdaderamente revelador es saber qué materiales, para qué actividad, mediante qué procedimiento de contratación y con qué proveedor fueron adquiridos.

Y ahí comienza una investigación que todavía tenemos pendiente.

2025: el año de la elección municipal

En 2025 el escenario cambió sustancialmente.

El presupuesto autorizado fue de 1,400 millones de pesos. De acuerdo con el informe financiero del OPLE, la distribución inicial contempló 365.96 millones para servicios personales, 330.47 millones para materiales y suministros, 416.71 millones para servicios generales y 285.87 millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Es particularmente interesante observar el salto en materiales y suministros.

De los 150.96 millones presupuestados en el documento de referencia de 2024, el capítulo llegó a 330.47 millones en el presupuesto autorizado de 2025.

¿Por qué?

La respuesta tiene una explicación evidente: 2025 fue año de elección de los ayuntamientos de Veracruz y eso implica una enorme cantidad de documentación electoral, materiales, logística y operación.

Pero que exista una explicación lógica no significa que debamos dejar de preguntar.

Al contrario.

Una elección puede justificar un mayor gasto; no justifica automáticamente cualquier gasto.

Ésa debe ser la regla.

En el mismo presupuesto de 2025, los servicios generales representaron 416.71 millones de pesos, mientras que los servicios personales alcanzaron 365.96 millones.

Por eso resulta necesario abrir esos dos grandes capítulos.

¿Qué hay dentro de los servicios generales?

Arrendamientos, servicios profesionales, mantenimiento, servicios básicos, comunicación, traslado y viáticos, entre muchos otros conceptos.

¿Y dentro de servicios personales?

Sueldos, compensaciones, prestaciones y demás remuneraciones.

La suma de ambos representa una cantidad suficientemente importante como para que la ciudadanía conozca con precisión cómo se integra.

2026: el presupuesto se aprieta

El panorama cambió nuevamente para 2026.

El OPLE había planteado originalmente un presupuesto de 734.48 millones de pesos, incluyendo 258.80 millones para servicios personales, 166.32 millones para servicios generales, 45.45 millones para materiales y suministros y 263.91 millones para prerrogativas de los partidos políticos.

Pero el presupuesto finalmente quedó en 665.73 millones de pesos.

Y posteriormente el propio organismo aprobó una redistribución.

El ajuste dejó 250.37 millones de pesos para servicios personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para servicios generales. Además, se contemplaron 264.04 millones para prerrogativas a partidos políticos.

La diferencia no es menor.

El propio OPLE informó que la redistribución implicó una reducción cercana al 50 por ciento en 104 partidas correspondientes a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Y aquí aparece una de las preguntas más interesantes de toda nuestra investigación:

Si en 2026 se puede operar con una reducción tan importante en más de un centenar de partidas, ¿qué explica que esas mismas partidas hayan requerido cantidades sustancialmente mayores en ejercicios anteriores?.

No estamos afirmando que exista un gasto indebido.

Estamos haciendo una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a formular.

Porque el presupuesto público no pertenece al organismo que lo administra.

Pertenece a los ciudadanos.

El dinero de los partidos es otra historia

Hay otro punto que debemos separar desde ahora.

Las prerrogativas de los partidos políticos aparecen dentro del presupuesto del OPLE, pero no son recursos que el organismo pueda disponer libremente para su propia operación.

En 2026 se destinaron 264.04 millones de pesos a prerrogativas de partidos políticos, equivalentes al 39.66 por ciento del presupuesto redistribuido.

Eso significa que casi cuatro de cada diez pesos del presupuesto de ese ejercicio tienen un destino específico relacionado con el financiamiento político.

Por eso, cuando alguien afirma que “el OPLE cuesta 665 millones de pesos”, la afirmación necesita una precisión.

Una parte importante de ese dinero no se queda en el OPLE.

Se transfiere a los partidos políticos conforme a las reglas de financiamiento público.

Y esa distinción será precisamente el tema de nuestra siguiente entrega.

La pregunta incómoda

Después de revisar estas cifras, queda claro que hablar simplemente de “el presupuesto del OPLE” resulta insuficiente.

Hay que hablar de:

lo que cuesta mantener al organismo;

lo que cuesta organizar una elección;

lo que se entrega a los partidos;

y lo que se compra con recursos públicos.

Cada una de esas bolsas merece una investigación diferente.

Y hay algo más.

Los documentos oficiales nos permiten saber cuánto se presupuestó y cuánto se ejerció, pero todavía tenemos que ir más abajo: contrato por contrato, proveedor por proveedor y partida por partida.

Ahí puede estar la verdadera historia.

Porque una democracia necesita elecciones.

Pero también necesita transparencia.

Y cuando se trata de dinero público, preguntar “¿en qué se gastó?” no es atacar a la democracia.

Es precisamente ejercerla.

Continuará...

Compartir:

Festival del Mar: 125 mil razones para mirar hacia el mar


 Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay ocasiones en que los números hablan por sí solos y hasta al más escéptico le cuesta trabajo discutir con ellos.

El Festival del Mar 2026 acaba de dejar en Coatzacoalcos una cifra que merece ser tomada en serio: 125 mil asistentes durante sus tres días de actividades, una derrama económica estimada en 48.5 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75 por ciento.

No es poca cosa.

Y mucho menos para una ciudad que durante años ha buscado recuperar su dinamismo económico, turístico y cultural.

Porque detrás de las luces, los escenarios y los artistas hay algo que a veces se pierde en la discusión política: la actividad económica que genera una ciudad cuando logra atraer visitantes.

Del 7 al 9 de agosto, Coatzacoalcos recibió a miles de familias y visitantes que acudieron a disfrutar de una cartelera que reunió a Nicho Hinojosa y Manuel Turizo; al tenor veracruzano Javier Camarena y Natalia Jiménez; y a Las Tres Grandes.

Y aunque el atractivo artístico fue evidente, el verdadero resultado no estuvo solamente arriba del escenario.

Estuvo en los hoteles.

En los restaurantes.

En los comercios.

En los taxis.

En los vendedores.

En los pequeños negocios.

En quienes encontraron durante esos días una oportunidad adicional para obtener ingresos.

De acuerdo con los datos reportados, alrededor de 250 negocios, entre hoteles, comercios establecidos y vendedores instalados durante el festival, participaron en esta dinámica económica.

Ahí está una de las razones por las que vale la pena defender la realización de acontecimientos de esta naturaleza.

Porque un festival no debe medirse únicamente por cuántas personas estuvieron frente al escenario.

También debe medirse por cuánto movimiento genera alrededor del escenario.

Y en este caso, la cifra estimada es de 48 millones 500 mil pesos de derrama económica.

Claro que habrá quienes inmediatamente pregunten cuánto costó organizar el festival.

Y hacen bien.

La transparencia y la rendición de cuentas nunca deben estar peleadas con la promoción cultural o turística.

Todo recurso público debe ser transparente.

Pero tampoco podemos caer en el extremo de considerar que todo gasto en cultura, turismo o entretenimiento es automáticamente un desperdicio.

Una ciudad también necesita invertir en su identidad.

Necesita generar acontecimientos.

Necesita atraer visitantes.

Necesita ofrecer espacios de convivencia.

Y necesita construir una imagen diferente a la que durante años ha prevalecido sobre ella.

Coatzacoalcos no puede vivir solamente de recordar lo que alguna vez fue.

Tiene que construir lo que quiere ser.

Por eso resulta significativo que el presidente municipal haya planteado como objetivo regresar a Coatzacoalcos al liderazgo regional, utilizando actividades culturales y musicales que fortalezcan la convivencia y generen beneficios para los sectores productivos.

Ese liderazgo no se recupera solamente con discursos.

Se recupera haciendo que la gente venga.

Que se quede.

Que consuma.

Que conozca la ciudad.

Que hable bien de ella.

Y que tenga motivos para regresar.

El dato de la ocupación hotelera del 75 por ciento también merece atención.

Porque cada habitación ocupada representa visitantes que comen, se transportan, compran y utilizan servicios.

Eso es economía local.

Eso es turismo.

Eso es circulación de dinero en la ciudad.

Y por eso el Festival del Mar puede ser visto como algo más que una cartelera de conciertos.

Puede convertirse en una estrategia de promoción de Coatzacoalcos.

Claro, todavía hay mucho por hacer.

El verdadero reto será que estos 125 mil visitantes no representen solamente una fotografía de tres días.

El desafío consiste en convertir el Festival del Mar en una tradición.

En una marca.

En un acontecimiento esperado cada año.

En un motivo para que visitantes de otras partes de Veracruz y del país incorporen a Coatzacoalcos dentro de sus destinos.

Y para eso habrá que mejorar cada edición.

Medir resultados.

Transparentar costos.

Conocer con precisión la derrama económica.

Evaluar la ocupación hotelera.

Medir el beneficio para comerciantes y prestadores de servicios.

Y escuchar también a los ciudadanos.

Porque un festival exitoso no es solamente aquel que llena una plaza.

Es aquel que deja beneficios en la ciudad y consigue que la gente quiera volver.

Incluso el mal tiempo terminó poniendo a prueba la capacidad de organización.

La presentación de La Arrolladora Banda El Limón tuvo que ser reprogramada por las condiciones climatológicas, y la agrupación decidió permanecer para ofrecer el concierto de cierre.

También eso habla de algo que no siempre aparece en las estadísticas: la voluntad de mantener vivo el encuentro con la gente.

Desde luego, nadie pretende que un festival resuelva por sí solo los problemas económicos de Coatzacoalcos.

Sería absurdo.

Pero tampoco sería sensato despreciar una actividad que, según los datos reportados, movilizó a 125 mil personas y generó una derrama estimada de 48.5 millones de pesos.

Coatzacoalcos necesita empleo.

Necesita inversión.

Necesita turismo.

Necesita cultura.

Necesita espacios de convivencia.

Y necesita recuperar el orgullo de ser una ciudad que tiene mucho que ofrecer.

Por eso, bienvenido el Festival del Mar.

Que se consolide.

Que crezca.

Que se profesionalice.

Que cada año genere mayores beneficios.

Y, sobre todo, que Coatzacoalcos vuelva a mirar hacia el mar.

Porque quizá una parte de su futuro no esté en olvidar su pasado, sino precisamente en recuperar aquello que siempre ha estado frente a sus ojos: el mar como identidad, como atractivo y también como oportunidad.

125 mil asistentes no son solamente una cifra.

Son 125 mil razones para pensar que Coatzacoalcos puede volver a ser protagonista.

Y los 48.5 millones de pesos de derrama económica son una razón adicional para que el Festival del Mar no sea visto como un gasto más, sino como una inversión que debe ser evaluada, transparentada y, si los resultados se mantienen, fortalecida.

Compartir:

¿Cuánto cuesta la democracia… y quién vigila ese gasto?


Por Miguel Ángel Cristiani

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 36 mil 114 millones de pesos para financiar su operación ordinaria, el proceso electoral federal y local de 2027 y una eventual consulta popular. La cifra, por sí sola, ha encendido el debate nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en expresar su desacuerdo. Consideró exagerada la propuesta al recordar que la elección presidencial de 2024, con la renovación del Congreso de la Unión y la elección de la titular del Poder Ejecutivo Federal, costó considerablemente menos. Su argumento es sencillo: si el proceso de 2027 es similar, el incremento debería corresponder únicamente a la inflación acumulada y no representar un aumento de alrededor de 15 mil millones de pesos.

Más allá del inevitable choque entre el Ejecutivo y el árbitro electoral, la discusión de fondo pertenece a los ciudadanos, que son quienes finalmente financian ambos presupuestos.

La pregunta no es si la democracia cuesta. Claro que cuesta. Organizar elecciones confiables, instalar casillas, capacitar funcionarios, producir documentación electoral y garantizar certeza jurídica tiene un precio. Lo verdaderamente importante es determinar si cada peso solicitado está plenamente justificado.

Y es precisamente ahí donde el debate apenas comienza.

Mientras el INE ya puso sobre la mesa su petición presupuestal, en Veracruz todavía no se conoce públicamente cuál será el monto que solicitará el Organismo Público Local Electoral para organizar los comicios concurrentes de 2027. Lo lógico sería que ese proyecto se presente con el mismo nivel de detalle y apertura, explicando cuánto se destinará a la organización electoral y cuánto al funcionamiento administrativo del organismo.

También sería pertinente conocer cuánto se ejercerá en campañas de comunicación social. En meses recientes, el OPLE destinó recursos para difundir la convocatoria y posteriormente los resultados de una consulta dirigida a niñas, niños y adolescentes, ejercicio que sin duda tiene un propósito formativo, pero cuya relación costo-beneficio merece ser evaluada por la ciudadanía. La pregunta no es si esas actividades deben realizarse, sino si el gasto destinado a ellas es proporcional y prioritario frente a las responsabilidades esenciales del organismo.

La exigencia de transparencia no puede dirigirse únicamente a los gobiernos. Los organismos constitucionales autónomos administran recursos públicos y, por esa razón, también deben explicar con claridad cómo y por qué los ejercen.

En 2025, el propio OPLE aprobó un proyecto de presupuesto para 2026 que contemplaba recursos para el fortalecimiento institucional, el proceso electoral, prerrogativas a partidos políticos y la elección judicial; posteriormente realizó ajustes para adecuarlo a las necesidades del ejercicio fiscal.

La sociedad no espera elecciones más baratas a costa de su credibilidad. Lo que exige son elecciones eficientes, instituciones sobrias y administraciones responsables.

Porque la democracia no se mide únicamente por la limpieza de las urnas.

También se mide por la limpieza con que se administra el dinero de los ciudadanos.

Y si el INE debe explicar por qué necesita 36 mil millones de pesos, el OPLE Veracruz también tendrá que responder, con la misma transparencia, cuánto costará organizar las elecciones en el estado y en qué piensa gastar cada peso.

La confianza en las instituciones electorales no solo se construye contando votos. También se fortalece cuando quienes administran recursos públicos aceptan que la rendición de cuentas es parte inseparable de la democracia que están llamados a proteger.

Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:

"¿La democracia se fortalece con más presupuesto... o con más confianza ciudadana en quienes administran ese presupuesto?"

Compartir:

El incendio se apagó… la deuda con la población sigue ardiendo


Por Miguel Ángel Cristiani

Después de casi cinco meses de combate ininterrumpido, finalmente fue sofocado el incendio del pozo Krem-1, cuyo violento estallido ocurrido el pasado 5 de marzo mantuvo en vilo a comunidades enteras del sur de Veracruz y puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de Petróleos Mexicanos.

La noticia fue recibida con alivio. Era imposible no celebrar el fin de un siniestro que durante casi 150 días representó un riesgo permanente para trabajadores, habitantes de la región y el medio ambiente.

Pero una vez apagadas las llamas comienza la parte más difícil de esta historia.

Porque extinguir un incendio no significa extinguir sus consecuencias.

Como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país, el interés público parece desvanecerse al mismo ritmo que desaparecen las imágenes espectaculares de la televisión. Mientras hubo fuego, humo y explosiones, el tema ocupó espacios informativos. Hoy que el incendio ha sido controlado, pareciera que el problema quedó resuelto.

Nada más alejado de la realidad.

La verdadera emergencia apenas empieza.

Miles de habitantes de la zona tienen derecho a saber cuál es el estado real de los suelos, de los cuerpos de agua y de la calidad del aire después de meses de combustión continua. Los productores agrícolas y ganaderos necesitan conocer el impacto que pudo haber tenido este desastre sobre sus actividades y sobre el patrimonio que sostiene a sus familias.

No basta con anunciar que el pozo dejó de arder.

Ahora corresponde explicar qué sigue.

¿Existe ya un diagnóstico ambiental integral?

¿Quién realizará el monitoreo permanente de la zona?

¿Qué instituciones federales y estatales supervisarán los trabajos de remediación?

¿Qué papel asumirán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente?

Y la pregunta que más interesa a los habitantes de la región: ¿quién responderá por los daños ocasionados?

No se trata únicamente de responsabilidades legales. Se trata de un compromiso ético con miles de familias que durante meses convivieron con humo, incertidumbre y preocupación.

En México existe una vieja costumbre gubernamental: atender con rapidez la emergencia visible y olvidar sus consecuencias cuando disminuye la presión mediática.

Ocurrió con huracanes, inundaciones, incendios forestales y derrames industriales. Se instalan mesas de crisis, llegan funcionarios, se anuncian acciones inmediatas y, conforme pasan las semanas, el tema desaparece de la conversación pública.

Los afectados, en cambio, permanecen.

Veracruz no puede permitirse repetir esa historia.

El caso del pozo Krem-1 debe convertirse en un precedente sobre cómo enfrentar integralmente un desastre ambiental. No basta con controlar el fuego; es indispensable restaurar el entorno, evaluar científicamente los daños, transparentar los resultados y garantizar que las comunidades reciban información clara y oportuna.

La sociedad no necesita boletines triunfalistas. Necesita certezas.

Porque el éxito de una operación no debe medirse únicamente por haber sofocado las llamas, sino por la capacidad del Estado para reparar el daño, proteger a la población y evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

Las imágenes del incendio ya forman parte de la historia.

Ahora comienza la etapa que realmente pondrá a prueba a las instituciones.

Si el incendio ya fue extinguido, ¿cuándo conocerán los veracruzanos el verdadero alcance del daño ambiental y quién asumirá, con nombres y apellidos, la responsabilidad de repararlo?

Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:

"¿Será que el humo también se llevó las responsabilidades, o esas siguen enterradas junto al pozo?"

Compartir:

Censo de periodistas: entre el reconocimiento y la incertidumbre


Por Miguel Angel Cristiani

La propuesta de realizar un censo de periodistas en Veracruz ha abierto un debate que va mucho más allá de elaborar una simple lista de nombres. En realidad, la discusión toca uno de los temas más sensibles para cualquier sociedad democrática: la relación entre el Estado y la libertad de expresión.

En principio, la idea puede parecer positiva.

Conocer cuántos periodistas ejercen realmente la profesión, en qué condiciones laborales se desempeñan, cuáles son sus necesidades de capacitación, seguridad social o protección personal, podría convertirse en una herramienta útil para diseñar políticas públicas que fortalezcan el ejercicio periodístico.

Nadie puede oponerse a que un gobierno conozca mejor la realidad de un gremio para atender sus necesidades.

El problema comienza cuando aparecen las preguntas que todavía no tienen respuesta.

¿Quién organizará ese censo?

¿Con qué fundamento jurídico?

¿Será voluntario o tendrá algún carácter obligatorio?

¿Quién resguardará la información obtenida?

¿Qué uso se dará a los datos personales de quienes decidan participar?

Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿quién determinará quién es periodista y quién no?

Porque el periodismo no se ejerce mediante una patente, una licencia o una credencial expedida por el gobierno. Tampoco puede reducirse a una definición burocrática.

Existen periodistas con décadas de trayectoria que nunca cursaron una carrera universitaria, así como profesionistas titulados que jamás han redactado una nota informativa. Hay quienes trabajan en empresas de comunicación, quienes colaboran de manera independiente, quienes publican en medios digitales y quienes ejercen desde comunidades donde el periodismo sigue siendo un acto de compromiso más que una fuente de ingresos.

La diversidad del gremio hace prácticamente imposible encerrar su realidad en una sola definición administrativa.

Por ello, cualquier ejercicio de esta naturaleza debe construirse con absoluta transparencia y, sobre todo, con la participación de las organizaciones representativas del periodismo, de las universidades, de los especialistas en comunicación y de los propios periodistas.

Un censo no puede convertirse en un mecanismo para otorgar certificados de autenticidad periodística.

Tampoco debe utilizarse para establecer categorías entre quienes son considerados periodistas "oficiales" y quienes, por alguna razón, queden fuera de un padrón.

Si el propósito es fortalecer al gremio, el camino debe ser la inclusión y no la exclusión.

También es indispensable garantizar la protección de los datos personales. En un país donde ejercer el periodismo sigue representando riesgos, la información sobre identidad, domicilio, lugar de trabajo o cobertura informativa debe manejarse con los más altos estándares de confidencialidad.

La confianza será el principal requisito para el éxito o el fracaso de cualquier censo.

El periodismo veracruzano necesita reconocimiento, capacitación, mejores condiciones laborales y mecanismos eficaces de protección. En eso difícilmente habrá desacuerdos.

Lo que sí merece una amplia discusión es el instrumento que se utilizará para alcanzar esos objetivos.

Porque las mejores políticas públicas no son aquellas que nacen de una buena intención, sino las que logran generar confianza entre quienes serán sus destinatarios.

Si el censo pretende convertirse en una herramienta para fortalecer la libertad de expresión, contará con el respaldo de muchos.

Pero si deja espacio para la duda, la discrecionalidad o la posibilidad de convertirse en un mecanismo de control, difícilmente logrará la legitimidad que requiere.

La diferencia entre un instrumento de apoyo y uno de vigilancia no siempre está en el discurso con que se presenta, sino en las garantías jurídicas y democráticas que lo acompañan.

Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:

"Si para proteger a los periodistas primero hay que hacer un censo, ¿quién hará el censo de las autoridades para saber cuántas cumplen realmente con la obligación de garantizar la libertad de expresión?"

Compartir:

Copyright © Variedades | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com